Evaluar a los docentes

DEBE considerarse como un paso positivo la iniciativa del ministro de Educación de evaluar periódicamente el conocimiento y la capacidad docente de los maestros, ligando los resultados a sus niveles salariales. Esta medida es coherente con el propósito de mejorar la calidad educativa y debería ser apoyada por los gobiernos provinciales, que son los responsables directos de la enseñanza primaria y secundaria. Hay que entenderla, por consiguiente, como el tránsito a una reforma integral que promueva la excelencia educativa.

La descentralización administrativa al nivel de cada escuela será seguramente uno de los instrumentos de esa reforma integral. Si a partir de allí se pudiera alcanzar un mayor grado de competencia entre escuelas, la evaluación docente constituiría un procedimiento habitual impulsado por la necesidad de ofrecer un mejor servicio educativo. En tanto no se pueda avanzar en una reforma de ese tipo, o aún admitiendo que difícilmente la competencia pueda lograrse fuera de las zonas urbanas de cierta importancia, la iniciativa oficial de la evaluación docente es un avance muy significativo.

La reacción negativa de los dirigentes gremiales ante la medida propuesta viene a corroborar que la ruidosa actuación que culminó con el levantamiento de la Carpa Blanca, persiguió principalmente intereses corporativos, más que un mayor beneficio de su tarea para la sociedad. Sin desconocer la necesidad de mejorar en general las remuneraciones docentes, no parece entendible que se resista el principio de reconocer una mayor remuneración a quien más se haya preparado y mejor contribuya al alumnado con sus conocimientos y su capacidad de transmitirlos. La igualación hacia abajo y la sola introducción de la antigüedad en la escala salarial constituyen una discriminación inversa, en la que por omisión se castiga el mérito y, lo peor, se perjudica la calidad de la enseñanza.

No es tampoco aceptable el rechazo de la iniciativa con el argumento de que previamente debe llevarse adelante un programa de capacitación. Se dice esto como si no existiera en absoluto capacitación docente, desconociendo la que resulta de la formación básica de la propia escuela normal o la que se alimenta en el esfuerzo diario mínimo de lectura de todo buen docente. Debe sin duda mejorarse la capacitación, por ejemplo, mediante una mejor asignación de los recursos presupuestarios que se liberen como resultado de aumentos en la eficiencia, pero esto no se opone a la evaluación. Antes bien, no podría programarse correctamente la capacitación y canalizársela adecuadamente a cada maestro si no se conocieran las deficiencias formativas que sólo pueden identificarse mediante evaluaciones sistemáticas.

Desde esta columna La Nación no puede sino aplaudir esta iniciativa y esperar que ella constituya el comienzo de acciones más profundas en el sector educativo. El futuro del país descansará sobre el éxito que se logre en mejorar el nivel de la educación de sus habitantes.

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