La inseguridad jaquea a la población e interpela al Gobierno

Al tiempo que el auge de la delincuencia ha crecido con particular fuerza como preocupación ciudadana en las últimas semanas, las políticas del gobierno nacional en materia de seguridad se han convertido en el aspecto más cuestionado por la opinión pública. En tal sentido, el 73% de la población considera insatisfactoria la gestión de Alberto Fernández para combatir el delito, en tanto que apenas el 22% exhibe conformidad, de acuerdo con la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés.

Según ese sondeo, la corrupción es la preocupación que alcanza el mayor porcentaje de menciones (38%) entre los principales problemas del país, seguido por el desempleo/la falta de trabajo y por la inseguridad/la delincuencia/los robos, citados en ambos casos por el 30% de la gente.

Al margen de algunos casos de enorme resonancia pública, como el del jubilado Jorge Ríos, que durante un brutal asalto a su casa en Quilmes le disparó y mató a un delincuente, la cantidad de delitos registrados en los dos últimos meses en el Gran Buenos Aires se incrementó notablemente respecto de los primeros tiempos de la cuarentena.

Del mismo modo, empiezan a cobrar cada vez más trascendencia los casos de justicia por mano propia. Un episodio parecido al de Quilmes se registró recientemente en Mar del Plata, cuando otro jubilado, de 81 años, mató a un joven que intentó ingresar a su casa por una ventana junto a otros dos delincuentes. El ladrón había salido de la prisión durante el período de la cuarentena.

Ayer, en La Plata, vecinos atraparon y casi linchan a un delincuente que acababa de asaltar una panadería. Curiosamente, ese sujeto también había salido de la cárcel poco tiempo atrás.

La liberación de presos dispuestos por algunos jueces con el controvertido pretexto de evitar contagios de coronavirus en las cárceles ha sido una de las medidas más cuestionadas por la opinión pública, que inevitablemente asocia con aquel fenómeno el aumento de la delincuencia que está teniendo lugar, junto a las mayores dificultades socioeconómicas por las que atraviesa la Argentina.

El crecimiento del delito no se ha limitado al conurbano bonaerense. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también ha sido blanco de una mayor actividad delictiva en los últimos días. Por caso, en una zona del barrio de Belgrano, comprendida por un radio de cuatro cuadras, se registraron nueve robos a comercios en diez días. Y en el barrio de Flores, días atrás, durante un intento de asalto a una zapatería, murió un delincuente en circunstancias no esclarecidas.

En el ámbito metropolitano, tanto los robos a personas, como los de vehículos y los cometidos contra las viviendas aumentaron exponencialmente entre abril y junio. Y el dato que más llama la atención es el grado extremo de violencia con el que están actuando los delincuentes.

Los funcionarios se llenan la boca hablando del Estado presente, pero se muestran indolentes o incapaces frente a uno de los deberes esenciales de todo Estado: garantizar la seguridad

Mientras la preocupación por la inseguridad se profundiza día tras día, los ministros de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, continúan enfrascados en una mediática disputa por espacios de poder.

De acuerdo con el estudio de opinión pública de la Universidad de San Andrés mencionado al principio de esta nota, y llevado a cabo entre el 1° y el 9 de julio entre 1010 personas en todo el país, no solo la política de seguridad ocupa el último lugar en el ranking de satisfacción sobre las políticas del gobierno nacional. La imagen negativa de la ministra Frederic subió al 32% contra una percepción positiva del 16%, lo que arroja un diferencial negativo del 16%, que podría ser mayor si no fuera porque alrededor de un tercio de los consultados señalan que no la conocen.

Curiosamente, de acuerdo con el mismo sondeo, la imagen de Berni es algo mejor: ostenta una imagen positiva del 34% y tiene una percepción negativa para el 38% de la población encuestada, lo cual da cuenta de un diferencial negativo del 4%.

El dato de los últimos días es que la inseguridad crece como inquietud ciudadana. Paradójicamente, los funcionarios se llenan la boca hablando del "Estado presente", pero se muestran indolentes o incapaces frente a uno de los deberes esenciales de todo Estado: garantizar la seguridad de los habitantes. El respaldo prácticamente unánime de la dirigencia kirchnerista al intendente de José C. Paz, Mario Ishii , tras sus desafortunadas declaraciones acerca de la venta de "falopa" en ambulancias, es un indicador más de esa situación.

En paralelo, la mayor prioridad en materia judicial pasa por un proyecto de reforma de la Justicia a medida de las necesidades de la vicepresidenta Cristina Kirchner para zafar de las numerosas investigaciones por corrupción en las cuales se la involucra, antes que de las legítimas necesidades de las potenciales víctimas de la delincuencia.