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Informes del jefe de Gabinete al Congreso: hora de acordar e innovar
Seguramente coincidimos: rendir cuentas, explicar y justificar las acciones de gobierno es fundamental para el buen funcionamiento democrático. ¿Qué implica? Dos tareas básicas: que quienes controlan exijan y que quienes ejecutan expliquen cómo gestionan el Estado. La primera, exigir cuentas, es responsabilidad del Poder Legislativo. La segunda, dar explicaciones, responsabilidad del Poder Ejecutivo.
El politólogo argentino Guillermo O’Donnell llamaba a esto “rendición de cuentas horizontal”. Y el informe mensual que la Constitución Nacional impone al Jefe de Gabinete y al Congreso desde la reforma de 1994 es un ejemplo concreto. El problema es que el cumplimiento de esta obligación de rendición de cuentas es bajo. En los primeros 25 años de la Jefatura de Gabinete de Ministros se presentaron solo 1 de cada 2 informes escritos y 1 de cada 3 orales. No es un buen desempeño ni para el Ejecutivo ni para el Legislativo. ¿Por qué no logramos que los informes de gestión sean mensuales? ¿Por qué nos cuesta tanto cumplir con la Constitución? En CIPPEC empezamos a hacernos estas preguntas allá por 2015 y, a esta altura y en base a los datos que pudimos recabar, tenemos algunas hipótesis.
En primer lugar, porque el procedimiento para acordar la fecha del informe es confuso, es un “No sos vos, soy yo” que lleva a que se diluya la responsabilidad de fijar fecha. El Jefe de Gabinete envía una nota en la que se pone a disposición de las cámaras para presentar el informe oral. Desde Diputados y Senadores pueden aceptar y poner en marcha la formulación de las preguntas escritas (ganamos todos y todas) y poner fecha, o eximir al JGM de su obligación de concurrir a la sesión informativa (perdemos todas y todos). Lo que no hay, en los dos casos, es suficiente información pública para determinar de quién es la responsabilidad del incumplimiento, ya que el intercambio de cartas entre poderes no se publica en ningún sitio.
Segundo, porque el informe depende de “los hombres de buena voluntad”. Al no existir incentivos concretos, ni para legisladores ni para quien es jefe de Gabinete, los estímulos son sólo morales o políticos. La falta de medidas disciplinarias, institucionales o sociales que exijan la presentación del informe es un incentivo negativo para el cumplimiento. La presentación de informes se basa en la buena voluntad de las partes y/o en el uso político que pueda darse a las preguntas y respuestas en una coyuntura específica.
Tres, porque el informe se convirtió en la “Big data” de la rendición de cuentas. La creciente cantidad de preguntas, que pasaron de 144 en el informe escrito durante 1995 a 4934 en 2020, funciona como un desincentivo para el cumplimiento, en tanto desafía la capacidad de producción de información del Poder Ejecutivo y hace inmanejable la lectura y el análisis de las respuestas para sacarles el “jugo” en el informe oral para legisladores. Además, la falta de estructura del informe dificulta su digestión social y política. Sin orden temático ni prioridades, se trata de no más que una colección de textos de cuestionable utilidad.
Cuatro, porque la política importa y durante los años en que hay elecciones la presentación de informes es menor que en los no electorales. La tasa de cumplimento desciende del 49 al 28%. La menor presencia del jefe de Gabinete en las cámaras durante años con elecciones puede indicar que esta instancia de rendición de cuentas no es vista como un momento para la construcción política ni como instancia para llegar a la ciudadanía. Otra posible explicación es que durante el período de elecciones la coordinación entre los poderes se vuelve todavía más complicada, lo cual podría verse reflejado en una menor tasa de acuerdo sobre la fecha de la visita. Esto hace muy probable que durante 2021 los informes sean menos que los tres orales y los cuatro escritos que se presentaron en 2020.
Quinto, es nuestra cultura política. Ninguna de las grandes coaliciones de gobierno cumplió. Tanto durante el gobierno de coaliciones “panperonistas” como “no peronistas”, la asistencia nunca superó el 50%.
Con un procedimiento poco claro o visible para la sociedad, a discreción de las partes, que no involucra penalidades pero sí grandes volúmenes de información y datos sin estructura, y sometido a las demandas de la coyuntura, el informe navega en aguas de bajo cumplimiento. Sin embargo, es una herramienta poderosa para conocer la gestión pública y dejar fluir información estratégica sobre la gestión de gobierno.
Es responsabilidad de legisladores, funcionarias y funcionarios del Ejecutivo ponerse de acuerdo en la presentación continua de informes de gestión y establecer un mecanismo ágil y dinámico, ajustado a la sociedad de la información. Un informe que permita a controlantes y controlados enfocarse en el contenido de la rendición de cuentas, exigir información relevante y de calidad, y brindarla a la sociedad.
Fomentar un debate más amplio y basado en datos públicos es posible. Un informe de gestión con agenda de temas fijada por quien es jefe de Gabinete, concentrado en los avances de la gestión, que rinda cuentas sobre la marcha del gobierno con metas concretas y que presente información estratégica sobre los temas prioritarios del desarrollo nacional, contribuiría sustantivamente a lograrlo.
Directora del programa de Monitoreo y Evaluación de Cippec
Con la colaboración de Emiliano Arena y Juan Scolari
