La Argentina en la torre de Babel

La carta, escrita en inglés y con términos inusuales para el mundo corporativo, le llegó a Sergio Massa. Está fechada el 26 de agosto, cinco días después de publicado el decreto con que Alberto Fernández intervino en el mercado de las telecomunicaciones. La firman el Consejo de la Industria de Tecnología de la Información norteamericano –que nuclea a empresas como Google, Amazon, Facebook, IBM, Twitter, Microsoft, Toshiba, Cognizant, Toyota, Visa, Mastercard y Accenture– y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Es extensa y le advierte al presidente de la Cámara de Diputados sobre los efectos de la medida: dice que, "tal como está", el decreto limita la capacidad de crecer del sector y "pone en riesgo las inversiones en tecnología". Y termina con una propuesta: "Estamos abiertos a trabajar con usted".

Massa se reunió esta semana con el Presidente y con Santiago Cafiero. Las compañías, que tienen con el líder del Frente Renovador una buena relación, se enteraron enseguida de que era poco lo que podrían cambiar: por motivos que no terminan de entender, Alberto Fernández ha tomado una decisión de difícil retorno que las afecta a todas. Por eso la industria es un revuelo y lo será el Congreso, donde se debe ratificar el decreto y quedan todavía amigos de Alberto Pierri, dueño de Telecentro y Canal 26, que condujo durante varios años la Cámara de Diputados. Pierri se lleva bien con Cristina Kirchner. Pero los lobistas más sagaces presienten magros resultados: dicen que hasta Cafiero se mostró duro frente a Massa.

El Gobierno habla con todas las empresas. Con algunas ensaya acercamientos. Hay funcionarios que admiten que el enojo es con el Grupo Clarín e intentan tranquilizar a los competidores: la reglamentación final separará unos intereses de otros. En la industria no lo ven fácil porque el texto es abarcador. No quedará otra, anticipan, que ir a la Justicia.

Estas tensiones exceden el mundo de los negocios. No bien se conoció, el decreto puso en alerta a las cámaras de comercio de España, Italia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia y a la Eurocámara, que adhirieron al reclamo de las tecnológicas. Aunque se supone que afecta solo a la telefonía, a la televisión por cable y a internet, la medida roza otras actividades. ¿Cómo funcionarían, por ejemplo, Google, Amazon o Netflix en un país sin inversiones en conectividad? La Argentina ya lo sufrió entre 2012 y 2014. Rezagada en un planeta que ya funcionaba en 4G, toda comunicación se volvía aquí ardua con 3G. En la embajada de Finlandia aprovecharon una frase casual de Alberto Fernández para defender los intereses de Nokia.

En conversación con Romina Calderaro en Radio 10, el Presidente había negado el domingo que el objetivo de la medida fuera Clarín. "Falso. Yo no estoy en guerra con nadie. Hay algunos que se quedaron como los japoneses en la isla sin enterarse de que la guerra terminó y siguen disparando solos", dijo, y cuestionó a quienes "piensan que la Argentina es igual a Venezuela porque regula derechos en favor de la gente". Se definió, al contrario, como "admirador" de Noruega y Finlandia: "En esos dos países estos son servicios públicos. Antes de que digan que somos Venezuela, ojalá nos parezcamos a Noruega y a Finlandia". Anteayer, en un comunicado, la embajada finlandesa aclaró que ahí la regulación garantizaba la libre competencia para mejorar el servicio.

Alberto Fernández dijo ese día, y lo repitió después en un acto público, que en su decisión había influido enterarse por Rodríguez Larreta de que 6000 chicos porteños no podían volver al colegio por falta de acceso a internet. Las empresas no le creen el argumento. Suponen, además, que errores de cálculo lo llevaron a subestimar implicancias geopolíticas. Hay un antecedente cercano. Hace tres meses, AT&T, el grupo de telecomunicaciones más grande del mundo, anunció que cerraba DirecTV de Venezuela por incompatibilidad en las reglamentaciones norteamericanas y las de Maduro: las sanciones de Estados Unidos a Venezuela le prohibían la transmisión de Globovisión y Pdvsa TV.

"En vista de que es imposible para la unidad de DirecTV cumplir con los requisitos legales de ambos países, AT&T se vio obligada a cerrar sus operaciones de televisión paga en Venezuela", dijo en un comunicado la compañía, que tenía ahí el 45% del mercado (2,5 millones de clientes) y unos 600 puestos de trabajo directos. En la decisión incidieron varios motivos: enojo de la Casa Blanca, pedidos bolivarianos para incluir canales afines a Maduro y un abono mensual de menos de 10 centavos de dólar.

Es probable que AT&T se lo recuerde el martes en Washington al embajador Jorge Argüello, a quien le pidió una reunión por el decreto. Y que de la charla participen funcionarios de la Secretaría de Comercio norteamericana. Dueña de DirecTV, HBO y Turner Broadcasting System, AT&T fue una de las primeras en reaccionar. No bien se enteró, Karim Lesina, vicepresidente del grupo, le transmitió el descontento a Kevin O’Reilly, secretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, y a Myron Brilliant, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Italiano de origen tunecino, Lesina no venía excesivamente optimista con la Argentina. Y eso que el sector se ha fortalecido con las cuarentenas.

Hace un mes, en una columna de opinión publicada en el diario El País, en la que advertía que las proyecciones ponían a América Latina ante el riesgo de "otra década perdida", Lesina consignó que el modo de revertir el proceso era justamente acelerar la inversión en la economía digital a través de regulaciones "inteligentes" que permitieran la innovación. "Destacaría tres ejemplos. Institucionalmente, Brasil, México y Colombia han establecido mecanismos de coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos locales, reguladores e industria. En el ámbito regulatorio, Colombia, Ecuador y Perú establecieron mecanismos digitales ligeros para la contratación y supervisión de los servicios audiovisuales y de telecomunicaciones", dice. La Argentina no aparece en todo el texto.

Martín Guzmán deberá evitar que estas impresiones personales lleguen al staff del FMI, con el que debe empezar a renegociar el acuerdo. Lesina se lleva bien con la jefa del organismo, Kristalina Georgieva, a quien llegó a conocer durante sus años de trabajo en la sede de Bruselas de la compañía. El ministro argentino necesitará de la colaboración de Argüello y Felipe Solá –otro muy solicitado después de la medida– y acaso de Gustavo Béliz, funcionario de diálogo habitual con las empresas, que anteayer expuso en un seminario organizado por el salteño José Urtubey sobre la necesidad de que el país se centrara en "la era poscontenedor", esa parte de la economía que funciona casi sin mercancías físicas. El mundo que viene. Pero el Frente de Todos es para la lógica de la inversión una torre de Babel: hay argumentos que, como la carta a Massa, se leen bajo la luz oficial como dialecto extraño.