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Incentivos equivocados para impulsar la recuperación
El Gobierno logró finalmente llegar a un acuerdo con el 40% de sus acreedores y eso fue celebrado por todo el arco político. La gran mayoría entiende que esa es la base necesaria para iniciar el programa de recuperación y crecimiento económico que necesita la Argentina para salir adelante.
Ahora bien, la crisis en la que estamos inmersos, agravada -por cierto- por las consecuencias que nos ha generado la pandemia y su confinamiento, necesita imperiosamente del sector privado para poder construir una salida al final de este complicado túnel.
El Gobierno es el encargado de brindar los incentivos adecuados para estimular su inversión. Sin embargo, vemos que en las últimas semanas las señales que ha dado el oficialismo parecería que van en el camino contrario.
En primer término, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirma: "hay que encarecer los despidos para proteger el empleo". Sus declaraciones se dan de bruces con lo que esperan escuchar los empresarios que tienen la capacidad de generar trabajo y contrastan con las evidencias que existen a nivel mundial sobre políticas de empleo efectivas.
En el mismo sentido, la sanción de la controvertida Ley 27.555, que regula el régimen legal del teletrabajo, no incluyó ninguno de los comentarios propuestos por el sector en su discusión previa. Parecería que esta excesiva regulación sobre el trabajo y sus nuevas formas no va a generar los incentivos adecuados para que se genere más empleo. Además, pone de manifiesto una total desconexión entre quienes votaron la ley y la realidad que impera en la dinámica laboral.
Pero quizás dónde más incertidumbre se ha generado es a través de las distintas resoluciones impartidas por la Inspección General de Justicia (IGJ) durante este año. El organismo tiene por función la inscripción y fiscalización de las sociedades comerciales. Allí las empresas vienen sufriendo un embate sin cuartel que ha generado un retroceso evidente en el funcionamiento de la actividad productiva.
Una de las primeras anotadas en esa lista negra han sido las Sociedades por Acciones Simplificas (SAS), que recientemente se habían creado a través de la ley 27.349 y que merecieron en su oportunidad su reconocimiento por la OEA como la mejor forma jurídica para las pymes.
A través de distintas resoluciones de la IGJ se las ha intentado eliminar, agregándoles una cantidad de exigencias que no estaban previstas originalmente en su ley de creación como, por ejemplo, anular su tramitación on line y exigirles una nueva inscripción en papel. Ridículo.
Hay que recordar que desde 2017, año en que se sancionó la ley de SAS, se han creado más de 30.000 empresas bajo esta modalidad. Prácticamente el 50% del total de empresas creadas ha sido bajo esta modalidad y hoy se encuentran en jaque. Otro sinsentido.
En el mismo barco se encuentra el proyecto de reforma presentado por el senador Parrilli, que ya tiene media sanción en la Cámara alta, y que plantea ahora la exigencia de una previa inscripción de las SAS en un registro emprendedor. Requisito que no es requerido en ningún lugar del mundo. Esto sin dudas va a generar más burocracia, complejizará un régimen que nació para ser simplificado y generará mayores costos.
Los detractores de las SAS argumentan que estas promueven el fraude, aspecto que es totalmente rechazado por el ecosistema mundial, al recomendar que este tipo societario pueda realizar cualquier actividad lícita. En el mismo sentido, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ha indicado que no existen denuncias de casos de lavado de activos de SAS.
Otras resoluciones de la IGJ obligan a los countries a reorganizarse como consorcios de propiedad horizontal; se vuelve a modificar las reglas sobre qué fideicomisos deben inscribirse en el referido organismo; y a ciertas sociedades, asociaciones y fundaciones se las obliga a integrar con igual cantidad de miembros femeninos y masculinos sus directorios. Todos estos excesos tendrán un impacto económico negativo.
La Argentina necesita de reglas claras, previsibilidad y no que se cambien las reglas de juego por el capricho de que una ley se dictó durante un gobierno de distinto color político y entonces merece ser volteada. Todo esto no es gratis y trae aparejada inseguridad jurídica en un momento complejo donde lo que se necesitan son certezas, o al menos que no se ponga el palo en la rueda. Las idas y vueltas como el anuncio de la expropiación de Vicentin, paralizan, son malas señales.
El camino debería ir por el lado de bajar las barreras de ingreso a la economía formal, reducir los costos para la creación de trabajo, generar incentivos fiscales que estimulen la actividad privada.
Necesitamos más empresas, no menos.
Abogado, exsecretario de la Vivienda de la Nación
