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Impuestos: una historia que empieza en la Colonia
Por Oscar José Trujillo Para La Nación
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UNO de los puntos más discutidos de la proyectada reforma tributaria es el referido a la posible privatización del cobro de impuestos. El ex ministro de Economía Domingo Cavallo se refirió a ella como una de las herramientas que permitiría engrosar el erario. A cambio de su tarea, la empresa recaudadora recibiría un porcentaje del monto recaudado. La propuesta, aunque parezca novedosa, no lo es. Desde la Antigüedad, la cesión del derecho de recaudación de distintos tributos fue una medida tradicionalmente utilizada por la hacienda pública, y también lo fue a lo largo de nuestra historia. Veamos un ejemplo.
La alcabala, un impuesto que gravaba las ventas y permutas, había sido instituida por Alfonso XI y reconocida como una de las rentas de la Corona por las Cortes de Burgos en 1342. En Buenos Aires fuer implantada en la primera mitad del siglo XVII, a pesar de la resistencia del Cabildo, integrado por un alto porcentaje de mercaderes. En la todavía pobre ciudad, se hacía un cálculo estimativo del monto por recaudar y se prorrateaba entre los vecinos y comerciantes. Estos últimos eran los más beneficiados con la medida, pues el valor de su contribución era fijo e independiente del monto que negociaban.
En el siglo siguiente, cuando la ciudad puerto se consolidó como una verdadera potencia mercantil, la Real Hacienda impulsó otro sistema: vender en pública subasta el derecho a la recaudación del tributo. La escena habrá sido más que pintoresca: acaudalados mercaderes pujando a viva voz y mejorando sus ofertas día tras día, hasta que finalmente, el 10 de enero de 1746, el traficante de vinos sanjuanino Agustín de Garfias se convirtió en recaudador por cinco años. Agorero apellido para semejante misión.
Garfias ofreció a la Real Hacienda abonar 44.345 pesos, solo 5 más que su oponente, por el derecho de recaudar por cinco años el impuesto en sus tres ramos: la alcabala de entrada de efectos de otras provincias, como el vino cuyano o la llamada ropa de la tierra; la alcabala de escrituras y ventas de efectos, que incluía las ventas de propiedades inmuebles, esclavos, etcétera, y el más productivo de todos, la alcabala de pulperías y tiendas.
Sabuesos armados
La recaudación, aunque terminó siendo un excelente negocio para Garfias, pues el excedente de que se apropiaba llegó a altos porcentajes, no estuvo exenta de terribles contratiempos. La resistencia al pago y la evasión sistemática estaban a la orden del día. Los mercachifles que recorrían la ciudad vendiendo casa por casa, los pulperos, los traficantes del interior, los clérigos o los poderosos importadores peninsulares, todos enfrentaron con empecinamiento las apetencias del administrador. Y muchas veces contaron con la anuencia de las autoridades. Cualquier semejanza con la actualidad no es coincidencia.
En una de las primeras medidas que toma como recaudador, Garfias solicita a la Real Hacienda autorización para que sus cobradores puedan "usar y traer las armas ofensivas y defensivas que le parezca conveniente" y reclama "que por ninguna Justicia, Guarda ni otra persona de cualquier estado o calidad que sea se impida esta recaudación". Dispone además de hombres para vigilar el movimiento de mercaderías en las barracas del puerto y en los puestos fronterizos, y los instruye para decomisar las mercancías que hubieran evadido el impuesto.
Esos hombres son los que, por ejemplo, persiguen a un tal Francisco Medina, al que alcanzan a unas cuarenta o cincuenta leguas de Buenos Aires tras haber vendido vino en Buenos Aires y huido a su Cuyo de origen, o los que son acusados por el Cabildo de pretender cobrar a unos campesinos del Pago de la Matanza hasta el valor de la leche que ordeñaban de sus vacas para el consumo diario, o de la leña con la que cocinaban.
Para don Agustín, sin duda fue un buen negocio. De los montos recaudados que registró -y es muy probable que el registro no fuera tan fiel como debía-, el excedente, salvo los primeros dos años, siempre fue positivo, y en promedio rondó un sabroso 40 por ciento, legalmente registrado. Los costos de su trabajo habrán sido mínimos, pues obligaba a los mercaderes a acudir a su casa a abonar sus derechos, y las tareas de vigilancia y recaudación en la campaña las retribuía con porcentajes de la misma tributación. Por dar un ejemplo, mientras los tesoreros de la Real Hacienda esperaban ingresar en 1753 unos 11.024 pesos, nuestro sabueso recolectaba casi 25.700. Buen negocio para Garfias, aunque no así para la Corona.
Pero el destino suele ser traidor, y los avatares de la economía, aún más, y Garfias muere embargado y preso por deudas, motivadas en una operación mercantil millonaria y desastrosa. Después de la conveniente desaparición de tan oneroso socio, la Real Hacienda nombra otro recaudador, pero con la condición de que se beneficiara "sólo" con un 30 por ciento de lo recaudado.
Poder de resistencia
Ya el historiador Eduardo Saguier, hablando de la evasión como práctica corrupta, había señalado la utilidad de enfocar el problema de la capacidad del Estado colonial de absorber recursos, mientras advertía que durante el reinado de los Borbones la política fiscal se había convertido en una "compleja mezcla de aparatos burocráticos patrimonialistas y racionales, donde no siempre se distinguía la función administrativa propiamente dicha de la propiedad de los medios o instrumentos administrativos".
La subasta pública del cobro de impuestos, lo que hoy llamaríamos licitación, lejos de aliviar los problemas del erario los agravó, congelando la recaudación, a la vez que aumentaba la presión sobre los contribuyentes. De más está decir que el poder de resistencia a los gravámenes variaba según la posición social del contribuyente. Francisco çlvarez Campana evita tributar por el millonario cargamento que trae de España, como representante e una poderosa casa mercantil de Cádiz, mientras que a Isidora Velázquez, una campesina viuda, la obligan a pagar lo deducido del ganado que mataba para su diario alimento.
En resumen, una cruel reflexión nos llevará a la decepcionante conclusión de que puede equipararse el poder recaudador de un Estado con su grado de consenso con la sociedad civil, y que la privatización de la recaudación es un reconocimiento de la propia incapacidad del Estado no solo de captar excedentes de la comunidad sino de generar un shock de confianza colectiva que equipare responsabilidad fiscal con equidad distributiva. © La Nación
