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Distintos, pero parecidos
“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, argumentó el juez federal Sebastián Casanello en el fallo donde procesa por corrupción a Diego Spagnuolo, exabogado y amigo personal del presidente Javier Milei, en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El procesamiento alcanza también al exfuncionario Diego Garbellini; al empresario Miguel Ángel Calvete, a su hija, Ornella Calvete, y a 14 otros acusados. Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, que fueron mencionados en los audios de Spagnuolo que tomaron estado público y que fueron el puntapié para dar comienzo a la investigación, no fueron alcanzados aún por el proceso. Sin embargo, se espera el avance de la causa, ya que el fallo también advierte: “La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado […] sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”, según precisó el magistrado. Está claro que esperarán la declaración de algunos de los procesados para avanzar “hacia arriba”. Claro, desde ayer, el juez a cargo de la investigación será Ariel Lijo, el preferido de Milei para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia. Debido a esa relación que presume confianza, la pregunta apareció enseguida: ¿Lijo debería excusarse?
Este es el primer caso de corrupción gubernamental que alcanza seriamente a la administración libertaria, aunque no hay que soslayar la causa por el escándalo con la criptomoneda $LIBRA, mucho más después de conocerse el contrato firmado entre Hayden Davis y Javier Milei, el 30 de enero de 2025. Una causa que ya debería avanzar en el mismo sentido, sobre todo por la investigación realizada por la Comisión Investigadora que se conformó en Diputados, donde se muestran pruebas contundentes que, curiosamente, la justicia aún no las tomó para, al menos, acelerar la investigación.
También, esta misma semana, Demian Reidel, asesor del presidente Javier Milei, presentó su renuncia al directorio de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa que administra y opera las centrales nucleares en todo el país. Su salida se da en medio de denuncias internas por contratos con presuntos sobreprecios y las tensiones con el asesor presidencial Santiago Caputo. Existen sospechas y una polémica porque Reidel acumulaba deudas por 880 millones de pesos con alto riesgo de insolvencia el pasado 12 de enero, pero, según reveló el sitio El Disenso, esos pasivos desaparecieron de la noche a la mañana, tan solo 18 días después. Pero hay más, dos asesores de Reidel renunciaron hace días cuando el amigo del Presidente, al frente de NASA desde abril del 2025, se vio salpicado por una serie de escándalos en los últimos meses. El más notorio fue la denuncia de una licitación de limpieza de Atucha y Embalse, con sobreprecios de hasta el 140%. Aún dan vueltas las denuncias realizadas en el PAMI por exfuncionarios libertarios, entre otras causas que tomaron estado público y que la justicia aún debe investigar. Más trabajo para la justicia.
Demasiado para tan poco tiempo de gestión. Vivimos en un país donde la corrupción pública fue parte central del debate político durante dos décadas. Hoy una expresidenta, Cristina Kirchner está presa, su ex vicepresidente Amado Boudou también lo estuvo, decenas de exfuncionarios y empresarios fueron condenados o están bajo procesos en causas como Vialidad y Cuadernos. Argentina expresó en las urnas la necesidad de un cambio moral. Era imperioso construir un camino pleno de acciones y actitudes cotidianas que nos devolvieran la confianza en la política, con una gestión transparente, para salir de la permanente judicialización y de la oscuridad recurrente. Esa fue, sin dudas, una de las razones por la que la sociedad confió en Javier Milei, un outsider, alguien que no era “casta” y que prometía con vehemencia llevarse puesto todo ese pasado. No solo no lo hizo, sino que lo está copiando aceleradamente.
Una consecuencia de esto es que la Argentina obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) elaborado todos los años por la ONG Transparencia Internacional. La calificación corresponde al año pasado y es un punto menor a la registrada en 2024, por lo que los especialistas concluyen que “se percibe como un país más corrupto”, así es que en el “Ranking global” nuestro país retrocedió 4 puestos. No es gratis para la mirada del mundo, y para los organismos que miden la marcha de la corrupción, que en 2024 el gobierno nacional dictara un decreto que estableció una serie de restricciones al acceso a la información pública. En rigor, la norma dictada por el presidente Javier Milei reglamentó siete artículos de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016. Lo hizo en su mejor momento de apoyo social. Sin embargo, diversos especialistas y organizaciones de la sociedad civil cuestionaron el decreto y su validez para poder imponerse al valor de una ley. No hubo marcha atrás. Fue ponerle un moño a la opacidad con la que el gobierno maneja todos los temas ligados a denuncias de corrupción, como los mencionados y que hoy ya tienen funcionarios procesados como la causa Andis. Pero también el acuerdo con Estados Unidos por el swap, donde el secretario del Tesoro dijo que su país “ganó mucho dinero”, o el destino de las 37 toneladas de oro que salieron del país y eran reservas del Banco Central y del que no existe ninguna respuesta oficial. El gobierno, del mismo modo que lo hacía el kirchnerismo, oculta información y dificulta cualquier tipo de investigación administrativa. Y lo más grave, el Presidente quedó expuesto con una gran mentira en la Causa $LIBRA, decenas de veces dijo que solo “reposteó” un tuit de un proyecto que parecía interesante. Nunca dijo que tenía un contrato firmado con Hayden Davis, aun cuando se lo preguntaron, directamente mintió. Fue el periodismo, esa profesión que Milei incita a odiar, la que lo expuso. En países con instituciones más aceitadas e independientes probablemente el Congreso convocaría al presidente para dar explicaciones.
¿Estamos ante otra posibilidad perdida? ¿Otra vez la corrupción centraliza el debate político y expone a los jueces en los tiempos de actuación? Esto ya lo vivimos, pensamos que era patrimonio de un partido político que se había adueñado del estado, al que convirtió en un anexo de sus acciones partidarias para utilizar sus recursos y también como un accesible “botín de guerra”. Contra esos protagonistas se prometió luchar, pero hasta ahora al parecer solo les hacen concesiones. Lo vimos estos días con la negociación de la Ley de reforma laboral, dejaron que los personeros de la burocracia sindical conservaran el 100% de los recursos de las obras sociales sindicales que, además, podrán también sostener las cuotas solidarias y mantener a los empleadores como agentes de retención del pago de afiliación sindical. La caja de los “gordos” no se toca. Con los gobernadores pasó lo mismo, mucho se habló en la previa que la reforma laboral llevaba consigo una baja de impuestos, promesa enunciada hasta el hartazgo y nunca cumplida. Sin embargo, se decidió quitar el capítulo que baja el impuesto a las ganancias y que desfinancia las arcas provinciales. Entonces no hay mejora tributaria, no se alteraría el modelo sindical, pero quedaron todos los artículos que eliminan derechos a los trabajadores. Estos capítulos entraron al recinto sin modificar una coma. El diputado Esteban Paulón decía ayer en el Congreso: “Claramente no es modernización, es precarización”.
El gobierno de Javier Milei se ha ufanado de que su propósito es “destruir el estado”. Al Estado se lo puede hacer más eficiente, achicharlo, transparentarlo, pero que un jefe de Estado anuncie que va a “destruir” la entidad jurídico- política y social que organiza a una comunidad para la que fue elegido, se parece más un capítulo de una novela distópica que a la realidad en la cual conviven las sociedades.
En definitiva, la palabra corrupción, que siempre se asoció con el kirchnerismo, de a poco comienza a sonar cerca del “mileísmo”. Y no es la única semejanza. El gobierno está perdiendo confianza en la forma en que se manejan los indicadores sociales y económicos -tema Indec- tal como le sucedió al kirchnerismo. Con apoyo popular -como lo tuvo en su momento el kirchnerismo- y colaboración de un sector de la oposición, incluso ha logrado que se abracen a comportamientos populistas aquellos que, ante otro gobierno, daban la vida por el republicanismo.
Pero a esta historia aún le falta mucho para que nos muestre un final. Pero imitar lo peor del kirchnerismo no parece el mejor camino. Y en cuanto a los favores populares, la única certeza es que nada es para siempre.
