Francisco, los jueces y los derechos sociales

El jueves 29 de febrero, el papa Francisco envió un videomensaje para la inauguración de la sede porteña del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), presidida por el juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Roberto Gallardo. El evento contó con la participación de delegaciones de movimientos sociales, organizaciones sindicales, culturales y autoridades religiosas.

El Pontífice comenzó recordando la importancia “trascendente y crucial” que reviste, en este presente tan complejo, la misión de los abogados, jueces, fiscales y defensores. “El Poder Judicial es el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social”, afirmó. En el contexto actual de “intensa injusticia”, de ricos cada vez más poderosos y pobres negados y descartados, reafirmó la importancia de los derechos sociales que, ciertamente, no son gratuitos, pero “la riqueza para sostenerlos está disponible” y sólo requiere de “decisiones políticas adecuadas, racionales y equitativas”. De ahí el “papel central” del Estado en la “redistribución y justicia social”. Las normas necesarias para ello ya han sido dictadas y son las que rigen; el problema es su vigencia efectiva, su concreción. Es allí donde empieza el papel de la justicia.

Por último, el Papa advirtió sobre el dios Mercado y la diosa Ganancia, “falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta”. Contra ellos, Francisco exhortó a escuchar la palabra de Jesús que “fundamenta a la Doctrina Social de la Iglesia, y es un sendero seguro y luminoso para coadyuvar en el ejercicio de la magistratura”. El poder no se funda sólo en la legitimidad de origen: requiere además la “legitimidad de ejercicio”, que se adquiere poniéndose al servicio de “la construcción de sociedades justas y dignas”. Los jueces, por lo tanto, deben mostrar “firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos”.

Como puede apreciarse, el mensaje del Papa se mantiene en el nivel de los principios éticos generales y no puede interpretarse como un juicio solapado sobre la presente gestión. Es preciso diferenciar siempre entre la opinión privada de un papa y lo que debe considerarse su enseñanza pública. Con referencia a esto último, hay algunas consideraciones que es preciso tener en cuenta para no malinterpretar los dichos de Francisco ni tergiversar la auténtica noción de “justicia social”.

El Copaju invoca la “Doctrina Franciscana”, denominación que quizás busque sugerir un vínculo con San Francisco de Asís, pero que sigue siendo la enseñanza del Papa actual, cuyo magisterio −como el mismo Francisco advierte− debe ser interpretado en el contexto del Evangelio y de toda la Doctrina Social de la Iglesia. En este sentido, la importancia del rol del Estado debe ser conciliada con la legítima autonomía de la sociedad civil; los derechos sociales, con los derechos individuales; la redistribución, con el respeto de la propiedad privada, y las políticas públicas, con el estímulo a la iniciativa privada como motor de la creación de riqueza.

Por su parte, el compromiso social de los jueces debe subordinarse a su función de aplicar fielmente la ley, evitando el peligro del activismo judicial. Los “objetivos y funciones” enumerados en el estatuto del Copaju no logran disipar toda preocupación a este respecto. En un sistema republicano de división de poderes, el Poder Judicial tiene la función de garantizar la vigencia efectiva de la ley, no la de gobernar ni de promover políticas sociales. Sólo ateniéndose a su función propia, podrán los jueces y juezas del COPAJU dar su contribución específica a “la construcción de sociedades justas y dignas”.

Sacerdote y teólogo, miembro del Consejo Consultivo del Instituto Acton