IA en la Argentina: innovar sin quedar a la deriva en lo legal
La inteligencia artificial dejó de pertenecer al terreno de las promesas para convertirse en una fuerza concreta que reorganiza la economía global. En la Argentina, su avance ya se percibe tanto en el uso cotidiano de millones de personas como en actividades que procesan grandes volúmenes de información, desde las finanzas y la salud hasta la atención al cliente. Sin embargo, mientras la adopción de la IA crece con una velocidad inédita, nuestro país enfrenta una encrucijada decisiva: la ausencia de un marco normativo claro nos expone a riesgos crecientes y limita, al mismo tiempo, nuestras posibilidades de desarrollo.
El primer riesgo es ciudadano. Sin reglas adecuadas, las personas quedan más expuestas a abusos, decisiones opacas, vulneraciones de privacidad y usos indebidos de datos sensibles. Los incidentes vinculados al uso de inteligencia artificial muestran, a escala global, que la capacidad técnica avanza con mayor rapidez que los sistemas de control y supervisión.
El segundo riesgo es estratégico. Una regulación excesiva, confusa o mal diseñada puede desalentar inversiones, frenar la innovación y acelerar la fuga de talento, justamente en un momento en que las principales economías del mundo compiten por atraer capital, conocimiento y capacidades tecnológicas.
Hoy conviven distintos modelos de respuesta. Mientras el gobierno nacional privilegia esquemas de autorregulación para no obstaculizar el desarrollo, la provincia de Buenos Aires ha dado pasos inspirados en el Reglamento de la Unión Europea, un enfoque más prescriptivo que prioriza la tutela de derechos fundamentales, aunque con mayores costos regulatorios.
En el plano regional, Brasil avanza hacia un esquema más integral y centralizado, orientado a la certificación, supervisión y estándares éticos comunes. La Argentina, en cambio, podría ocupar otro lugar: el de un entorno regional de experimentación regulada, ágil e innovadora. Si logramos consolidar un enfoque sectorial, flexible y técnicamente sólido, el país podría transformarse en una plataforma ideal para desarrollar soluciones aplicadas sobre ventajas competitivas ya existentes.
Para aprovechar esa oportunidad se requiere una acción coordinada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. El primero debe definir una estrategia nacional con prioridades sectoriales claras y fortalecer capacidades estatales en auditoría digital, ciberseguridad y evaluación tecnológica. El segundo debe brindar previsibilidad normativa y seguridad jurídica mediante reglas modernas, proporcionadas y orientadas al desarrollo.
Ese marco debería concentrarse, al menos, en tres motores estratégicos.
La agroindustria representa un campo natural de expansión para la inteligencia artificial. La incorporación de algoritmos predictivos, automatización, monitoreo remoto y vehículos autónomos puede elevar productividad y competitividad. Para ello, será necesario combinar incentivos a la innovación con protección de datos, trazabilidad y objetivos de sostenibilidad ambiental.
Las infraestructuras críticas constituyen otra prioridad central. Redes energéticas, transporte, aeropuertos, telecomunicaciones y logística pueden beneficiarse enormemente de sistemas inteligentes de optimización y prevención. Pero esa integración exige estándares robustos de ciberseguridad y cooperación público-privada que minimicen vulnerabilidades sistémicas.
En cuanto a los Servicios Basados en el Conocimiento, la IA plantea una doble tensión: abre enormes oportunidades de exportación y productividad, pero también presiona sobre empleos iniciales y tareas rutinarias. Por eso resulta indispensable actualizar instrumentos como la Ley de Economía del Conocimiento para proteger propiedad intelectual, estimular innovación local y sostener talento altamente calificado.
En este escenario, el sistema educativo debe cumplir un papel decisivo para que cualquier estrategia regulatoria sea viable y sostenible en el tiempo, no limitarse a brindar soporte ético y operativo simplemente. Es necesario desarrollar habilidades digitales desde la educación primaria y secundaria, y formar nuevos perfiles profesionales capaces de trabajar con herramientas de inteligencia artificial, integrarlas en procesos productivos y liderar su implementación.
Ese aporte se vuelve central en tres planos.
En primer lugar, formando para la convergencia con la IA. Legisladores, jueces, funcionarios y decisores públicos necesitan comprender el funcionamiento real de estas tecnologías para producir normas técnicamente factibles y orientadas al interés general. Del mismo modo, las universidades deben impulsar perfiles híbridos, capaces de integrar saber disciplinar con competencias digitales avanzadas.
En segundo término, generando evidencia empírica. La inteligencia artificial obliga a revisar agendas de investigación, reasignar recursos y promover experimentación aplicada en áreas de alto impacto económico y social. Sin conocimiento propio, la regulación corre el riesgo de copiar modelos ajenos sin atender nuestras particularidades.
Por último, fortaleciendo la alfabetización ciudadana. La sociedad necesita herramientas para comprender esta transición, aprovechar sus beneficios e identificar sus riesgos. Sin información adecuada, el desconocimiento y la desconfianza pueden neutralizar oportunidades valiosas, especialmente en materia laboral y productiva.
La inteligencia artificial ya incide en nuestra vida cotidiana y en la competitividad de las naciones. La soberanía tecnológica dejó de ser una aspiración abstracta para convertirse en una prioridad concreta. Cuanto antes construyamos un marco regulatorio inteligente, mejores serán nuestras posibilidades de desarrollo. En esta materia, llegar tarde tiene costos. Pero regular sin rumbo puede tenerlos todavía mayores.
Presidente de UADE y Vicepresidente Primero de la Academia Nacional de Educación (ANE)
