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La guerra de los pollos
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LA reciente aplicación de un derecho antidumping aplicado por nuestro país a las importaciones de pollos procedentes de Brasil ha dado lugar a un conflicto comercial a partir de la disconformidad expresada por las autoridades del vecino país. Por lo pronto, han sugerido recurrir a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, también, al Mecanismo de Solución de Diferencias del Mercosur.
El dumping consiste en la venta para exportación a precios inferiores a los que las empresas venden a los consumidores del país de origen. La medida argentina estableció un precio mínimo de importación de 0,98 peso por kilo de ave para algunas empresas y de 0,92 para otras, montos determinados por una investigación realizada acerca del precio al que se vende el producto en Brasil. Si el precio de la importación, por cierto en condiciones comerciales equivalentes, resulta inferior, se aplica un derecho antidumping igual a la diferencia. Para llegar a esta decisión del gobierno argentino las empresas avícolas han debido mostrar el perjuicio que les causa la importación en tales condiciones, proceso que ha demorado varios años.
La intención brasileña de acudir a la OMC no debería dar lugar al gesto de rasgarse las vestiduras. Por el contrario, podría significar un procedimiento útil y transparente para dirimir esta controversia, y tal vez otras. Desde su creación, en 1995, el órgano de esa institución internacional dedicado a resolver cuestionamientos comerciales ha dado ingreso a más de 200 casos, algunos de ellos resonantes, sin que ello haya erosionado las relaciones entre las naciones involucradas. Por el contrario, el sistema brinda un mecanismo idóneo que permite llegar a un fallo imparcial, técnica y legalmente aceptado, que coloca la cuestión en un carril que las separa de los espinosos e irritantes debates bilaterales, que suelen insinuar amenazas de represalias con riesgo para el mantenimiento de buenas relaciones hasta en ámbitos de mayor jerarquía que el comercial. Otro camino para buscar una solución es la formación de un tribunal ad hoc previsto en el Mercosur, sistema cuya restringida aplicación no ha resultado hasta el momento muy alentadora. Una tercera vía sería un acuerdo de comercio administrado entre privados, de difícil consistencia, tanto normativa como en términos de aplicación. El tema tiene otros ingredientes importantes que gravitan en la cuestión. Por un lado, no puede desconocerse que la devaluación brasileña favorece la ecuación exportadora del país vecino, mientras que, por otro, habría un componente de subsidios a la exportación que, si bien no se debate en el caso planteado, sería uno de los motivos que impulsan la exportación a precios menores que los internos.
El sector avícola argentino es hoy de gran magnitud. Están comprometidas en él importantes inversiones, fuentes de empleo y la aptitud principal de producción de varias regiones del país. Su expansión en las últimas tres décadas ha sido tal que hoy representa una porción sustancial de la dieta argentina y equivale en valor al 35 % de la producción de carnes vacunas. Su defensa, siempre en condiciones compatibles con el ordenamiento legal interno e internacional, parece, entonces, indispensable.
