1
Kicillof y el regreso de la reelección de los intendentes
Karina Milei justifica con hechos el apodo de “la jefa” con el que la identifica el Presidente, su hermano Javier. Oscar Zago perdió la conducción del bloque de diputados de La Libertad Avanza por atreverse a desafiarla. Zago propuso a Marcela Pagano como titular de la comisión de Juicio Político con el supuesto aval del Presidente, pero contra la voluntad de su secretaria general. Martín Menem suspendió la reunión de esa comisión para abortar la designación de Pagano. Menem le debe a Milei sostenerse como titular de la Cámara de Diputados.
Eduardo “Lule” Menem, su primo, es el principal consejero de la hermana de Milei para darle al oficialismo un orden electoral del que carece para los comicios del año que viene. El paso como asesor de Ramón Puerta en su breve presidencia sobresale en el currículum de “Lule”. Alberto “Bertie” Benegas Lynch estará al frente de la comisión de Juicio Político. Pagano fue una de las cuatro ausencias en la reunión donde 36 diputados votaron por la salida de Zago. Lo sustituirá Gabriel Bornoroni, aliado de los Menem. Zago formaría otro bloque.
Milei se vio obligado a diferenciarse de Benegas Lynch por sus controvertidas expresiones sobre el trabajo infantil. Así y todo, el numen doctrinario del Presidente habría sido la mejor opción para disimular lo que parece evidente: la primera contradicción visible en el acotado núcleo familiar que concentra las decisiones de gobierno. La probabilidad de un poder bifronte mantiene perpleja a la oposición dialoguista, acusada frecuentemente por Milei de entorpecer la sanción de las leyes que precisa.
La semana que viene debería comenzar el tratamiento de la denominada mini ley Ómnibus. Una instancia a la que el oficialismo llegará con su bloque dividido. El peculiar método de los libertarios para gestionar sus diferencias se replica en el Senado. Sus nueve representantes advirtieron que no votarían el pliego de Ariel Lijo para la Corte si el Ejecutivo no los consulta antes. Ricardo Lorenzetti habría persuadido a Milei de la necesidad de una Corte afín para sostenerse en el poder en minoría legislativa.
El expresidente de la Corte rechaza tener y ejercer cualquier tipo de influencia en el Consejo de la Magistratura. También la versión que lo vincularía a varios exfuncionarios de ese cuerpo involucrados en la causa 4216/17 radicada en el juzgado federal N°12 que subroga Lijo. La resistencia de los senadores oficialistas a la postulación de Lijo representa otro problema para Victoria Villarruel, sospechada por los Milei de supuesta falta de lealtad. La vicepresidente tiene pendiente de resolver si concurrirá a Lomas de Zamora para inaugurar un local partidario. Antonio Ricatti promueve esta iniciativa. Ricatti es consejero escolar de los libertarios en ese municipio. El acto está sujeto a que Villarruel confirme su presencia. Claudia Rucci es la delegada de la vicepresidente en el conurbano. De origen peronista, la directora del Observatorio de Derechos Humanos en el Senado tiene la responsabilidad de darle forma a una organización que le garantice a Villarruel tener candidatos a legisladores propios en las elecciones de 2025.
El Gobierno sabe de la intención de la vicepresidente pero espera prescindir de ella “si las cosas nos salen bien”. La condición preliminar autoestablecida es sugestiva. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. La crisis que los libertarios atraviesan en el Congreso fue anticipada por la Legislatura. Los bloques que Nahuel Sotelo y Gustavo Cuervo presiden en Diputados se disputan esa representación y la cercanía con el gobierno bonaerense. Con apenas uno de los dos, Unión por la Patria se garantiza 46 votos en el recinto. La mayoría simple es de 47.
La bancada de Carlos Kikuchi no está sometida a esa competencia salvaje en el Senado. Sus tres votos le garantizan al kirchnerismo (21), alcanzar sin dificultad la mayoría simple de 24. Lo que relativiza el esfuerzo coordinado del Pro (12) y la UCR (7) por oponerse. Kicillof se propone explotar esta ventaja. Autorizó a Verónica Magario y a Luis Vivona a intentar que la oposición acepte modificar la ley 14.836 que permite una sola reelección de los intendentes a cambio de ceder dos de las cuatro vacantes en la Corte. La Legislatura ya había modificado esa ley el 28 de diciembre del 2021. El Día de los Santos Inocentes se resolvió que esa restricción, contemplada en el artículo siete, tome en cuenta la elección de 2019 y no la de 2017 como ordenaba su redacción original. Es lo que permitió que 89 de un total de 135 intendentes pudiesen ser reelectos: 42 de Unión por la Patria y 47 de Juntos. El segundo y último vence en 2027. El oficialismo procura eludir el desgaste de una pelea sucesoria en medio de un proceso electoral.
Por eso apura una negociación a través de la vicegobernadora y el senador provincial para resolver la modificación este año. Magario y Vivona representan los intereses de la Tercera y Primera sección electoral. Es decir, del conurbano. Donde se concentran los dos tercios del total de los 13 millones de electores de la provincia. Igual que la mayoría de los intendentes de esa región, Kicillof tampoco tiene reelección. Las garantías de proyectarse hacia una candidatura presidencial dependen de los acuerdos solidarios de solidaridad que pueda establecer con el peronismo bonaerense que preside Máximo Kirchner. El hijo de la expresidente asoma por ahora como el único aspirante seguro a suceder a Kicillof. Los dos habrían consensuado sobreponerse a la mala relación que los separa. Condicionados por esa realidad, Jesica Rey y Hernán Reibel trabajan en el guión de esa ficción, La ministra de Comunicación y el vocero de los Kirchner tienen la misión de maquillar a esta tregua para presentarla como un acuerdo que, por ahora, excluiría a Sergio Massa. El excandidato presidencial acusa a Kicillof de traición. El Ministerio de Economía transfirió 150 mil millones de pesos a la provincia en diciembre. Equivale a la quinta parte de lo que recibió por el giro de fondos discrecionales en 2023. Kicillof resistió el ingreso a su gobierno de los extitulares de AySA, Malena Galmarini, y de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. Massa conserva en el gabinete bonaerense al Ministerio de Transporte que conduce Jorge D´Onofrio.
La expectativa del viejo Juntos para resistir que se habilite otra reelección de los intendentes depende de la distancia a la que quede Massa del acuerdo entre Kicillof y Máximo. Massa tiene 20 de los 37 diputados de Unión por la Patria. Diez vencen sus mandatos en 2025. Los legisladores de Massa rechazaron en el recinto la modificación a la ley 14.836 en 2021. El Frente Renovador podría romper con la alianza Unión por la Patria si no son satisfechos los reclamos de Massa a Kicillof.
Más vidriosa es la posición en el bloque de Kikuchi pese a la compañía de Sergio Vargas, que comparte estudio jurídico con Guillermo Mitchell, exdirector de Aduanas con Massa. ¿Kikuchi ya recibe directivas de Kicillof a través de Teresa García, jefa del bloque K? Una conjetura apresurada, seguramente. El senado elige a los miembros de la Corte por mayoría simple. Kicillof estaría dispuesto a repartir por igual con la oposición las cuatro vacantes disponibles. Siempre y cuando se le garantice designar al Procurador General Adjunto. Ramiro Gutiérrez y Lisandro Pellegrini son los dos candidatos a ese lugar. Gutiérrez es exdiputado, especialista en Derecho Penal y responde a Massa. Pellegrini es subsecretario de Política Criminal y responde al ministro de Justicia, Martín “Cholo” Mena. En el Frente Renovador no creen que la eventual designación de Gutiérrez colme la expectativa de Massa.
El Pro espera por el regreso de Mauricio Macri. En apariencias, la única figura escuchada por los legisladores para definir su voto frente a la eventual postulación de Lijo a la Corte. Seis de los siete senadores se opondrían. El libertario Francisco Paoltroni se sumaría a ellos. Macri aguardaría a la sanción de la ley Ómnibus para definir la posición del Pro frente a las elecciones. Un proceso en el que juega un rol trascendente el gobierno de la ciudad.
Al expresidente le preocuparía el estado de su gestión. Sobre todo en materia de seguridad. Un rubro en el que Jorge Macri pareció resarcirse anteayer con la marcha del Polo Obrero. La primera vez que la policía metropolitana actuó en su jurisdicción sin interferencias del Ministerio de Seguridad de la Nación. Versiones maliciosas atribuyeron el éxito del operativo a las picardías importadas desde el conurbano por el primo del expresidente y el secretario de Seguridad, Diego Kravetz.
Un podio compartido, curiosamente, con Eduardo Belliboni. El Polo Obrero podrá reivindicar que fue la primera organización social en burlar al protocolo para las marchas impuesto por Bullrich. Si pudo hacerlo, fue porque no comunicó antes el recorrido. Esa aparente sorpresa evitó la intervención de fuerzas federales. “Un digno fifty-fifty” bromeó un viejo comisario de la Policía Federal, en alusión a las presuntas vías de comunicación que mantendrían abiertas Kravetz y Belliboni.
La aparente victoria le da un respiro a la gestión de Waldo Wolf, acosada por tres fugas de comisarías porteñas en un mes. En apariencias, la expresión del malestar por un jefe civil como Kravetz al frente de la metropolitana. Pero también por la falta de inversión en mantenimiento. El Ministerio de Seguridad porteño tiene asignado un presupuesto de 1,2 billones de pesos. Casi el 12 por ciento del total previsto para este año en la ciudad. Los cuestionamientos apuntan a Claudio Panichelli. Antes de ser subsecretario de Gestión Administrativa de Wolf, Panichelli fue director de compras en el municipio de Vicente López. A Panichelli se le atribuye integrar el directorio de dos empresas vinculadas a familiares del jefe del gobierno porteño: Unilar S.A. y Argentina Digital Services. Jorge Macri resistió lo que pudo que Cristian Ritondo sea designado por su primo Mauricio al frente del Pro bonaerense. El exintendente de Vicente López fue uno de los beneficiados por la modificación a la ley 14.836.
Por Daniel Bilotta
