Dalmasso y Nisman: una Justicia que fabrica culpables

Hace veinte años el país se conmovió con un crimen atroz, el de Nora Dalmasso. Hoy nos enteramos de que los tres fiscales que investigaron el caso lo hicieron con una peligrosa mezcla de ligereza, prejuicios, arbitrariedad e insolvencia técnica. Por eso acaban de ser destituidos. Convirtieron aquel hecho espeluznante en algo todavía peor: una injusticia enorme y, a la vez, irreparable. ¿La destitución solo nos habla de tres fiscales o de un sistema estructuralmente permeable a las presiones públicas y la falta de profesionalismo? ¿Nos conmueve lo suficiente esta demostración de inoperancia y mala praxis judicial? Son apenas las primeras preguntas que insinúan la necesidad de un debate de fondo sobre la formación, la integridad y la calidad de los fiscales, tanto en la Nación como en las provincias.

En la misma semana que se decidió en Córdoba esa triple destitución, se dictó el procesamiento de la exfiscal del caso Nisman, Viviana Fein. Se le imputa nada menos que encubrimiento agravado, por haber actuado con extrema negligencia en la escena del hecho, al punto de comprometer toda la investigación de una de las muertes más impactantes e institucionalmente más graves que se hayan producido en la Argentina democrática.

Si conectamos esas dos noticias, nos encontramos frente a la presunción de que la Justicia está cada vez más degradada y que, en lugar de esclarecer las cosas, es capaz de distorsionar, “embarrar”, y adulterar procesos para proveer impunidad e injusticia: todo lo contrario de lo que se espera de ella.

Por supuesto que un fiscal o un juez pueden cometer errores, valorar mal una prueba o guiarse por indicios engañosos. El Derecho no es una ciencia exacta y el sistema judicial es operado por individuos de carne y hueso, expuestos, naturalmente, a la equivocación humana. Pero muchos casos que han quedado expuestos en los últimos años muestran que el accionar judicial excede el “margen de error” para exhibir un sistema que combina ideologización y prejuicio con falta de rigor técnico, formación profesional y elemental ecuanimidad jurídica. El resultado suele ser desgarrador: inocentes acusados sin pruebas ni fundamentos, como vimos en el caso Dalmasso; impunidad perpetua; manoseo de pruebas o condenas “para la tribuna”.

El caso Dalmasso condensa un perfecto manual de lo que no debe hacerse en la investigación de un femicidio: se condenó moralmente a la víctima; la familia no fue objeto de compasión sino de sospecha pública a partir de hipótesis y filtraciones que alimentó la propia Justicia. Se estimuló el “espectáculo” alrededor de un caso que exponía vidas privadas en un supuesto entramado de infidelidades y amantes que derivaba en un crimen de naturaleza sexual. Todo eso exacerbó la demanda social y el morbo mediático. Los fiscales, en lugar de resistir la presión, salieron a “fabricar” culpables y se olvidaron de buscar la verdad. No dudaron en formular acusaciones sin pruebas, y en medio de esa vorágine por satisfacer la expectativa pública, hasta se omitieron cotejos elementales de ADN, se descartaron pistas evidentes y se construyeron relatos para sostener imputaciones descabelladas.

Hoy, el hijo de la víctima, que soportó durante años una imputación injusta, recuerda algo desolador: la Justicia, ya desde un primer momento, había salido a “cazar” un culpable y metió preso a un pintor de brocha gorda que no tenía nada que ver. Eso provocó una reacción social contra la detención de “un perejil”. Se lo llamó “el perejilazo”. Esa persona fue inmediatamente liberada, y a partir de aquella movilización popular funcionó una tácita orden política en el contexto de un año electoral (2007): “El culpable no puede ser un obrero ni una persona de condición humilde; la gente no se lo cree”. La Justicia apuntó entonces contra la familia. Lo hizo sin pruebas, pero en sintonía con ese clima social en el que se amalgamaban el morbo, la ansiedad y los prejuicios.

Podría decirse, con optimismo, que el propio sistema se ha autodepurado y que los fiscales que actuaron con aquel nivel de arbitrariedad y alevosía han sido finalmente destituidos. Pero esa sanción llega veinte años tarde, cuando el caso está prescripto, el daño ya está consumado y los márgenes de reparación han quedado diluidos. La pregunta entonces es otra: ¿Qué los protegió durante dos décadas? ¿El corporativismo judicial, la falta de controles, la complicidad de una estructura en la que esos procedimientos son más habituales de lo que se cree?

