1
Genocidio en Timor Oriental
Por Hipólito Solari Yrigoyen Para La Nación
1 minuto de lectura'
Con demasiada frecuencia ocurren en el mundo hechos que desgarran con saña la dignidad humana. Uno de los más graves que nos ha tocado vivir en las últimas décadas es el genocidio del pueblo de Timor Oriental. Las matanzas generalizadas que están ocurriendo en los días que corren constituyen la culminación de un período trágico que se inició hace más de veintitrés años cuando las tropas de Indonesia, sin que hubiera existido jamás una reivindicación previa, invadieron el territorio de Timor Oriental y poco tiempo después resolvieron su anexión como "provincia". Desde entonces, la "integración" ha dejado un saldo de unos doscientos cincuenta mil timorenses víctimas de la represión y hasta del hambre.
Timor Oriental nunca había formado parte de Indonesia. Así como ésta había sido colonizada por los holandeses, aquélla lo fue por Portugal en el siglo XVI. Los indonesios son en su mayor parte musulmanes, y los timorenses orientales, en igual proporción, católicos. Se expresan en lenguas distintas y tienen culturas diferentes. En el momento de la invasión de 1975, Timor se aprestaba a ser un país independiente e Indonesia, alineada con los Estados Unidos y el bloque occidental, bajo la dictadura del general Suharto, en una de las más contumaces violadoras de los derechos humanos en el planeta, aprovechó las circunstancias de la Guerra Fría para imponer su dominación por la fuerza.
Las Naciones Unidas y la comunidad internacional nunca reconocieron la ocupación del territorio timorense oriental y, por el contrario, el Consejo de Seguridad aprobó sendas resoluciones, en 1975 y 1976, que exigían el retiro de las tropas indonesias y afirmaban "el derecho inalienable del pueblo de Timor Oriental a la autodeterminación y la independencia". El timorense es un pueblo nativo que ocupa su territorio desde tiempos inmemoriales anteriores a la colonización y tiene por lo tanto el derecho a la autodeterminación, del que carecen las poblaciones que han sido introducidas por quienes detentan una ocupación ilegítima, como ocurre en nuestras Islas Malvinas.
El derecho a la autodeterminación no pudo ser ejercido por los timorenses orientales durante el régimen del general Suharto. Sólo cuando éste se desmoronó ante la reacción popular, tras su reelección como candidato único para un séptimo período, su sucesor, el actual presidente, B. J. Habibie, al firmar en febrero de 1999 el Acuerdo de Nueva York con las Naciones Unidas y con Portugal, aceptó que aquel pueblo pudiera ejercer sus derechos y expresarse sobre su futuro a través de un referéndum que tuvo lugar el 30 de agosto. Pese a todos los actos de hostilidad y de amedrentamiento de las milicias favorables a Yakarta y de las fuerzas armadas acantonadas en Timor Oriental, casi el 80 por ciento del pueblo votó por su independencia.
Represión de disidentes
Portugal, conforme a los principios y normas de las Naciones Unidas, es reconocido como el país administrador de Timor Oriental y ha ejercido su mandato con moderación y constancia en la búsqueda de una solución pacífica y, al mismo tiempo, con un gran sentido de solidaridad con el pueblo timorense, acogiendo y protegiendo dentro de sus fronteras a la multitudinaria diáspora de su ex colonia.
Durante los años de la ocupación de Timor se han consumado gravísimas violaciones a los derechos humanos: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas sistemáticas, detenciones arbitrarias masivas, juicios sin garantías de defensa como aquel al que fue sometido el líder de la resistencia Xanana Gusmão, ahora exiliado en Australia, y otras formas de represión a la disidencia, de las cuales la más conocida fue la masacre de la iglesia de Santa Cruz, en noviembre de 1991, en la que los militares abrieron fuego contra civiles indefensos que participaban del sepelio de una víctima.
Todos estos hechos han sido sistemáticamente denunciados por las organizaciones de derechos humanos del mundo, como Amnistía Internacional y, desde la Argentina, Nuevos Derechos del Hombre, que abordó en numerosas ocasiones el tema y en 1995 publicó un informe específico sobre Timor Oriental.
Desde el triunfo electoral de los partidarios de la independencia y la derrota de los que querían la anexión a Indonesia con autonomía, las milicias proindonesias y las tropas de este país han ejecutado toda clase de tropelías, como asesinatos de timorenses, saqueos de domicilios, incendios de iglesias católicas, ataques a sacerdotes y monjas y a los integrantes de la Misión de las Naciones Unidas (Unamet) y de la Cruz Roja, tanto en Dili, la capital, como en otros lugares del país, y la evacuación forzada de miles y miles de habitantes hacia destinos desconocidos. La situación está fuera de control e impera un sistema de terror, patrocinado o, al menos, con la connivencia de los militares de Indonesia que ahí se encuentran.
Garantizar la independencia
El gobierno de Yakarta ha obrado con sensatez al hacerse eco de las presiones internacionales y aceptar el envío de una fuerza de paz de las Naciones Unidas, que debe tener por misión no sólo poner fin al caos sino también garantizar el resultado del referéndum en favor de la independencia de Timor Oriental, el que debe considerarse irreversible. A Indonesia le corresponde el respeto de su integridad territorial, pero no puede invocar ningún derecho sobre Timor Oriental, más allá del compromiso asumido en el Acuerdo de Nueva York para abrir las puertas a la posible independencia. Los crímenes no deben quedar impunes y es de esperar que esta terrible experiencia lleve a los países a acelerar la instalación de la Corte Penal Internacional, conforme a lo aprobado en Roma en julio del año pasado.
