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La diferencia entre los actos y las palabras
Néstor Kirchner suele recurrir a los actos para enmendar las palabras. Algunas ceremonias de los últimos días han significado la aceptación implícita de conflictos cuya existencia se refutaba. Pruebas: el régimen de premios y castigos para el consumo de gas y electricidad, y la urgente puesta en marcha de una comisión técnica bilateral con Chile, por las complicadas exportaciones energéticas argentinas. Sólo el tiempo que le lleva acomodar la política a las necesidades concretas parece circular con un ritmo tan cansino como aburrido.
Otra novedad sucedió en el despacho presidencial. Por primera vez, Kirchner aceptó reunir en una mesa de debate a algunos de sus ministros: Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Julio De Vido, y al secretario de Energía, Daniel Cameron. Las disidencias soterradas entre Lavagna y De Vido, y entre éste y Cameron, fueron parte del problema energético y nunca de su solución.
Si a aquel grupo se le hubiera sumado, en el principio de las cosas, el canciller Rafael Bielsa, la crisis energética sería, tal vez, menos voluminosa y no se hubiera llegado al peligroso grado de tensión con Chile.
Kirchner gasta muchas horas por día para aclarar que la crisis de la energía no es una mala obra suya. ¿Quién le ha colgado esa mochila? El conflicto de la energía es una conclusión perfecta del colapso argentino, que comenzó a incubarse desde 1997 y estalló entre fines de 2001 y principios de 2002.
La Argentina resucita con demasiada rapidez, tal vez porque se acostumbró a morir con demasiada asiduidad. Pero algunas secuelas quedan siempre, forzosamente, de semejantes porrazos. La única culpa de Kirchner fue no haberse decidido antes a resolver el problema de las tarifas, abruptamente pesificadas, y la reconstrucción de los contratos rotos. Esas decisiones le hubieran dado aire a una nueva marea de inversiones. Ahora, en aquella reunión con Lavagna y De Vido, Kirchner apuró también el trámite de varios contratos de empresas privatizadas, que no tienen que ver con la energía.
Quizá lo más tangible del plan energético que se anunciará el 11 de este mes (que se había previsto para mañana) será la construcción de un gasoducto nuevo desde el sur del país, que podría estar terminado, mediante varios by pass en el camino, en el próximo año.
En lo inmediato, aquel sistema de premios y castigos (que significará un portentoso aumento de tarifas para los hogares que no ahorren energía) precederá, seguramente, al próximo y último paso que les queda: racionar el GNC para los usuarios privados. La política mete la cola: son cerca de un millón de beneficiarios de tarifas subsidiadas. Son muchos votos , dicen los políticos de la administración. Los economistas barruntan, en cambio, que el mal trago es un bache incómodo pero ineludible en el camino.
Resalta como una decisión política del próximo plan energético la creación de una empresa estatal de petróleo. En rigor, no se tratará más que de una oficina con equipos de técnicos en condiciones de detectar zonas de exploración y explotación. El Estado se asociará luego, con un porcentaje de sólo entre el 5 y el 10 por ciento, con empresas privadas de cualquier origen y estatales extranjeras para que éstas ejecuten la obra.
Empresas estatales hay en muchos países serios del mundo, pero el problema es el precedente argentino y el Estado argentino. La represa hidroeléctrica de Yacyretá, un emprendimiento que ya forma parte de la vida de casi todos los argentinos más como una fantasía que como un proyecto, lleva gastados 10 mil millones de dólares en 30 años y no se la terminó todavía. Ingresó ahora en el Senado norteamericano como un caso emblemático de corrupción.
Hubo un tránsito entre el viejo Estado, adiposo e inepto, y la inexistencia absoluta del Estado, en los años 90. Según los trágicos contoneos argentinos, ¿estamos acaso ante el nacimiento de un nuevo tramo histórico con un Estado capitalista y omnipresente? Kirchner no hará eso; no son ésas sus ideas , aseguran muy cerca de él. Es posible que sólo se trate de ideas módicas, pero algunos proyectos faraónicos serpentean por ciertas oficinas de la administración.
Hay conceptos equivocados, incluso. La famosa acción de oro de Repsol YPF existe a pesar del lamento presidencial por su pérdida. Existe si se la entiende como acciones privilegiadas en manos del Estado, con derecho a veto para varias decisiones estratégicas, con un sillón reservado para el Estado argentino en el directorio y con un síndico. El único requisito no cumplido corrió por cuenta del Estado: su representante debió ser siempre una persona conocedora de las necesidades y de las ignorancias del Estado, y no ser un premio para amigos del poder.
Juan Gabriel Valdez, embajador chileno en Buenos Aires, tiene la virtud de la honestidad intelectual. Acaba de declarar al diario español El País que en estos momentos surgen en Chile los viejos y peores fantasmas del pasado para gritar en el Patio de Armas . Pintó el cuadro con realismo.
La crisis actual es un camino muy estrecho. Las palabras traen palabras y los actos traen actos. La milagrosa distensión política con Chile existe, pero es muy joven. Al revés de la sociedad argentina, donde la rivalidad con Chile se reduce al fútbol, en la sociedad chilena hay un porcentaje (que no es mayoritario) con certezas antiargentinas. Ricardo Lagos, el presidente más preparado de América latina, debió endurecer sus palabras para que sus opositores no hicieran una fiesta más grande de la que ya hicieron. La coalición gobernante en Chile está pagando con sangre la crisis del gas.
La Argentina tiene argumentos para conducir diplomáticamente el conflicto por la buena senda. Pudo lamentarse por desconocer el protocolo de 1995 y mostrar sus propios esfuerzos internos por la carencia de gas: la crisis energética ya le costó al país 1300 millones de pesos (por la compra de fuel oil a Venezuela y la importación de gas boliviano), debió elaborar un virtual plan de racionamiento para los hogares y restarle energía a la convaleciente industria argentina. Sólo eso (y una información precisa y previsible que nunca existió) hubiera bajado la espuma del conflicto con Chile.
La distensión con Chile es una de las pocas políticas de Estado de la democracia argentina. Empezó con Raúl Alfonsín, a quien le tocó la peor parte porque instruyó a su gobierno a acordar con Chile y a elaborar planes de integración cuando todavía Augusto Pinochet gobernaba en Santiago. Carlos Menem terminó con 22 conflictos limítrofes con Chile. Esos precedentes dieron lugar luego al acuerdo de integración energética de 1995.
La superación del problema actual sucedería si el gobierno de Kirchner asegurara que no faltará gas en ningún hogar argentino ni en un ningún hogar chileno, y si se empezara a trabajar, rápidamente, en proyectos conjuntos argentino-chilenos para invertir en la exploración y exportación de gas. Kirchner está dispuesto a hacer la primera y crucial promesa, pero quiere estar seguro de que podrá cumplirla.
La única suerte de esta crisis con Chile, descuidada por la administración argentina, es que en el palacio de La Moneda está sentado Lagos. Pero su voluntad de acordar, su vocación intelectual y humana de hombre pacífico, tiene los límites de una política chilena en crispación electoral.
Kirchner debería demostrar, con sus actos, la amistad con Lagos que proclama con sus palabras.