Algo similar se ve en el caso Nisman, donde después de más de diez años se imputan responsabilidades porque la Justicia no cumplió, en la primera instancia, el protocolo más elemental: preservar la escena del hecho y recolectar todos los elementos probatorios que allí se encontraban. Pero si repasamos los casos penales más impactantes de las últimas décadas, advertimos que ese es un patrón que se repite: lo vimos alrededor del crimen de García Belsunce, cuya investigación fue un perfecto catálogo de amateurismo y chapucería procesal; en el atroz atentado de la AMIA, donde se destituyó a un juez por el pago ilegal a un testigo o en la desaparición de Loan, en Corrientes, donde un comisario fue imputado por encubrir y desviar la investigación. Cada una de esas causas -por mencionar solo algunas- han terminado enredadas en una maraña de contradicciones, pistas falsas, procedimientos adulterados y peritajes inconsistentes. Confirman que la inoperancia judicial no es una excepción, sino una constante. Detrás de esa realidad hay policías y fiscales que manipulan la información y las pruebas, que han perdido capacidad técnica, herramientas y formación profesional para investigar delitos de relativa complejidad.

La sociedad, mientras tanto, mira esta realidad con altas dosis de resignación y apatía. El sistema judicial en general se percibe como algo frío, lejano y árido; una especie de tecnicismo institucional, habitado por operadores anónimos. Como si todo formara parte de una burocracia que no incide en la vida concreta y en los problemas reales de los ciudadanos. Sin embargo, en ese sistema no solo se juega la suerte de casos de alto impacto, sino también los destinos de millones de personas que terminan en los tribunales por cuestiones de familia, conflictos laborales, accidentes de tránsito o denuncias vecinales. Hace poco vimos, en el caso del médico Pablo Ghisoni, lo que le puede pasar a un padre que es víctima de una falsa denuncia y queda atrapado en la telaraña de un sistema judicial donde los sesgos ideológicos tienen más peso que las pruebas.

El caso Dalmasso muestra, de algún modo, una especie de indiferencia cívica frente a la degradación judicial: nos conmocionó el crimen atroz, pero no la negligencia extrema de un sistema institucional que acusó sin fundamentos, condenó a la víctima y desvió la investigación.

La formación, la integridad y las condiciones de trabajo de los fiscales es un tema prácticamente ausente en la agenda del debate público. Ahora mismo, cuando el Poder Ejecutivo impulsa la cobertura de una gran cantidad de vacantes judiciales en todo el país, el foco de la discusión no parece puesto ahí. Se discute si se nombrarán o no como jueces a amigos de “Chiqui” Tapia, pero no hay un debate sobre la solvencia técnica de los fiscales en un modelo judicial que va hacia la generalización del sistema acusatorio. Eso significa que el fiscal asume mayor protagonismo en la conducción del proceso y se hace cargo de la investigación. ¿No debería hacerlo con una policía judicial, que asegure rigor técnico e independencia en la etapa probatoria? ¿Qué herramientas científicas y tecnológicas exige un Ministerio Público eficiente? Tan fuera de agenda está el debate sobre los fiscales, que desde hace casi diez años se encuentra vacante el cargo de Procurador General de la Nación (que es el jefe de toda esa estructura en el orden federal) y nadie parece apurado por cubrirlo, como si se tratara de una función prescindible e irrelevante. Parece algo más que un acto de desidia institucional: refleja la falta de sensibilidad política y la indiferencia ciudadana por el que quizá sea el cargo más importante y estratégico en el andamiaje judicial.

Para el ciudadano común, la sola denominación de Ministerio Público resulta lejana, hasta quizá confusa. Sin embargo, es el órgano que nuclea a los fiscales y, como tal, se encarga de representar los intereses de la sociedad en los procesos penales. ¿No deberíamos mirarlo con más atención? ¿No debería haber criterios más rigurosos y selectivos para definir su integración? Un hecho resulta auspicioso: la Corte impulsa un nuevo sistema en la selección de magistrados, más basado en el mérito y la trayectoria que en el acomodo y los nexos políticos. Tal vez sea el comienzo de un debate que ya no puede esperar.

Hay muchos fiscales, como también muchos jueces, que honran su función con independencia, coraje y profesionalismo. Son los que aportan ejemplos de dignidad y permiten alentar la esperanza de una regeneración institucional. Sin embargo, les toca actuar en un sistema donde la ineficacia, la negligencia, la ideologización y el prejuicio no son desvíos aislados sino rasgos estructurales. La destitución de tres fiscales y el procesamiento de una exfiscal en una sola semana nos recuerdan una célebre sentencia de El Talmud: “Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”. Es la desgracia, el dolor y la impotencia que puede verse en los ojos de las familias de Nora Dalmasso, de Alberto Nisman y de tantos otros que esperaban justicia y recibieron lo contrario.