Hace 50 años se dio una orden de represión feroz, hoy poco conocida

No son tantos los argentinos que saben cómo se encaraba la represión política durante los primeros dos gobiernos de Juan Domingo Perón. Es evidente que los jóvenes militantes de los años 70, que lo trajeron de nuevo al país, lo desconocían o no dieron crédito a muchos relatos de sus mayores. De otra forma, no se comprende tan ardorosa defensa de quien había avalado procedimientos similares a los que luego se emplearían contra ellos.

Hace cincuenta años se vivían duros enfrentamientos, porque a la oposición se le habían cerrado todos los canales. La clausura de diarios y periódicos por la "comisión Visca", el cierre de imprentas "por ruidos molestos", el monopolio estatal de las radios y un gigantesco aparato de propaganda oficialista no dejaban márgenes legales a los opositores para expresarse libremente. Una situación que los llevaba a refugiarse en la prensa clandestina, a usar la tiza y el carbón en las paredes, a multiplicar los rumores y a vivir en permanente estado de conspiración. Esto último era lo que más exasperaba al presidente, que vivía en medio de un obsesivo microclima de obsecuencia donde reinaba la idea de una nueva sublevación. Ya se había sofocado una en septiembre de 1951 y se pronosticaba otra en cualquier momento.

Pero las formas de la represión política no tenían demasiados misterios para Perón. En abril de 1952, a un mes y medio de iniciar su segundo mandato, tras superar el sesenta por ciento de los votos y disfrutar del apogeo de su popularidad, el líder emitió un documento reservado que nunca daría a publicidad y del que jamás hizo mención en sus escritos y charlas posteriores. Se trata de un memorándum firmado por él, que sería ignorado por la inmensa mayoría de sus partidarios. Fue redactado por Guillermo Solveyra Casares, entonces jefe de Informaciones Políticas de la Presidencia, un siniestro personaje al que Perón había sentado en 1946 en la Casa Rosada para manejar Control de Estado, el máximo organismo represor del nuevo gobierno.

Aniquilar al adversario

El citado memorándum tenía cuatro carillas escritas a máquina, sin membrete pero encabezado con un sello que decía "secreto confidencial y personal". Llevaba como título "Orden General N°1 (Prevención-Represión)". Fue distribuido internamente en copias mimeografiadas y constaba de nueve cláusulas: 1) Propias fuerzas y misión; 2) Intención opositora; 3) Procedimientos; 4) Vigilancia y selección ideológica; 5) Adoctrinamiento; 6) Organización de equipos de prevención y represión; 7) Servicio de Informaciones; 8) Comando; 9) Comunicaciones. Su contenido está especialmente dirigido a todos los servicios de la Presidencia de la Nación, ministerios y reparticiones autónomas con sus organismos, y es también extensivo a la CGT, las dos ramas del Partido Peronista y los gobiernos provinciales, para "formar un frente sólido, activo y enérgico con la MISION (así, con mayúsculas) fundamental de aniquilar a las fuerzas adversarias, dirigentes y perturbadoras, con todos los medios y con la mayor energía y decisión, ante cualquier preparativo o intento de alteración del orden público".

El término aniquilar , de uso común en los reglamentos castrenses, tiene un significado muy preciso: "reducir a la nada", dice el Diccionario de la Real Academia Española. Fue por esta razón que dos décadas más tarde, en los decretos de 1975 contra la guerrilla, se colocó la expresión "aniquilar el accionar subversivo", o sea, destruir la actividad de los guerrilleros, no a ellos, aunque -como se sabe- igual los mataron a todos.

Aquella orden confidencial de 1952, que nunca se convirtió en decreto pero cuyos efectos se conocieron por la gran cantidad de delaciones, había sido más clara y directa. Presumiendo que "el objetivo inicial del adversario sería un atentado personal al Presidente de la Nación", la cláusula de procedimientos ordenaba a la CGT y a la rama masculina del Partido Peronista "contestar con miles de atentados". A ese efecto, advierte el documento, "se han confeccionado listas de objetivos, de locales y organizaciones extranjeras enemigas de nuestro gobierno que actúan en común con los complotados y de personas opositoras que deben ser suprimidas sin más, en caso de atentado al Excmo. Señor Presidente de la Nación".

Para ejecutar la "supresión de organizaciones y personas", el memo facilitaba el procedimiento: "Las mencionadas listas, donde figuran domicilio y teléfono van agregadas como anexo a las disposiciones especiales. [...] Se organizará también el ataque y destrucción de las mencionadas organizaciones enemigas y las operaciones punitivas contra los dirigentes de las mismas". Es cierto que nunca se llevó a cabo la matanza prevista, como ocurriría en cambio con la brutal represión de los años 70, pero el solo hecho de que trascendiera semejante programa de delaciones y amenazas era suficiente para desconfiar de sus inspiradores. Porque no es una casualidad que el comando fascista Las Tres A, que inició sus operativos en 1974, surgiera de las mismas raíces, bajo un gobierno de idéntico signo político.

