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Hay que frenar la industria del robo
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Los recientes casos de "justicia por mano propia" han llevado al centro del debate el desamparo que los ciudadanos sienten por la ineficacia del Estado: policías que no cuidan, fiscales que no investigan, jueces que no sancionan y cárceles que no rehabilitan. En los últimos meses distintas voces han interpretado que ante la ausencia del Estado los ciudadanos deciden defenderse con sus armas frente a las agresiones.
Hay bastante de cierto acerca de la ineficacia de policías, fiscales y jueces; sin embargo, el diagnóstico carece de foco y de precisión. El verdadero problema que genera esta reacción son los robos. La gente está harta de que le roben ante la mirada atónita de las autoridades, que hacen muy poco para desbaratar las redes que lucran con los productos robados. Los policías, en el mejor de los casos, registran las denuncias; los fiscales no investigan adónde van a parar esos bienes y los jueces desechan estos "casos menores" por la flaqueza de pruebas y la dificultad de resolverlos. Pero el problema sigue ahí: en la Argentina hay muchos robos.
En uno de cada tres hogares algún miembro sufrió un robo durante el último año. En 2015, se robaron más de 2.000.000 de celulares y más de 50.000 automóviles. Decenas de miles de tabletas, computadoras, joyas y alhajas. También, bicicletas y zapatillas. Mucha gente sufrió múltiples robos en un año. Los jóvenes y los mayores son víctimas frecuentes de muchachos osados que los increpan o amenazan. Motochorros especializados arrancan la cartera de un transeúnte al pasar. Otros usan armas para intimidar. Por supuesto que los ladrones buscan primero dinero, pero también bienes para vender en circuitos ilegales.
La Argentina, que tiene una de las tasas de homicidio más bajas de la región, tiene tasas altísimas de robos. Y las autoridades hacen muy poco. Los robos alimentan mercados secundarios y una economía ilegal vibrante. Todos sabemos dónde se reciclan los celulares robados y dónde se pueden comprar a menos de la mitad de precio. La gran mayoría de los argentinos sabe dónde puede comprar mucho más baratos una caja de cambios o un radiador usado. Todos conocemos las ferias donde se comercializan productos de segunda y de sospechosa procedencia. Y si todos nosotros sabemos, también lo saben los policías, los fiscales, los jueces, los ministros, la AFIP. ¿Por qué nadie hace nada?
Cuando se detiene a un ladrón de celulares o uno de autos y se lo encarcela, inmediatamente aparecen otros jóvenes listos para tomar su lugar. La cárcel no resuelve el problema del robo porque hay un efecto de sustitución. El problema central son los mercados ilegales que son los que alimentan la industria del robo. Desmantelarlos tiene costos, especialmente políticos, y no se observa una genuina voluntad de desarticularlos. Por lo tanto, mientras un muchacho de escasas habilidades laborales reciba 50 pesos por celular robado o un ladrón de autos obtenga de los desarmadores 10.000 pesos por cada unidad, va a ser difícil reducir los robos. Finalmente, éstos generan mercados de cientos de millones de dólares que producen ingresos para decenas de miles de personas.
La "justicia por mano propia" no resuelve ningún problema. Tampoco el sistema de justicia penal que tenemos. La Justicia es por naturaleza reactiva y entra en acción cuando se produce un ilícito, generalmente flagrante; o sea, en el mejor de los casos se detiene al ladrón, que es rápidamente reemplazado por otro. Nos estamos mordiendo la cola. Es hora de que nos enfoquemos: el mayor problema no son los ladrones, sino la industria del robo.
Director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Untref
