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Hacia una teoría jurídica auxiliada por la Inteligencia Artificial
El orden jurídico persigue un sistema coherente que permita dar respuesta a los conflictos de la vida en sociedad. Desde el derecho romano hasta las codificaciones modernas, los juristas aspiran a construir sistemas completos y racionales. Sin embargo, la complejidad del mundo contemporáneo, la multiplicidad de fuentes normativas y la velocidad de los cambios sociales han hecho cada vez más difícil alcanzar un derecho universal. Piénsese en los millones de sentencias de los tribunales nacionales e internacionales. Todas estas sentencias auxilian como fuentes del derecho.
La aspiración de una teoría jurídica del todo, que integre principios, normas y resoluciones en una visión comprensiva, parecía hasta hace poco una utopía inalcanzable. Como ha señalado Carlos A. Mutto en su artículo “En pocos años, la IA superará definitivamente al cerebro humano” (La Nación, 27 de agosto de 2025), el avance tecnológico se orienta hacia un punto en el cual la mente artificial no solo igualará, probablemente dejará atrás a la mente humana. Esto significa que la IA puede procesar cantidades de información imposibles para las personas, descubrir patrones ocultos en millones de decisiones judiciales y proponer marcos normativos más consistentes. De allí surge la hipótesis de que una teoría jurídica del todo, antes inalcanzable, pueda ser ahora posible gracias al auxilio de la inteligencia artificial.
Los sistemas inteligentes ya permiten ordenar expedientes, casos, causas, sentencias, clasificar pruebas o anticipar tendencias jurisprudenciales. Esta función de asistencia ahorra tiempo, reduce errores y mejora la eficiencia de la administración de justicia y de equidad. Sin embargo, es importante subrayar que esta etapa se limita a un rol complementario, ya que la IA auxilia al juez, pero no lo desplaza. El paso siguiente, mucho más polémico, es la posibilidad de que algoritmos lleguen a dictar sentencias de manera autónoma. A primera vista, esto podría garantizar decisiones más rápidas, consistentes y libres de prejuicios personales. Sin embargo, también plantea enormes riesgos, porque los algoritmos no son capaces de valoraciones éticas individuales, no pueden interpretar el contexto humano de un caso y suelen reproducir los sesgos presentes en los datos con los que fueron entrenados. La justicia, para ser tal, no puede reducirse a una operación matemática; requiere prudencia, capacidad de oír atentamente a las personas implicadas y equidad.
El algoritmo puede auxiliar al juez como si fuera un secretario que proyecta sentencias pero que no sustituye las sentencias del juez. La dimensión política de esta transformación tecnológica tampoco puede soslayarse. Los líderes políticos deben asumir que la IA redefine la manera en que funcionan la economía, el trabajo, la educación y, por supuesto, el derecho. Dejar librada a las fuerzas del mercado la regulación de estas tecnologías sería un error grave, ya que se corre el riesgo de que el poder quede concentrado en las empresas que controlan los algoritmos. Por eso, resulta esencial diseñar marcos normativos que garanticen transparencia, acceso equitativo y respeto por los derechos humanos en el uso de la IA.
En el ámbito filosófico recordemos que ninguna inteligencia artificial puede reemplazar la experiencia ética de las relaciones humanas. Ninguna máquina puede experimentar esa interpelación ética. Incluso si una superinteligencia artificial lograra construir la más completa teoría jurídica del todo, seguiría faltándole esa capacidad de reconocer y responder a la alteridad, que es el núcleo de lo humano, de lo jurídico y de lo equitativo. Aun así, el potencial de la IA para ofrecer una visión global del derecho es innegable. Es decir, la jurisprudencia dispersa, la diversidad de códigos y tratados internacionales, y las doctrinas en conflicto pueden ser organizadas y armonizadas. Una IA suficientemente avanzada podría articular todo ese material en un sistema único, coherente y dinámico, capaz de adaptarse a los cambios sociales.
El escenario de la superinteligencia artificial lleva esta reflexión a un nivel superior. Una superinteligencia artificial no solo procesaría información, sino que podría anticipar los efectos de las normas, prever los conflictos jurídicos futuros y hasta sugerir transformaciones estructurales en los sistemas legales. Además, podría hacer aportes valiosísimos para resolver conflictos internacionales bélicos. El salto cualitativo hacia una inteligencia superior abre un panorama en el cual las máquinas no solo participan del conocimiento. Esto implicaría, por primera vez, una teoría jurídica del todo en sentido pleno, entendida como un marco que no solo describe lo existente, sino que orienta en lo posible. No obstante, el desafío consiste en que esa potencia tecnológica no desplace al ser humano del centro del derecho. El riesgo es creer que, porque la máquina razona más rápido y con más datos, sus decisiones son necesariamente mejores. El derecho no es solo tarea técnica ni cálculo, sino también justicia, reconocimiento de la dignidad de cada persona y equidad.
