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La inseguridad, indicio de desigualdad
A pesar de la falta de estadísticas confiables, la relación que existe entre la inequidad y el índice de delitos puede comprobarse en la Argentina, dice el autor; señal del fracaso de un gobierno que se dice progresista
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Para defender la idea de que estamos frente a una década "ganada", la Presidenta y los funcionarios del Gobierno recurren cotidianamente a las cifras de crecimiento. Sin embargo, pocas veces hacen referencias a las estadísticas de desigualdad que, sin duda, representan un patrón de referencia fundamental para determinar si hemos sabido aprovechar ese aumento en el Producto Bruto Interno para construir una país más justo. Las mejores sociedades no son las que más tienen sino las que han sabido organizarse para que todos sus ciudadanos puedan vivir una vida que merezca ser vivida.
El problema evidente que existe para evaluar el estado de situación en esa materia es que la ruinosa intervención -y consecuente desmantelamiento- del Indec no sólo ha repercutido en los cálculos de inflación sino también en mediciones que son fundamentales para calcular el índice GINI, que mide la diferencia de ingresos entre los sectores pudientes y los desaventajados. Incluso, los organismos internacionales, como el Banco Mundial, que publican cifras de cada uno de los países, basan sus publicaciones en las investigaciones que realizan los encargados locales de las mediciones. Más allá de que existen algunas estimaciones privadas, no hay ningún actor con capacidad suficiente para medir la situación de inequidad de un país, por lo que hasta que se restablezca la normalidad en dicho organismo público tendremos que conformarnos con meras elucubraciones. Eso causa un perjuicio cuya gravedad aún es difícil de cuantificar. Una ciudadanía que no tiene posibilidad de tener acceso a información tan central no puede saber hacia dónde se dirige.
Uno de los signos de que no parece haber habido avances en materia de igualdad tiene que ver con el evidente aumento de los delitos comunes contra la propiedad, problema al que suele referirse como "inseguridad". Más allá de que también aquí las cifras que existen son imprecisas, el propio Gobierno pasó a reconocer, en el último tiempo, que se produjo un claro incremento en la cantidad de este tipo de hechos.
De acuerdo con las investigaciones de las ciencias sociales y económicas, inequidad e inseguridad son dos variables que tienen un vínculo bastante estrecho. A pesar de que el debate público no se detiene suficientemente en las causas del delito sino en el castigo, existen numerosos estudios que ligan el aumento de los crímenes comunes con la desigualdad. Según un trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba, en varias provincias, por cada incremento del 1% en la tasa de personas excluidas en el país, trepa entre el 1,65 y 2,34% la probabilidad de que el delito crezca.
Entre los expertos internacionales más reconocidos, la "teoría económica del crimen" de Becker afirma que los individuos comparan los resultados de destinar su tiempo entre actividades legales y delictivas y la posibilidad y severidad de un potencial castigo. En este modelo, la inequidad urbana deriva en una mayor tasa de crimen, al situar cerca a personas con bajos incentivos para realizar actividades lícitas (por ser muy baja la remuneración por actividades laborales) con otros que exhiben bienes costosos. La teoría de la presión ( strain theory ), iniciada por Merton, dice que los individuos menos exitosos se ven frustrados en la comparación con aquellos más exitosos. A su vez, la teoría de la desorganización social, esbozada por Shaw y McKay, sostiene que el crimen ocurre cuando los mecanismos de control social están debilitados. En las áreas donde se concentra la riqueza suelen aparecer zonas de pobreza muy informales, que pueden tomar la forma de villas de emergencia, en las cuales suele producirse mucha movilidad e inestabilidad familiar. De acuerdo con Kelly, ninguna de las teorías explica por sí sola las circunstancias que vinculan la desigualdad con estos delitos pero cada una de ellas realiza un aporte decisivo para considerar adecuada su fundamentación.
En un período de globalización como el actual, donde el conocimiento de los objetos de consumo y deseo atraviesa todos los estratos sociales, solo una separación física absoluta entre quienes acceden a ellos y quienes no lo hacen podría en teoría prevenir el delito, si es que los menos favorecidos no vislumbran siquiera una proyección de que su condición podrá apreciarse y mejorar sus oportunidades.
Si a la pobreza y marginación se agrega la ausencia casi completa de políticas estatales de combate a drogas tan destructivas como el paco, que está convirtiendo a la actual generación de jóvenes de clase baja en una "generación perdida", es muy previsible una expansión de este tipo de delitos como la que está ocurriendo.
El enfoque "punitivista", que limita la discusión al castigo de los autores de delitos, solo trae más pobreza, exclusión y más crímenes. Al generarse la necesidad de destinar grandes partidas presupuestarias a combatir el crimen con políticas de corto plazo, a través de, principalmente, gastos en prisiones, se genera un círculo vicioso cada vez más grande. La Argentina destina más de 30.000 dólares por año por cada una de las aproximadamente cincuenta mil personas encarceladas. Ello es doblemente gravoso para los pobres pues, por un lado, aumenta su exclusión y, por el otro, resta fondos al presupuesto que podrían destinarse a políticas vinculadas a educación, salud o nutrición que sirvan para disminuir la desigualdad. A su vez, quien va a prisión debe sumar a la condena el estigma de sus antecedentes penales, que seguramente le impedirán sumarse al mercado laboral.
La ausencia de políticas públicas que mejoren las capacidades y oportunidades de los jóvenes no se debe a la falta de recursos económicos. La Argentina es un país de renta media que tiene un presupuesto suficiente como para iniciar acciones estructurales que inicien un camino en el cual algunos de los casi dos millones de jóvenes "ni ni", que no estudian ni trabajan sean asistidos por el Estado para capacitarse e identificar posibilidad de crecimiento personal y profesional. Una parte relevante del presupuesto nacional va dirigido a programas que no están destinados a derechos fundamentales, como los miles de millones de pesos que van a la publicidad oficial, las transmisiones futbolísticas o los subsidios de servicios públicos para personas de medianos y altos recursos, por lo que podrían reconducirse hacia esas vulneraciones tan urgentes.
La inseguridad es uno de los temas que, con razón, más preocupan a la ciudadanía. Sin embargo, el estado de cosas actual no es causa de la ausencia de castigo, pues nunca hubo tal cantidad de presos en Argentina, sino de un estado de desigualdad que no solo no mejora sino que brinda indicios de empeorar. Si a eso se le suma la falta de persecución de los delitos económicos cometidos por ciudadanos de altos recursos, se advierte el fracaso en la misión de un gobierno que se autodenomina progresista.
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