Registro de antecedentes

En cuanto a la actividad clandestina, como la supresión de la libertad de prensa estimulaba a los opositores a insistir en los rumores y los panfletos, la cláusula de procedimientos también establecía: "Si la lucha psicológica opositora es efectuada escudándose en el anónimo, ya sea por llamadas telefónicas, cartas, panfletos, volantes, etcétera, el afectado llevará este hecho a conocimiento del Servicio de Informaciones de la dependencia u organización a que pertenezca". A continuación se aclaraba: "Los Servicios de Informaciones mantendrán informada a la Coordinación de Informaciones de Estado de los actos que la oposición realice en este sentido y de las medidas adoptadas para neutralizarlos".

Sobre la repugnante delación de personas, la cláusula cuarta ordenaba "extremar, organizar y establecer la vigilancia sobre el personal de Administración Pública sindicado como opositor o indeciso", más la confección de "un registro donde se anoten minuciosamente los antecedentes, tendencias ideológicas de cada funcionario y empleado". Como es de suponer, el individualizado "debe ser radiado de inmediato del servicio". Esta presión sobre los empleados estatales sería aún más extrema en el Gran Buenos Aires, donde, según la misma disposición, "solamente deben tener puestos de responsabilidad y directrices los funcionarios, jefes y oficiales de probada adhesión y lealtad al Gobierno Justicialista".

La cláusula quinta, de adoctrinamiento, obligaba tanto a las fuerzas armadas y policiales como a los ministerios civiles a asignar "capital importancia" a la tarea de instruir a todo su personal, "para lo cual se le impartirán periódicamente exposiciones, conferencias y conversaciones", con el propósito de que "neutralice infundios o rumores de la oposición". Esta tarea se extendía, en la cláusula sexta, al resto de las dependencias estatales y a las gobernaciones, las que prepararían equipos de "información, prevención y represión ante la posibilidad de alteración del orden público". A su vez, cada ministerio y organismo estatal debía "tener organizado su servicio de informaciones, los que deben actuar en íntimo contacto con la Coordinación de Informaciones de Estado", de acuerdo con lo que ordenaba la cláusula séptima, que exigía "desarrollar ininterrumpidamente las tareas de información e investigación".

El sistema de delaciones

Esta gigantesca concentración de datos, creada para vigilar y perseguir no solamente a los opositores sino también a los empleados públicos indecisos, estableció que todos los organismos -militares, policiales y civiles- debían concentrar sus comunicaciones "por teléfono, telégrafo, radio, hombres de enlace y por contacto personal, entre el Comando Central y las distintas reparticiones públicas, organizaciones gremiales y políticas". Concretamente, se trataba de un monstruoso sistema de delaciones en el cual debían participar todos los ciudadanos, ya fuera a través del empleo en la administración pública (para no perderlo) o del delegado gremial en una empresa privada (para no ser denunciado a la policía).

Para que no quedaran dudas sobre la autoridad que exigía el estricto cumplimiento de esta "misión", la cláusula octava advertía claramente que "la Dirección Superior de esta acción preventiva será ejercida por el Presidente de la Nación". El increíble documento, suscripto de puño y letra por Perón, tiene debajo de su firma la leyenda "Comando General Control de Estado. Casa de Gobierno", lo que corrobora que las nueve cláusulas y sus listas anexas fueron elaboradas, a pedido del presidente, por Solveyra Casares. Este eficiente funcionario, de cuyo organismo dependía la Sección Orden Político de la Policía, inicialmente había tenido a su cargo la modernización de la conocida Sección Especial, una cámara de torturas que se ocupó de reequipar con "nuevos instrumentos". Por allí habían pasado durante el primer gobierno peronista desde estudiantes universitarios hasta empleadas telefónicas y obreros ferroviarios en huelga. Todos ellos serían luego nominados al comenzar el segundo gobierno en las listas de "personas que deben ser suprimidas".

Tal vez muchos jóvenes se sorprendan hoy de que estos métodos represivos hayan sido delineados durante el peronismo histórico, antes de que irrumpieran los regímenes militares de Aramburu, Onganía o Videla. Pero la verdad histórica es así, cruda y despiadada, como la represión política, que se conoce en la Argentina desde hace mucho más de medio siglo. Desde 1930.

Hugo Gambini es periodista. Autor de Historia del peronismo (Planeta): 1. El poder total (1943-1951) , 2. La obsecuencia (1952-1955) .

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