FMI: ¿un acuerdo para no ser cumplido?
Por qué algunos analistas económicos descreen que la Argentina esté en condiciones de cumplir los compromisos asumidos con el organismo financiero internacional
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LA NACIONFernando Laborda
El gobierno de Alberto Fernández logró sortear el primer obstáculo en el Poder Legislativo tras la ratificación del nuevo acuerdo con el FMI por la Cámara de Diputados y conseguiría esta semana la aprobación del Senado, a pesar de la resistencia de Cristina Kirchner y su núcleo duro. El interrogante que se impondrá una vez superado el tratamiento parlamentario será en qué medida podrá cumplir la Argentina los compromisos contraídos en el crédito de facilidades extendidas acordado con el organismo financiero internacional.
Hay quienes sostienen que los acuerdos con el FMI están ideados para no ser cumplidos. Pero lo cierto es que, entre los analistas económicos y entre no pocos dirigentes de diferente color político, subsisten serias dudas de que, con los instrumentos previstos, la Argentina pueda cumplir, incluso en el corto plazo, con las metas pactadas.
Las autoridades argentinas se han comprometido a una paulatina reducción de déficit fiscal, que debería descender desde el 3% del PBI de 2021 al 2,5% en 2022, al 1,9% en 2023 y al 0,9% en 2024, antes de llegar a cero en 2025. Para ello, se propusieron reducir los subsidios energéticos, que hasta el año pasado rondaron el 2,4% del PBI, a solo el 0,6%. Del mismo modo, se comprometieron a bajar drásticamente el nivel de emisión monetaria.
Los citados objetivos parecen de muy difícil cumplimiento. Veamos por qué:
- El déficit fiscal durante 2021 habría alcanzado el 3% del PBI, pero llegaría al 3,7% por efecto del arrastre del año pasado. Se procuraría, entonces, un recorte de hasta un tercio del quebranto para llevarlo al 2,5% sin tocar el gasto. Pero para alcanzar esa meta mediante un aumento de los ingresos del Estado, estos deberían incrementarse en unos 7,5 puntos del PBI, según los cálculos del economista Agustín Monteverde.
- Bajar los subsidios a la energía a un monto equivalente al 0,6% del PBI también parece poco probable. La razón es que el costo de los combustibles se ha disparado hasta seis veces con respecto al año último, merced al impacto de la invasión de Rusia a Ucrania. Según indica Monteverde, Bolivia, tradicional proveedor de gas de la Argentina, nos promete menos que el originalmente comprometido y lo venderá a un precio mayor al proyectado en un principio; la porción de gas que deje de proveer deberá ser conseguida por la Argentina en el mercado internacional, a un precio mucho más caro. Por si esto fuera poco, la sequía nos restaría aprovisionamiento hidroeléctrico, que deberá ser reemplazado por energía más cara.
- El costo de generación de energía podría subir entre un 80% y un 90%, en tanto que el Gobierno proyecta aumentos tarifarios del 20% al 42% para el 90% de los clientes, por lo cual los subsidios, en lugar de reducirse, estarían condenados a incrementarse. Para mantener la reducción de subsidios comprometida ante el FMI, según la proyección de Monteverde, se necesitarían ajustes tarifarios progresivos del orden del 125% promedio en el año, aunque el salto interanual hacia diciembre de 2022 debería llegar al 250%. Aplicando la segmentación planeada, la franja de consumidores más alta tendría que abonar incrementos promedio del 300%, aunque para diciembre próximo las tarifas podrían hasta multiplicarse por seis.
- En cuanto a lo monetario, si bien el acuerdo con el FMI habla de una emisión no superior al 1% del PBI para financiar el déficit fiscal, debe recordarse que, durante 2021, el Banco Central emitió el equivalente al 3,8% del PBI, a lo que debe sumarse otro 0,9% por haber permitido constituir encajes con bonos públicos, destinando fondos que anteriormente estaban en Leliqs. Todo esto implica que el financiamiento monetario del déficit tendrá que achicarse a poco más de un quinto que el de 2021.
- Con respecto a las reservas, si bien el Gobierno espera una acumulación de 5000 millones de dólares, esta meta parece inconsistente con la potencial caída que experimentaría el superávit comercial en 2022, que podría caer de 15.000 a 10.000 o 12.000 millones de dólares.
¿Cómo se financiaría, entonces, el déficit fiscal? La respuesta podría ser con más presión impositiva. Algo que estaría decididamente en la cabeza de nuestros gobernantes si se analizan las últimas noticas asociadas al inminente aumento de las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja en dos puntos (del 31% al 33%) y a los revalúos inmobiliarios.
Como el producto de esa mayor presión tributaria no sería suficiente para reducir el déficit fiscal en la medida de lo esperado, algunos analistas, como Víctor Beker, sostienen que la carta bajo la manga del Gobierno para cumplir con las metas fiscales acordadas con el FMI consiste en seguir licuando el gasto a través de la inflación.
De ahí que, en la encuesta sobre la marcha de las principales variables macroeconómicas, que el último mes hizo el Banco Central entre consultoras de todo el país, la inflación minorista que se proyecta para 2022 alcance el 55%, un número bastante mayor al pautado en el acuerdo con el FMI, que se estableció en torno del 38% al 48%, aunque algunos economistas estiman que superará el 60% anual.
En conclusión, las metas fijadas en el acuerdo con el FMI parecen de muy difícil cumplimiento para este año, teniendo en cuenta la falta de reformas de fondo y las crecientes disidencias dentro de la coalición gobernante entre quienes revelan un espíritu conciliador con el organismo financiero internacional y quienes definitivamente rechazan cualquier entendimiento con este. Entretanto, la inflación aparece como una alternativa para licuar el gasto público y acercarse a la meta de déficit fiscal para este año, aunque a un costo muy grande para el poder adquisitivo de los argentinos.
Tipo de trabajo:
opinión
