Juan Martín Mena, el espía nombrado por el Gobierno para alinear a la Justicia

De joven no le interesaba ser un militante de la política. Pero desde que decidió estudiar derecho penal en la Universidad de Buenos Aires y conoció a Raúl Eugenio Zaffaroni, flamante ex juez de la Corte Suprema, supo que iba a ser un militante de la Justicia. Desde la Secretaría de Inteligencia, ahora será el hombre del Gobierno para incidir sobre los jueces con las herramientas que le da el mundo del espionaje, donde la información es poder.

Llegó al Estado en 2001 y el fin del ciclo kirchnerista lo encuentra, 14 años después, como el segundo hombre en importancia de la Secretaría de Inteligencia. Es parte de un movimiento decidido por la presidenta Cristina Kirchner para imponer un control político más firme sobre el organismo. El desafío de su nueva función es alinear a los díscolos funcionarios del Poder Judicial en el fuero federal, que en las últimas semanas movió las principales causas de corrupción que salpican al kirchnerismo.

Mena fue puesto en funciones por el nuevo jefe de los espías, Oscar Parrilli, el pasado 19 de diciembre. Será ahora el ejecutor de las políticas del hombre de máxima confianza de Cristina Kirchner. En la jerga de la ex SIDE, Mena se transformó en el Señor 8, número que lo identifica como subsecretario de Inteligencia. No tenía trato personal con el neuquino que desde 2003 acompañó a los Kirchner como secretario general de la Presidencia. Pero referencias internas no le faltaron: su actuación en el Ministerio de Justicia, en donde se desempeñaba simultáneamente como subsecretario de Política Criminal y jefe de Gabinete, le sirvió para que su ascenso fuera impulsado tanto por el viceministro Julián Alvarez, referente político de La Cámpora en el Ministerio, como por su jefe directo, el ministro Julio Alak, cada vez con menos poder en su propia cartera.

Su rol en en la recopilación y síntesis de proyectos que dieron origen al nuevo Código Procesal Penal, convertido en ley a principios de diciembre, ayudaron a darle un perfil más visible a su tarea. Hasta entonces, era uno de los interlocutores naturales del Poder Ejecutivo con los jueces de Comodoro Py, cuyos pasillos ya caminaba desde mediados de 2013 junto a Franco Picardi, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, y Ernesto Kreplak, subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral, y con quienes entraba a los despachos sin golpear la puerta, siempre buscando pasar inadvertidos, llevando mensajes del poder.

Por ese entonces le daba reportes directos a Alvarez, aunque cuando detectaban algún movimiento judicial fuera de lo común, sus explicaciones llegaban al despacho de Carlos Zannini, el poderoso secretario Legal y Técnico de la Presidencia.

"Siempre entré a Tribunales por la puerta de adelante, eso no tiene por qué cambiar", le dijo a uno de sus interlocutores habituales en ese ámbito después de enterarse de su nuevo destino. Aunque la última vez que los periodistas lo descubrieron cuando intentó evitar que se declara inconstitucional el pacto secreto con Irán por la AMIA, pidió por faor que se olvidarán de su presencia allí. Ese día fracasó.

Entre Slokar y Zaffaroni

Nació en Mar del Plata en 1979 bajo el signo de Piscis, y está cerca de cumplir 36 años. Hoy es vecino del barrio de Villa Urquiza y aprovecha su soltería para trabajar full time. Su última declaración jurada revela que es poseedor de varios lotes heredados en su ciudad natal, $ 420.000 en Boden 2015 y una cantidad algo menor en el sistema bancario.

En 2001 aceptó entrar como becario a la Procuración Penitenciaria de la Nación, el ente que se ocupa de atender los derechos de la población penitenciaria y que desde 2003 depende del Poder Legislativo, para que su titular pueda ser una suerte de ombudsman de las cárceles. En 2004 se convirtió en asesor del entonces subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Alejandro Slokar, quien ya era uno de los principales discípulos de Zaffaroni, con quien compartió cátedras y tratados académicos. En 2009 lo reemplazó en el cargo y un año después también se transformó en jefe de Gabinete del Ministerio, cargo que aceptó ad honorem para poder mantener la subsecretaría.

En la UBA, Mena integró la cátedra de derecho penal de Slokar, hoy juez de la Cámara de Casación, promotor de la filokirchnerista Justicia Legítima y el más encumbrado magistrado con que cuenta el Gobierno como tropa propia tras la renuncia de Zaffaroni a la Corte. Las visitas de Mena al despacho de Slokar en el primer piso de Tribunales son frecuentes.

Su nombramiento en la SI obligará a Mena a poner distancia temporalmente de todo el trabajo que lleva hecho en política criminal. Pero fue conciente de que a los pedidos de Cristina Kirchner no se les puede decir que no. Ante la envergadura de la movida política, el peso del ofrecimiento y las dudas que le suscitaba el cambio a esta altura de la gestión, Mena acudió una vez más a Zaffaroni, quien según revelan amigos en común, lo animó a dar el paso: "Es una gran alegría que Cristina nos renueve la confianza", le dijo su mentor.

En la Casa Rosada quieren desmitificar el cambio. Los designados son "funcionarios políticos, no agentes secretos". En el kirchnerismo contrarrestan las críticas: "La Secretaría de Inteligencia es un ministerio más que tiene mucho de mito, pero donde no necesariamente todo tiene que ser secreto y estar tapado", dicen.

El nombramiento de Mena fue percibido como una movida en la que había salido favorecida La Cámpora, al punto de asegurarse que fue Julián Alvarez, viceministro de Justicia y una de las cabezas más visibles de esta agrupación, quien le había comunicado telefónicamente a Alak el nuevo destino de su jefe de asesores. Dentro del Ministerio de Justicia, sin embargo, aseguran que Mena internamente nunca se definió como camporista, y que ninguno de sus jefes tuvo sobre él más influencia que el otro. "Mena es el intermediario entre Alak y Alvarez. El que consiguió que existiera comunicación de un lado con el otro", explica alguien que lo vio en acción junto a ambos funcionarios.

La Secretaría de Inteligencia dispuso en 2014 de un presupuesto formal de 689 millones de pesos. Y hay que tener en cuenta que la presidenta Cristina Kirchner ya había convalidado una partida de 431 millones de pesos para la estructura de inteligencia militar que comanda el teniente general César Milani, equivalente a dos tercios de lo que recibió la SI. Entre los activos más valiosos de esta dependencia en tiempos electorales, figuran las carpetas con antecedentes de todos los candidatos a presidentes, sus entornos políticos, y los secretos mejor guardados de aquellos jueces molestos para el oficialismo. Además de la posibilidad de disponer de las herramientas necesarias para intervenir teléfonos y filtrar mails.

A la luz de este poder, a pesar de la intención proclamada por el Gobierno de "dar más transparencia a la SI", nadie sabe todavía quién ganará y quién perderá con el cambio.