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La cautivante fantasía de una libertad sin Justicia
Javier Milei reforzó esta semana la cruzada contra periodistas y economistas emprendida a poco de frustrarse la designación de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia. El Presidente argumenta la necesidad de dar respuestas incómodas a preguntas que también lo son. Si no las efectuase desde la máxima magistratura, tal vez no tendrían la misma repercusión. Omitida ex profeso, esa referencia ineludible es la que confiere el valor de diatriba a sus palabras: quien las pronuncia lo hace con esa investidura.
Esa desproporción manifiesta entraña el riesgo de promover desde el vértice del poder una fantasía tan cautivante como peligrosa: el ejercicio de la libertad sin más límite que la propia percepción de lo que es o no justo. Hay, sin embargo, un giro significativo en el discurso presidencial que custodia Santiago Caputo. La solapada exclusión de la casta entre los blancos de su agresión. Un cambio que reconocería por primera vez la posibilidad de ser víctima de la fragmentación política a la que se trató de alentar para obtener provecho.
La sorpresiva saga de apariciones públicas de Caputo coincidió con la designación de Sebastián Amerio al frente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura. El asesor presidencial deseaba convertir al viceministro de Justicia en jefe del Gabinete como premio al ingreso de García-Mansilla y Lijo en la Corte. Pero el acuerdo para que el delegado del Ejecutivo sea parte de las nuevas autoridades podría representar más que un consuelo. Sobre todo si dinamiza el proceso para enjuiciar a miembros de la Justicia Federal: el proceso inverso al imaginado si Lijo se hubiese incorporado al máximo tribunal. El Poder Judicial de Santa Fe ordenó la prisión preventiva del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, implicado por el extitular de la ARCA en Santa Fe, Carlos Vaudagna, en causas montadas para extorsionar a empresarios.
Claudio Iglesias declaró ante los fiscales que investigan a Bailaque haber pagado buena parte de los 200.000 dólares que le exigió Vaudagna para desactivar una investigación en su contra que perjudicó su designación en el directorio de la aseguradora San Cristóbal. Un lugar que finalmente ocupó Ricardo Silberstein, ministro de Justicia de Miguel Lifschitz, mientras Iglesias era extorsionado por Vaudagna.
Silberstein compartió el gabinete de Lifschitz con Maximiliano Pullaro, a cargo de la cartera de Seguridad. Pullaro impulsa una renovación de la Justicia. Ya logró designar a tres nuevos vocales dentro de los siete de la Corte santafesina. Pero mantiene por ley la presión de jubilar a los mayores de 75 años. La mayoría de los otros cuatro. Los fueros con los que Bailaque puede eludir la prisión pueden ser suspendidos si el Consejo de la Magistratura inicia el juicio político en su contra que sustancia el diputado del Pro, Álvaro González.
De Luis Juez depende la velocidad de este trámite. Preside la Comisión de Acusación por la renuncia de Alberto Maques, una concesión de Daniel Angelici para contribuir a que Mauricio Macri evite la fuga del senador por Córdoba a La Libertad Avanza. Juez intervendrá también en las 13 denuncias donde los fiscales federales Cecilia Incardona y Sergio Mola investigan al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en causas de forum shopping.
La de José Voytenco es la más relevante. Villena acusa al titular del sindicato de peones rurales (Uatre) del supuesto delito de fraude por un caso fuera de su competencia y de su jurisdicción. La causa derivó en que la Superintendencia de Servicios de Salud disponga en marzo la intervención de Osprera, la obra social de Uatre y una de las cajas sindicales más codiciadas por todas las administraciones.
Villena supone un desafío interesante a la contenida vocación libertaria de Juez. En especial, por la leyenda que rodea al magistrado. “Siempre cumple con el gobierno”, aseguran quienes destacan la impermeabilidad a los signos políticos de su idoneidad. Otros, con malicia, intuyen que esa es la aceptación implícita de su adscripción a la SIDE, la atalaya desde donde Diego Kravetz observa el desarrollo de las supuestas tensiones entre Patricia Bullrich y Karina Milei.
Kravetz mantiene la expectativa de suceder a Bullrich en el Ministerio de Seguridad y recuperar contacto con la calle para ser candidato a intendente de Lanús. Sergio Neiffert dormiría más tranquilo si Kravetz cumpliera ese sueño. Manuel “Manu” Vidal monitorea para Caputo las diferencias entre el número uno y el dos de la SIDE. ¿Vidal le sugirió a Caputo que Martín Maquieyra presida la comisión investigadora del caso $Libra? El empate entre sus miembros para elegir autoridades dilató por tres semanas su puesta en marcha. Maquieyra la integra por Pro, donde trabó amistad con Vidal. La eventual concesión al partido de Mauricio Macri es uno de los problemas que Eduardo “Lule” Menem suma a su primo Martín, presidente de la Cámara de Diputados. Lule es el principal asesor de Karina Milei y jefe político de Sebastián Pareja, el delegado de la secretaria general en la provincia de Buenos Aires.
Pareja desmintió la supuesta compra de dirigentes de Pro denunciada por Mauricio Macri. Aseguró que quienes se incorporaron a La Libertad Avanza (LLA) lo hicieron “regalados”. Una forma de quitarle entidad a la de Bullrich, Diego Santilli y Diego Valenzuela, cuando los Menem negocian otras con Cristian Ritondo como parte de un acuerdo electoral.
La crítica de Pareja al expresidente tuvo lugar el mismo día que Karina le ordenó desplazar a Fabricio Martínez y Ramón “el Nene” Vera como responsables de LLA en la primera y la tercera sección. A la secretaria general le habría disgustado que trascendiera la estructura de barras y proveedores del Estado en la que se respalda Pareja. Martínez fue jefe de la barra del Deportivo Laferrère y Vera, el principal proveedor de comedores escolares en el conurbano.
Las estadísticas oficiales confirman que La Matanza es la zona más insegura de todo el territorio que gobierna Axel Kicillof. El municipio administrado por su principal aliado, Fernando Espinoza, acumuló cerca del 20 por ciento de los más de 800 homicidios dolosos en 2024 y su tasa por cada 100.000 habitantes (8,11) casi duplica el promedio general (4,76). El informe anual de la Procuración General justifica el temor de Hilda Kogan de que sea la policía bonaerense quien tenga a su cargo la seguridad en los comicios del 7 septiembre.
Kogan es titular de la Corte y la Junta Electoral. Negoció el lunes con la Legislatura una ley que adecue el calendario electoral al desdoblamiento. El propuesto por Kicillof con la suspensión de las PASO fue rechazado por unanimidad en el Senado. El kirchnerismo se ausentó de la reunión con Kogan. Esa tarde Kicillof hizo público su contacto con Federico Storani. Junto a Juan Manuel Casella, promotor de que el Comité Nacional intervenga la UCR bonaerense por su virtual acefalía. Un estado promovido por Evolución y Facundo Manes, que desconocen su derrota en la interna del año pasado. El titular del Comité Nacional es Martín Lousteau, jefe de Evolución con Emiliano Yacobitti. Al kirchnerismo lo divierte la ocurrencia de Kicillof. Enviar a Andrés “Cuervo” Larroque a denunciar un golpe de Estado en su contra mientras fomenta otro en la UCR. La misma lógica que imperaría en la designación de Amerio. Marcar el ritmo decisorio del Consejo de la Magistratura con el supuesto flujo de recursos que garantizaría por presidir la Comisión de Administración y Financiera. ß
