Justicia politizada

Dos días después de asumir la Presidencia, la primera ley que promulgó Raúl Alfonsín, a quien ahora Alberto Fernández admira y nombra seguido como el padre de la democracia, fue la 23.040, por la que se derogó el decreto ley "de Pacificación Nacional", la llamada autoamnistía militar. En ese entonces Fernández tenía 24 años, acababa de recibirse de abogado y, según dijo en 2019, integraba los equipos de campaña de Ítalo Luder, candidato del PJ para el cual también militaba en Río Gallegos el joven matrimonio Kirchner. Luder, un hombre del derecho, hacía campaña diciendo que iba a mantener la autoamnistía dictada por el general Bignone.

Horas después de derogarla, Alfonsín dispuso el procesamiento de las Juntas Militares y de los líderes guerrilleros y convocó a Ernesto Sabato y a otras personalidades muy prestigiosas, como Hilario Fernández Long, Magdalena Ruiz Guiñazú, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Jaime de Nevares, para constituir la Conadep. Del Congreso, que era fuertemente bipartidario, se sumaron tres diputados radicales. El peronismo, hay que repetirlo porque este es un dato que se suele invisibilizar, como se dice ahora, rechazó la invitación para integrar la Conadep. Tampoco asistieron sus dirigentes a las audiencias del juicio a las juntas, lo que significó una forma de boicot político. Ninguno de ellos estaba en la majestuosa sala de la planta baja del Palacio de Tribunales siquiera el histórico día en que el fiscal Julio César Strassera cerró su alegato exclamando "¡señores jueces, nunca más!". Frase que devino en símbolo de aquella epopeya porque también se llamó así el informe de la Conadep.

En estos 35 años, ni el peronismo, mucho menos el kirchnerismo (que llegaría a denostar a Strassera) ni en forma individual los líderes actuales informaron alguna vez que cambiaron de idea sobre aquellos sucesos fundacionales de la democracia. Tampoco se arrepintieron, que se sepa, de haber impulsado para presidente en 1983 a un jurista que pensaba perdonarles todo a los militares (todo incluye los secuestros, los asesinatos, las desapariciones, los robos de bebés, los detenidos-desaparecidos arrojados al río de la Plata) y que además prometía hacerlo valiéndose del perdón que ellos mismos se habían dado. ¿Cómo fue, entonces, que el peronismo se apropió de la expresión "nunca más" con toda su carga simbólica, incluso luego de haber tenido la osadía de insertarle otro prólogo al informe de la Conadep porque no les gustaba lo que había escrito Sabato?

En La Justicia acusada, compilación de la que es responsable Alberto Fernández y que según se anuncia llegará a las librerías en las próximas horas, el Presidente, basado en lo que ya había dicho el 1º de marzo ante la asamblea legislativa, escribe: "Este libro viene a manifestar un contundente 'Nunca más' a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, "operadores judiciales", procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas o que judicializa los disensos para eliminar al adversario".

No se le puede negar poder de síntesis al párrafo, una yuxtaposición de malversaciones. A la apropiación de la consigna primigenia de los Derechos Humanos se añade la ausencia de responsabilidades propias en la politización y uso de la Justicia y se le cuela el léxico de Cristina Kirchner ("linchamientos mediáticos") en su estrategia defensiva en los múltiples juicios en los que está procesada.

Las alabanzas reformistas ventilan la causa. Es que la ansiedad por reformar la Justicia contra viento y pandemia combina, como ya se sabe, dos necesidades: una genuina, la de tener un sistema judicial independiente que funcione bien, y otra indigna, conseguir que los procesos que persiguen penalmente a la vicepresidenta, a su familia y a algunos miembros de su elenco gubernamental se cierren, se extingan, fenezcan. Parece inevitable que la segunda intención contamine a la primera.

