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La incertidumbre del nuevo Código Civil
El desarrollo depende de decisiones en materia productiva, bancaria, financiera y comercial. Pero los sujetos económicos -personas, empresas y gobiernos- también tienen muy en cuenta la legislación de cada país.
Los códigos deben ser realistas, como los hizo Vélez Sársfield, economista y abogado de experiencia profesional y política que sabía que el desarrollo necesita reglas claras, estables y que aseguren los derechos de las personas, trabajadores y empresas.
Con un sistema legal cambiante, burocrático, ineficiente y estructuralmente corruptor, la inversión escapa a lugares seguros y sin incertidumbres ni arbitrariedades a países donde un funcionario todopoderoso o corrupto no pueda hacer tambalear el emprendimiento o beneficie al competidor. Las inversiones serias, que crean trabajo, necesitan seguridad jurídica, sistemas políticos decentes y leyes maduras, coherentes y que no fomenten el caos ni la impunidad.
Así eran los códigos de Vélez que promulgaron Mitre y Sarmiento y permitieron el desarrollo de un gran país. Pero inauguramos este siglo con una crisis antológica, desaprovechamos la mejor década de nuestra historia exportadora y estamos con inflación galopante, inseguridad física, pobreza y narcotráfico crecientes, producción en caída, déficit energético inconcebible y una estructura legal que favorece la corrupción. Ni los argentinos creen en el país: más de 200.000 millones de dólares de empresas y personas argentinas huyeron de los riesgos locales.
En pocos meses, la lapicera presidencial cambiará de mano. Con algo de sensatez, ese mero cambio será una buena noticia para la estabilidad y la cordura. Necesitaremos reinsertarnos en el mundo, recreando un sistema político y económico comparable a los países que prosperan, que sea moderno y realista, sin utopías populistas y con real solidaridad social.
Además, debemos restaurar un sistema legal sólido, estable, conocido y seguro, que ha sido destruido por el kirchnerismo con leyes que generan caos, limitan la libertad individual, impiden la seguridad mínima que necesitan las inversiones y nos condenan a ser una tierra de oportunistas.
Nos convirtieron en un país de empresarios del poder, donde el dinero no se gana produciendo, sino siendo contratista y socio del gobierno.
Para peor, la presidenta Kirchner dinamitó el eje de nuestro sistema legal, los códigos Civil y Comercial, que estaban estabilizados y perfeccionados tras 150 años de jurisprudencia y doctrina. Ningún gobierno, ni siquiera el de Néstor Kirchner, los había destruido para crear un régimen supuestamente nuevo.
El fracaso de los pocos intentos anteriores fue, en realidad, éxito de la madurez jurídica: las leyes buenas no son las que revolucionan, sino las que evolucionan.
Además, reemplazar códigos es una técnica legislativa en desuso. Ningún país, salvo la Italia fascista en 1942, cambió su codificación de golpe, porque las aventuras legislativas son incompatibles con el progreso. Pero en materia civil ya nos rige el código Kirchner, que pocas personas conocen y apenas están en condiciones de aplicar.
Este código nos regula en todos los aspectos de nuestras vidas y, de un día para el otro, es el que rige en toda la Argentina. A los inversores habrá que convencerlos de que vengan a un país donde las leyes fundamentales son tan nuevas que no las dominan ni los abogados ni los jueces. El lector puede constatarlo consultando a su abogado; con eso bastaría para constatar el grado de certidumbre jurídica que hoy existe en el país.
Conocer y estabilizar este Código con jurisprudencia y doctrina llevará al menos 50 años. Quienes lo están enseñando en las aulas sólo saben un poco más que el resto, porque en verdad nunca ha regido. Sus promotores lo califican de "abierto al activismo judicial" o de "un cambio de paradigma con soluciones concretas para la gente", que además "define la ciudadanía del siglo XXI". Es fácil imaginar qué cambia: ciertas cuestiones esenciales que nos rigen desde hace 150 años. ¿Era necesario? ¿Había una urgencia real en semejante reforma, sólo votada por el oficialismo? Con el nuevo código, ¿tenemos más soluciones o más problemas?
Ojalá que el próximo gobierno, además de revisar otras leyes, suspenda de inmediato este código y lo mande a una revisión profunda, para aprovechar lo útil que pueda tener, pero agregándolo al anterior, y no reemplazando todo lo bueno que tiene el código de Vélez, al que se suman 150 años de sabiduría que lo potencian.
En las materias que necesitan cambios deben dictarse leyes especiales. Minoridad, adopción, consumidor, matrimonio y otros temas pueden reformarse sin dinamitar todo el derecho privado.
El desarrollo y las buenas leyes son el resultado de la evolución, no del caos. Como en los países libres del mundo, nuestro sistema legal puede mejorar sin autodestruirse ni explotar, de manera firme y pacífica.
Actuemos con equilibrio, con firmeza, sin autoritarismo y con una renovación sin revanchismos. Que la política nos dé buenas leyes y mejor administración, y que la Justicia haga respetar la Constitución y termine con la impunidad actuando con rapidez. Así, tendremos un país con menos incertidumbres y más libertad.
Abogado, ex consejero de la Magistratura
