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La jubilación, derecho humano esencial
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En 2008, la Defensoría del Pueblo de la Nación propuso incorporar al debate legislativo la creación de un Banco de Previsión y Seguridad Social con la finalidad de evitar el manejo discrecional de los fondos jubilatorios y preservarlos de las administraciones de turno. Con ese instrumento se garantizaría la solidez, idoneidad y capacidad para brindar seguridad jurídica, previsibilidad y certeza a los derechos previsionales.
Más de 5,5 millones de jubilados están a la espera de que la Corte Suprema de Justicia decida sobre la demanda presentada por la Defensoría Nacional para que se apliquen los mismos porcentuales de movilidad que se dispuso en el "caso Badaro", extendiendo ese beneficio al colectivo de ciudadanos que se encuentran en idéntica situación.
El Máximo Tribunal tomó prudente decisión al solicitar informes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) respecto de los juicios previsionales en trámite, en relación con la cantidad, cuantía y estado en que se encuentran, como paso previo a una resolución que, sin duda, resultará trascendente.
En respuesta a este avance de la Corte Suprema, las autoridades de la Anses señalaron que si se ampliaran los efectos del caso Badaro "se correría un riesgo institucional" al poner en peligro el activo previsional.
Al abusar de las vías recursivas y dilatar en el tiempo el pago de las sentencias, la Anses conforma una matriz generadora de pleitos y postergaciones infinitas que agravia el principio de inmediatez y la dignidad de los jubilados argentinos.
En septiembre de 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación le recomendó al organismo que cumpliera con los compromisos asumidos por el Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al desistimiento de recursos y pago oportuno de sentencias judiciales.
Extender los efectos del caso Badaro no pone en riesgo el fondo de garantía de sustentabilidad, estimado en más de 190.000 millones de pesos. Ese activo debe ser preservado y administrado a través del propuesto Banco de Previsión y Seguridad Social.
Esa entidad bancaria debería preservar los fondos de los aportantes, asegurar el pago de haberes, ajustar las asignaciones de jubilaciones y pensiones, implementar todos y cada uno de los mecanismos de control que eviten maniobras arbitrarias y lesivas, y definir créditos con garantías suficientes.
Los derechos intergeneracionales, sin duda, requieren de políticas de Estado participativas con la finalidad de consolidar el sistema previsional.
Esta sería una de las maneras de amparar, avanzar y trascender en el proceso de calidad institucional, previsibilidad, sustentabilidad y vigencia que requieren los derechos humanos de la seguridad social.
© La Nacion
El autor, abogado, es adjunto II de la Defensoría del Pueblo de la Nación
Juan Jesús Minguez