"Nunca más" es, primero que nada, una condena al terrorismo de Estado, rechazo que saludablemente mancomuna a gran parte de la sociedad argentina. Pero también remite al juicio histórico impulsado por Alfonsín, prestigioso no solo a nivel local sino como hito internacional. Un momento de justicia efectiva, además, por default: ¿Qué otro juicio, aparte del de las Juntas, puede recordarse que comenzó, se desarrolló y condenó a los culpables (y también absolvió a inocentes) en menos de un año de audiencias, con jueces y fiscales intachables, donde las personas sentadas en el banquillo, además, venían de tener la suma del poder público y de gobernar el país en forma sanguinaria? Desde luego, nada tiene de malo que se universalicen los derechos humanos. Al contrario, enhorabuena, para eso existen, para ser universales, lo que significa estar por encima de toda bandería y circunstancia. El problema es que el peronismo pasó de hacer proselitismo con la autoamnistía militar (un "punto final" mucho más drástico que el que impulsaría Alfonsín en 1986, cuando procuró sin éxito encuadrar los juicios en el plan acotado que estaba en los papeles) a profanar la expresión nunca más para disfrazar un delivery de impunidad. No debe haber precedentes en ningún lugar del mundo de lo que acaba de ocurrir en la Argentina: se nombró al abogado de la más ilustre procesada del país, a la sazón vicepresidenta, para que asesore al presidente sobre cómo mejorar la Justicia en la que ella tiene una docena de causas, varias por delitos graves. Paradojas de la historia, Alberto Beraldi, el defensor, que nació un año después que su tocayo presidente, fue a los 25 años secretario letrado de la Justicia Federal durante el juicio a las juntas. Allí lo conoció a Carlos Arslanian, el camarista que luego sería su socio y que ahora comparte la misión de decir desde una comisión oficial que a la Corte hay que agrandarla.

¿Qué otro juicio, aparte del de las Juntas, puede recordarse que comenzó, se desarrolló y condenó a los culpables (y también absolvió a inocentes) en menos de un año de audiencias, con jueces y fiscales intachables, donde las personas sentadas en el banquillo, además, venían de tener la suma del poder público y de gobernar el país en forma sanguinaria?

Un denunciante sin pelos en la lengua y con suficiente conocimiento del paño como para que se le preste atención analizó hace unos años por televisión (y el video circuló asiduamente en las redes) los problemas judiciales de Amado Boudou y dijo que Cristina Kirchner se animó -usó ese verbo- a estatizar Ciccone para borrar pruebas (aclaración para diplomáticos extranjeros recién llegados al país: el denunciante se llamaba Alberto Fernández; no les va a ser fácil entender la Argentina). ¿Por qué alguien que se anima a estatizar por necesidades "judiciales" de su tribu una fábrica de billetes no va a crear vacantes extra en la Justicia para poner jueces controlados y zafar de las causas judiciales pendientes? Es curioso que la reforma haya sido anunciada con plegarias alusivas a la transparencia. En el mismo momento del anuncio se llevaban a cabo maniobras de cambios de jueces que eventualmente le sacarían del medio a la vicepresidenta tres magistrados que la vienen incomodando.

¿Por qué alguien que se anima a estatizar por necesidades "judiciales" de su tribu una fábrica de billetes no va a crear vacantes extra en la Justicia para poner jueces controlados y zafar de las causas judiciales pendientes?

La impunidad lograda mediante artilugios en una justicia cuyo hábitat conoce más de vicios, chicanas y laberintos para letrados muy letrados que de ejemplaridad, suplanta dos mecanismos de perdón previstos por las reglas, la amnistía y el indulto. En rigor, la amnistía, que alumbraría un importante bullicio parlamentario, elimina la responsabilidad penal, mientras el indulto, cuya pertinencia suele disparar entusiastas debates entre exquisitos del derecho, pese a que ya fue aplicado de mil maneras, solo perdona el cumplimiento de una pena. En mayo de 2019 Fernández dijo que quien pensara que iba a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto era un estúpido. Tal vez tenía razón. Su objetivo era la reforma judicial, que podría llegar a satisfacer a todos y todas.