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La corrupción, bajo el escrutinio de la OEA
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Durante estos días visita Buenos Aires una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para evaluar a la Argentina en la eficacia de su lucha contra la corrupción. Se trata de la primera vez, en el marco del mecanismo de seguimiento del tratado hemisférico contra este flagelo, que se realiza una inspección de terreno por parte de los examinadores. Es una buena oportunidad, por lo tanto, para que, desde la sociedad civil, se les haga saber claramente cuáles son las impresiones que se tienen en esta materia y promover que las tengan en consideración en el informe que deben emitir en marzo del año próximo. Se impone, en consecuencia, realizar un balance de los últimos años sobre las políticas anticorrupción de nuestro país.
Con relación al acceso a la información pública, uno de los ejes de la transparencia, la situación viene empeorando desde hace aproximadamente tres años. No sólo no se ha sancionado la tan demorada ley de acceso a la información (como existe ya en la mayoría de los países de la región), sino que el Poder Ejecutivo incumple crecientemente con el decreto que regula el acceso dentro de su órbita. Los organismos públicos recurren, cada vez con más frecuencia, a la opinión de la Dirección Nacional de Datos Personales, que responde casi permanentemente que los pedidos en cuestión afectan datos sensibles y no deberían develarse. Así, se ha negado, por ejemplo, información sobre la publicidad oficial que reciben los medios de comunicación privados.
Las últimas normas en materia de transparencia y prevención de la corrupción datan de 2003. Allí se establecieron, además del procedimiento mencionado en el párrafo anterior, formas de participación de la ciudadanía en asuntos públicos, tales como la elaboración participada de normas y las audiencias públicas. Estas herramientas prácticamente no se utilizan y la oficina dedicada a esa materia –en la que revestía funciones y desde donde fue removida hostilmente la promotora de esas medidas, Marta Oyanarte– está abocada a otros asuntos. En esa oficina reposa la postulación de la Argentina a la Alianza de Gobiernos Abiertos, una iniciativa internacional de la que participan cincuenta países que se someten voluntariamente a efectuar planes de acción anuales, junto con la sociedad civil, y a someterlos a evaluaciones externas. La Argentina prometió públicamente, hace tiempo, que se iba a adherir, pero no lo hizo.
La Convención de la OEA expresa que los Estados deben contar con órganos de control superior eficientes. Sin embargo, aquí la mayoría de los entes de este tipo están conformados de manera irregular. Varios están intervenidos (por ejemplo, la CNRT o la CNC), otros nunca fueron conformados (la Comisión de Ética Pública o la Comisión de Defensa de la Competencia) y otros están acéfalos desde hace varios años (la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas). Además, se incumple el artículo sexto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece que los Estados deben contar con órganos independientes especializados en la lucha contra la corrupción. La Oficina Anticorrupción no reviste esa condición, pues sus funcionarios pueden ser designados y escogidos por el Poder Ejecutivo de manera discrecional y no tienen mandatos fijos. La Argentina, como miembro del G-20, se comprometió a cumplir con este tratado internacional.
En cuanto a la independencia de la Justicia, la Asociación por los Derechos Civiles realizó recientemente un estudio en el cual se resaltó que casi un quinto de todos los jueces federales y nacionales son subrogantes. Esto es, no son efectivos y, consecuentemente, no tienen la imparcialidad necesaria para decidir libremente, pues dependen, para su nombramiento efectivo, de decisiones de los poderes políticos. En esa línea, el Consejo de la Magistratura fue reformado hace algunos años con el resultado de que los poderes políticos ahora tienen predominancia sobre los abogados, jueces y académicos. Como consecuencia, los magistrados han perdido otra tajada de su autonomía.
A su vez, pese a que también los pactos internacionales disponen la necesidad de que el país tenga una ley de protección de denunciantes y testigos, hace años que vienen perdiendo estado parlamentario, una y otra vez, las iniciativas que apuntan a cumplir esta obligación y fomentar las denuncias de quien haya tomado conocimiento de este tipo de hechos.
En definitiva, éstos son algunos ejemplos de la grave situación que atravesamos en temas de lucha contra la corrupción. La consecuencia de esto es que nos vamos alejando cada vez más de los países de la región que se toman este flagelo en serio. La OEA ha intervenido en distintas situaciones a lo largo de su historia y su voz ha tenido un fuerte impacto. Ésta es otra oportunidad que tiene ese organismo para hacer una diferencia en un contexto en el que se requiere su intervención.
© LA NACION