La inteligencia artificial, en su forma general y superinteligente, abre una oportunidad histórica para avanzar hacia la construcción de una teoría jurídica del todo, una aspiración largamente perseguida por juristas y filósofos del derecho. Así, las relaciones constitucionales internacionales, las relaciones administrativas internacionales, las relaciones tributarias internacionales y las relaciones privadas internacionales requieren el instrumento de la inteligencia artificial para captar su enorme cuantía. Configuran una incalculable suma de relaciones jurídicas entre otras que la inteligencia artificial puede contemplar y regular sin que esta regulación pueda considerarse autónoma y absoluta, sino como base para una regulación humana. Pero esa posibilidad solo será legítima si se mantiene firme la convicción de que la IA es un medio y no un fin. Se advierten las distintas facetas de este debate: la IA como auxilio, el riesgo del algoritmo juez, la necesidad de regulación política, la centralidad de la ética y el horizonte de una teoría armonizadora del derecho. El salto tecnológico que estamos presenciando puede hacer realidad lo que antes parecía imposible. El gran desafío es, en definitiva, equilibrar la potencia de la tecnología con la humanidad de la justicia y la equidad.
Con la inteligencia artificial será posible ya en un tiempo no lejano la cooperación judicial internacional entre los jueces de distintas latitudes para resolver casos de derecho privado multinacionales. Ello significa que los jueces sobre la base de su propio poder de jurisdicción, podrán establecer comunicaciones entre ellos a fin de resolver conflictos de jurisdicción y eventualmente conflicto de leyes o también armonizaciones de soluciones legales a fin de traer las soluciones más equitativas para las partes. Esto se ve así en casos universales de sucesiones internacionales y de concursos o quiebras internacionales en cuyos casos será indispensable la cooperación judicial entre jueces de distintas jurisdicciones.
La inteligencia artificial podrá proporcionar información del derecho comparado brindando a los jueces la jurisprudencia de distintos países a fin de adoptar las posiciones más adecuadas entre ellos. También será necesaria la coordinación jurisdiccional para discernir si un solo juez sería el competente y con las mejores posibilidades de dar al caso o a los conflictos la mejor solución.
Todo esto requerirá un estudio y un aprendizaje para utilizar la jurisdicción internacional y la cooperación entre jueces para resolver sus conflictos. Particularmente en los concursos o quiebras y también en los casos de sucesiones por causa de muerte en las cuales se requiere esencialmente una coordinación de jurisdicciones nacionales. Esta cooperación también será necesaria para implementar las convenciones sobre restitución de menores. En estos casos se hará indispensable la comunicación entre los jueces a fin de lograr el más pronto, inmediato y eficaz traslado de los menores a sus sedes naturales, impidiendo así el abuso de la sustracción internacional de niños. Para lo cual la inteligencia artificial puede ser un instrumento indispensable para la cooperación judicial internacional.
La tecnología debe ser una herramienta poderosa para alcanzar los ideales de justicia y equidad, pero nunca puede sustituir el juicio humano y la ética que son el corazón mismo de la práctica jurídica. El gran desafío es, en esencia, gobernar la tecnología con sabiduría humana y equidad. La IA podrá superar al cerebro humano, pero siempre será un cerebro humano el que advierta si la inteligencia artificial puede superarlo. Es decir, siempre será el cerebro humano el que juzgue sobre la supremacía de la inteligencia artificial.
Comparar la inteligencia artificial con la humana revela tanto avances impresionantes como límites conceptuales y prácticos. La IA transforma capacidades: acelera, escala y optimiza; la inteligencia humana aporta sentido, juicio moral, creatividad con propósito y entendimiento contextual. La pregunta útil no es tanto ¿cuál es superior? sino ¿cómo integrar ambas de forma que la tecnología amplifique la dignidad humana y no la rebase ni la sustituya indebidamente?. La respuesta exige diálogo interdisciplinario entre tecnólogos, filósofos y juristas.
Tipo de trabajo:
opinión
