La impotencia kirchnerista ante la nueva cartografía del poder real
El peronismo sucumbe en medio de su falta de liderazgos, la crisis de representatividad sindical, una retórica desestabilizadora y denuncias de traición
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LA NACIONFernando Laborda
El avance en el Congreso de un proyecto de ley como el de modernización laboral, cuya sanción parecía impensable hasta no hace mucho, es no solo el reflejo de una nueva etapa para el gobierno de Javier Milei en sus relaciones con el Poder Legislativo, sino también un indicador más de la profunda crisis del peronismo y de la decadencia de una dirigencia kirchnerista que busca aferrarse al poder partidario y obstaculizar cualquier tentativa de renovación.
El reciente debate en la Cámara de Diputados, donde la iniciativa oficial de reforma laboral recibió 135 votos a favor y 115 en contra, brindó numerosos ejemplos de legisladores kirchneristas que se destacaron por una retórica que atrasa ochenta años y que mostraron una radicalización que pareció hacerlos competir con sus pares de la izquierda más ortodoxa.
Más aún, no pocos parlamentarios kirchneristas pusieron en sus intervenciones más énfasis en reprochar a sus pares de extracción peronista su decisión de prestarse a dar quorum o de votar la iniciativa oficial que en aportar fundadas críticas a la norma en discusión. Varios de ellos, como Hugo Moyano (hijo), llegaron a hablar de “traición” y otros, como Máximo Kirchner, lo insinuaron.
Se trató de una elocuente muestra de impotencia por parte de un movimiento político que hoy carece de un liderazgo claro, que es testigo de la crisis de representatividad de buena parte del sindicalismo, su histórica columna vertebral, y que sufre ante una nueva cartografía del poder real, que ha arrastrado a algunos gobernadores provinciales peronistas a estar más cerca de Milei que de Cristina Kirchner.
Los abogados de Cristina Kirchner solo parecen esperar seguir demorando el remate de sus bienes y propiedades
La condenada expresidenta continúa recibiendo malas señales desde el Poder Judicial. Sus abogados solo parecen esperar seguir demorando hasta el infinito el remate de los bienes y propiedades de la familia Kirchner con los cuales se debería pagar la multimillonaria condena impuesta por la Justicia. El plazo para que Cristina Kirchner devuelva lo que, según el fallo de la causa Vialidad, ha robado venció hace algo más de seis meses. En las últimas horas, la Cámara Federal de Casación Penal fijó una audiencia para el 5 de marzo con el propósito de definir la suerte de los planteos sobre el decomiso de bienes de la exjefa del Estado presa.
Quienes en el peronismo intentan seguir navegando a la sombra de la exmandataria solo pueden apostar a que al gobierno de Milei le vaya muy mal. Algunos pensaron que el anunciado cierre de la empresa Fate y su secuela de 920 despidos, junto al efecto cascada que podría provocar en sus proveedores, les podría otorgar un respiro político. Pero el drama de esos dirigentes es que han dejado de ser confiables para la sociedad después de 16 años de gestiones presidenciales kirchneristas en las que abundaron los escándalos de corrupción.
Apenas 13 de cada 10 argentinos se desempeña laboralmente en el sector privado, al tiempo que una Pyme recibe en promedio una demanda en la Justicia del Trabajo por cada 10 empleados que contrata. Son las consecuencias de problemas estructurales que arrastra la Argentina desde hace años, vinculados con la inseguridad jurídica y la falta de confianza a la hora de adoptar decisiones asociadas a la inversión productiva.
El proclamado objetivo del proyecto de ley de modernización laboral, que podría terminar de sancionarse la semana próximo en el Senado, es reducir el costo y la incertidumbre de contratar trabajadores para incentivar la inversión privada. Las mayores expectativas están puestas, más que en las normas flexibilizadoras de las relaciones del trabajo, en los beneficios fiscales que promueven dos regímenes especiales: el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Régimen de Incentivo para Medianas Empresas (RIME). El primero propicia que, durante un año, por cada nuevo trabajador, el empleador pague menos contribuciones patronales: solo el 8%, incluido el 3% destinado al nuevo fondo de indemnizaciones por despido. El segundo régimen concede beneficios impositivos y estabilidad para fomentar inversiones productivas.
La crítica que, desde la oposición, se les hizo a estos regímenes es que terminarán financiando el fondo de indemnizaciones con recursos que se le sacan al sistema previsional, de manera que “los futuros jubilados financiarán los despidos”, según la apreciación del diputado Miguel Ángel Pichetto. Esta cuestionada decisión del Gobierno podría estar indicando que el inicio del debate sobre la reforma del sistema jubilatorio no debería demorarse demasiado.
La apuesta del Gobierno es, sin embargo, que las medidas orientadas a terminar con la industria de los juicios laborales, junto a los incentivos impositivos, alienten el empleo registrado. Sin nuevas inversiones no habrá crecimiento. Y sin crecimiento no habrá flexibilidad laboral que alcance para generar empleo sostenido.
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