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La grieta se hace Corte
Mucho antes de que se lanzara la primera flecha, la guerra ya había comenzado.
No se trata de las justificaciones públicas para iniciar la escalada, ni de los notorios intentos de disfrazar una marcha amañada, avalada por el presidente de la Nación, como un reclamo popular.
La situación refleja una batalla de poderes, cuya relación de fuerzas intenta ser modificada por aquél que siente comprometidas las propias.
Parafraseando a Victoria Ocampo, el tan elástico argumento de la justicia puede estirarse en cualquier sentido y la política lo emplea para defender las causas más contradictorias y los mayores desatinos.
Los embates a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cruzan la historia argentina. Algunos más sutiles buscan reemplazar jugadores hasta obtener la mayoría complaciente que requieren. Otros -más urgidos-, promueven la ampliación o reducción del número de sus miembros hasta volverse dominantes con las designaciones. Cuando no es posible, comienzan a sitiarla con variados recursos, que van desde intentar disminuir su poder, limitar su competencia, crear nuevas estructuras, o “impulsar” la renuncia de sus miembros.
Ninguna marcha construirá una épica que avale un golpe institucional. Ninguna contramarcha debería validar esa idea, ni siquiera desde la resistencia. La sola realización de lo que algunos podrían tildar como “la campaña de la impunidad”, es ya su talón de Aquiles.
Entre marchas y contramarchas, la grieta se hace corte.
Nadie con espíritu republicano avalaría una movilización promovida por el Máximo Tribunal de Justicia -o por sus miembros- contra el Ejecutivo, con la excusa de que la Oficina Anticorrupción no realiza denuncias contra el poder del que depende; se retira de las querellas que perjudican a algunos de sus integrantes; o no postula candidatos para completar su vocalía vacante que le permitiría funcionar plenamente. O contra el Congreso, porque el Senado no trata la designación del Procurador General de la Nación; o decenas de pliegos de jueces -situación que debilita al sistema-; o porqué ambas Cámaras no escogen al Defensor del Pueblo de la Nación.
Si el motivo de la marcha fuera “el mal funcionamiento de la Justicia”, las responsabilidades serían compartidas por las máximas autoridades de los tres poderes, en tanto la falla es sistémica y multicausal.
Los integrantes de la Corte Suprema, sin embargo, no deberían especular sobre si estos ataques terminarán (o no) favoreciéndolos. La Corte tiene mucho que pulir en su calidad institucional. Pero esas adecuaciones deberían promoverse con mejoras internas de funcionamiento, reformas consensuadas con el poder político, y modificaciones promovidas a través del marco constitucional.
El más alto tribunal de Justicia adeuda, entre otros ajustes, exhibir un reglamento interno público y accesible a cualquier ciudadano; asignar una clasificación de “prioridad institucional” a determinadas causas para su tratamiento preferencial (demoró más de 5 años en declarar inconstitucional la ley que modificó la composición del Consejo de la Magistratura); facilitar los mecanismos de acceso a sus declaraciones patrimoniales; o crear un órgano garante en materia de acceso a la información pública que resuelva los reclamos por incumplimientos del mismo tribunal.
No obstante, ninguna de esas falencias justifica semejante ataque. Una razón más profunda anida en el eje de la arremetida: las causas sensibles que aún debe resolver la cabeza del Poder Judicial. Al fin y al cabo, la única supremacía importante es la aplicación sin privilegios de la ley.
Director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral
