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Justicia comercial y laboral: unificar para modernizar
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Es evidente que la organización judicial argentina mantiene una deuda con la sociedad: garantizar un servicio de justicia rápido, eficaz y accesible. Uno de los síntomas más claros es la fragmentación en fueros especializados, que rara vez mejora la calidad de las decisiones y, en cambio, introduce rigideces que conspiran contra la eficiencia y la coherencia del sistema.
El caso de los fueros comercial y laboral de la Capital Federal es ilustrativo. Ambos concentran litigios de enorme trascendencia social y económica. En lo laboral, se ventilan reclamos por salarios, seguridad en el trabajo y protección de derechos. En lo comercial, conflictos empresariales, concursos y quiebras que impactan en la economía. Sin embargo, la división estricta entre ambas materias ha generado duplicación de estructuras, conflictos de competencia y una asignación ineficiente de recursos.
Con el objetivo de corregir estos desvíos, el proyecto de ley 4494-D-2025 (López Murphy) propone la creación del Fuero Nacional en lo Comercial y Laboral mediante la unificación de las dos estructuras actuales. No se trata de diluir especializaciones valiosas, sino de integrarlas en un marco institucional que permita un mejor aprovechamiento de capacidades. A esto nos referiremos aquí.
El argumento tradicional en favor de los fueros especializados es simple: a mayor especialización, mayor conocimiento técnico del juzgador y mejores decisiones. Sin embargo, la experiencia demuestra que este principio no es universal ni infalible. En muchas jurisdicciones provinciales los jueces actúan con competencias amplias sin que ello haya deteriorado la calidad de sus fallos. Incluso, al analizar las sentencias que llegan a la Corte Suprema por arbitrariedad, se advierte que los cuestionamientos recaen con más frecuencia sobre causas originadas en la Capital Federal.
Tampoco puede ignorarse un aspecto sensible: la excesiva especialización ha favorecido la conformación de círculos de poder poco transparentes. La reiterada interacción entre un mismo universo de actores —jueces, abogados, sindicatos, cámaras y empresas— ha alimentado sospechas de vínculos espurios, con incidencia en la orientación de fallos o en la utilización del proceso judicial como herramienta de presión.
El hecho de unificar los fueros no resuelve por sí solo este problema, pero sí constituye un avance en la dirección correcta. Un fuero más amplio y heterogéneo introduce contrapesos institucionales, reduce la opacidad que facilita lobbies sectoriales y fortalece la imparcialidad. La Justicia gana no solo en eficiencia y agilidad, sino también en credibilidad y confianza ciudadana.
La propuesta de unificación ofrece múltiples beneficios. En primer lugar, permite un mejor uso de los recursos humanos y materiales del Poder Judicial, especialmente cuando la sobrecarga en alguno de los fueros convive con capacidad ociosa en otros.
En segundo lugar, la unificación reduce la litigiosidad accesoria vinculada con las cuestiones de competencia. Hoy es frecuente que se dilaten procesos enteros porque las partes discuten si corresponde al fuero comercial o al laboral.
Un tercer beneficio surge de la organización funcional de los tribunales. Más allá de la etiqueta del fuero, en general todos tramitan tres tipos de procesos: ordinarios, ejecutivos y universales. La unificación permitiría ordenar la estructura según estas funciones comunes, en lugar de mantener compartimentos estancos que duplican tareas y rigidizan el sistema.
La irrupción de la tecnología y la disponibilidad inmediata de bases jurisprudenciales han cambiado radicalmente el escenario. Hoy, la especialización estricta pierde relevancia frente a la necesidad de contar con jueces con criterio, prudencia y capacidad de adaptación. La inteligencia artificial aplicada a la gestión judicial refuerza esta idea: el acceso a precedentes y doctrina ya no depende de la memoria del magistrado, sino de sistemas que facilitan y aceleran la investigación.
En este marco, la unificación de fueros no significa resignar conocimiento técnico, sino aprovecharlo de manera integrada y dinámica. Los jueces seguirán especializándose, pero dentro de un fuero más amplio que permita mayor cooperación, movilidad y coherencia en la asignación de recursos.
La división actual también generó críticas específicas. El fuero laboral, concebido con un perfil protector hacia los trabajadores, ha sido cuestionado por el sesgo que esa lógica introduce en la imparcialidad judicial. El fuero comercial, en cambio, perdió gran parte de su razón de ser tras la unificación del Código Civil y Comercial en 2015, que borró muchas de las diferencias que justificaban su existencia. Integrar ambos en un fuero común permitiría equilibrar perspectivas y brindar respuestas más consistentes, con vasos comunicantes entre juzgados, cámaras y fiscalías.
Además, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema —como en “Ferrari c. Levinas”, que ordenó transferir fueros nacionales con asiento en la Capital a la órbita de la Ciudad— evidenció que el esquema judicial porteño requiere una revisión integral. La unificación de los fueros Comercial y Laboral sería un paso concreto en esa dirección, fortaleciendo la coherencia del sistema y adaptándolo a las demandas actuales.
El proyecto fija un período de transición de hasta un año, supervisado por la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, para ordenar los ajustes sin sobresaltos y asegurar una consolidación efectiva del nuevo fuero unificado.
Así, la unificación de los fueros comercial y laboral no es una mera simplificación administrativa: es una apuesta por una justicia más ágil, coherente y confiable, que supere divisiones artificiales y resuelva con rapidez y equidad los conflictos que afectan a las personas. Avanzar hacia un esquema integrado es clave para recuperar la confianza ciudadana y fortalecer instituciones para que sean capaces de brindar la previsibilidad y seguridad jurídica que el país necesita.
López Murphy es diputado nacional; Gómez Martín, candidato a senador nacional por Alianza Potencia
Tipo de trabajo:
opinión
