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La Justicia, el costo de bajar la inflación de cualquier modo
Bajar la inflación es, hasta ahora, el único programa económico y político de Javier Milei. Todas las acciones de su gobierno aparecen subordinadas a ese principio controvertido. Sobre todo por el drástico método aplicado para reducir el gasto público afectando particularmente salarios y jubilaciones. El costo social de ese programa es cuestionado por el FMI y complica las negociaciones por un nuevo préstamo. En especial, porque esa rigidez original está condicionando que el Banco Central acumule reservas en la temporada del año más apta para hacerlo.
El atraso del tipo de cambio que mantiene a raya la inflación no es atractivo para que el campo liquide divisas, lo que obliga al Central a vender dólares en vez de comprarlos. No solo para pagar importaciones, sino para evitar que su valor en los mercados informales se dispare y, más tarde que temprano, se refleje en los precios. Tuvo que desprenderse de casi 370 millones en las últimas ruedas. La expectativa generalizada es que el gobierno no tendrá otra alternativa que liberar al mercado y dejarlo fijar libremente el valor de esa moneda.
El Presidente y su ministro de Economía temen que cuando eso ocurra dañe el único logro palpable de su gestión en siete meses. La paradoja de convertir al intervencionismo en la zona de confort para la filosofía libertaria, limita su capacidad para avanzar en las transformaciones que se había propuesto. La sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal le impuso a cambio resignar privatizaciones emblemáticas como Aerolíneas y RTA. Pero lo obligaría a contorsiones difíciles de justificar para garantizarse gobernabilidad ante la escasez de recursos políticos propios. Bajo esa atmósfera, resultó llamativo el silencio guardado frente a dos novedades judiciales, tal vez disimuladas por el impacto en la opinión pública de la desaparición de Loan Peña. Ni siquiera esa conmoción pareció merecer que al menos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, abandone esa postura, adelantada por el mutismo ante la exclusión de Ángelo Calcaterra de la causa de los cuadernos dispuesta por la Cámara de Casación Penal.
Lo mismo que con la versión sin confirmar por el gobierno: la renuncia de Manuel Tessio a la vicepresidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego de presentarse y ser aceptado en la causa donde el juez federal Ernesto Kreplak investiga a Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. A quienes gustan solazarse con sugestiones, insisten en que investigadores con ahínco podrían hallar, si se lo proponen, alguna conexión entre el exintendente de Lomas de Zamora y empresas constructoras que estuvieron vinculadas al ex secretario de Obras Públicas, José López.
El Gobierno desmintió que Santiago Caputo le haya pedido a Tessio que renuncie. Tiene lógica. Y también cierto cinismo. El asesor de imagen está unido al Gobierno por un contrato de locación. Carecería de las facultades que tiene un funcionario. Sin embargo, esa es la versión que circula en la Justicia Federal, mientras el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evalúa la actuación de la Argentina contra el delito de lavado de activos. Sería injusto, y exagerado, atribuirle a Kreplak algún tipo de responsabilidad en las elucubraciones que rodean a la situación generada en torno a la salida Tessio de la UIF.
Pero lo cierto es que la causa donde se investiga a Insaurralde no experimentó grandes avances en los últimos ocho meses. Es decir, literalmente desde que se hizo cargo de ella. Kreplak subroga desde el año pasado el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora y la Cámara Federal de La Plata resolvió confiarle otra causa sensible que Federico Villena atendía en el N°1: la investigación sobre Walter Coronel y su familia por asociación ilícita. Coronel es uno de los jefes de la barra del club Los Andes en Lomas de Zamora.
La Justicia Federal llegó a Coronel por una denuncia anónima, aceptada en el marco de la ley de Tenencia de tráficos y estupefacientes en la que también aparece involucrado Rafael Di Zeo. Coronel representa el avance de la barra de Boca sobre la del club Los Andes y ambos se habrían propuesto controlar a la del club Temperley. La banda de los Monos es aludida en algunas de las escuchas telefónicas ordenadas por esa causa. Coronel es empleado del municipio de Lomas de Zamora. Pero habría conseguido desarrollar un vínculo mucho más estrecho con sus autoridades, al punto de convertirse en un filtro a superar por contratistas para presentarse en las licitaciones de obras públicas convocadas por el municipio. En apariencias, un tipo de scoring donde sumar puntos dependía de aceptar primero los servicios de seguridad, catering e higiene que Coronel ofrecía cubrir con barras de Los Andes. Coronel tendría varias causas abiertas en la Justicia bonaerense a la que conseguiría sortear, siempre con singular agilidad.
Probablemente, gracias a otras prestaciones cumplidas informalmente. Ya sea como fuerza de choque o de intimidación electiva. Tal vez como efecto del hermetismo que rodea en los Tribunales de Lomas de Zamora a todo lo que se relacione con Insaurralde, Kreplak es objetado con cierta sorna. Al juez se le reprocha aplicar en esta causa la doctrina con la que Ariel Lijo cobró fama. Si no se le achaca ese temperamento en la que se investiga al exintendente, es por la única medida de prueba que habría ordenado: verificar la autenticidad de las carteras incautadas a Sofía Clérici durante el allanamiento a su domicilio. La modelo pidió ser desvinculada de la causa. Alegó que su fortuna es producto de su trabajo como acompañante, una actividad sin regulación que, por eso, no está sujeta a pago de impuestos. Clérici se permitió recordar en su presentación que la OIT insta a los gobiernos a oficializar el reconocimiento de ese trabajo.
El rol de la UFI en este caso podría ser sumamente relevante. La autonomía para desarrollar sus facultades permitiría confirmar o descartar los supuestos vínculos comerciales y societarios que podrían mantener Insaurralde con Juan Pablo Peredo y Juan Pablo de Jesús. Una de las hipótesis más inquietantes de la investigación. Peredo es vocal del Tribunal de Cuentas bonaerense y se le atribuye haber redactado el voto adoptado por ese organismo para determinar que las contrataciones autorizadas por Hernán Rozín y Claudio Raggio no eran irregulares.
Rozin y Raggio fueron el contador y el secretario de Hacienda de Insaurralde en Lomas de Zamora. Las firmas que contrataron tenían por domicilio al estudio contable que los dos compartían en la localidad de Bernal. Ese fallo le permitió a Sebastián Bisquert cerrar el caso abierto contra Insaurralde por supuesta defraudación al Estado. Bisquert resolvió archivarlo y Carlos Baccini devolvió las pruebas al municipio que procedió a destruirlas.
Baccini es fiscal general interino de Lomas de Zamora. Junto a Bisquert y Jorge Griecco están en la terna de la que Axel Kicillof deberá elegir a uno para que sea designado oficialmente en ese cargo por el Senado bonaerense. Un presente al gobernador de su ex jefe del Gabinete que habría incidido personalmente en la terna seleccionada por el Consejo de la Magistratura. De Jesús es diputado provincial de Unión por la Patria y exintendente del Partido de la Costa. Evangelina Cordone, lo acusó de ser testaferro de Insaurralde.
Cordone es concejal en el municipio de la Costa. Kreplak se declaró incompetente para atender la denuncia de Cordone. Sergio Mola apeló en la Cámara Federal de La Plata esa incompetencia, una medida con la que el juez se auto inhibió de enviarle al fiscal federal la denuncia de Cordone. Algo que Mola viene reclamándole desde hace ocho meses.
El Gobierno tampoco dijo nada con la denuncia de corrupción que Patricia Bullrich presentó en la Oficina Anticorrupción (OA) contra Vicente “Tito” Ventura Barreiro, horas antes que Cristian Ritondo sea confirmado como candidato a presidir el Pro bonaerense en la lista de unidad que renovará a sus autoridades. Ventura Barreiro era el segundo de la ministra de Seguridad y un nexo indispensable con Ritondo mientras tuvo la responsabilidad en esa área en el gobierno de María Eugenia Vidal.
El argumento presentado por Bullrich a Milei para justificar su decisión sería más endeble que el de Sandra Pettovello con el escándalo en Capital Humano. Petovello podría alegar que no conocía a Pablo De la Torre. A Bullrich le resultaría difícil sostener una idea semejante. La honestidad de la ministra es, sin embargo, defendida hasta por sus detractores. No ocurre lo mismo con su sagacidad política. El despido de Ventura Barreiro habría acrecentado su aislamiento dentro de La Libertad Avanza.
El Gobierno habría abortado los viajes que Bullrich se disponía a realizar a Brasil y Paraguay por el caso de Loan Peña. Una mala noticia para Sebastián Pareja. El dirigente libertario había sellado una alianza con Bullrich para aunar fuerzas en la provincia de Buenos Aires y neutralizar el avance de Eduardo “Lule” Menem en la provincia de Buenos Aires ordenado por Karina Milei.
Mauricio Macri está convocando a sus oficinas de Vicente López a cada uno de los 200 miembros de la asamblea del Pro que se reunirá el 4 de julio. Parece difícil que Bullrich logre concentrar una minoría dispuesta a postularla para que la presida. Ese había sido el acuerdo original cuando se convino que Macri sea el nuevo titular del partido. La asamblea tiene que confirmar la autorización al presidente del Pro para que celebre alianzas electorales.
Bullrich y Ritondo estuvieron en el acto convocado por Milei en el Luna Park. Aquella noche los simpatizantes libertarios corearon que Cristina iría presa. El Presidente se excusó de acompañarlos para no violar la independencia de poderes. Tal vez una aclaración precisa sobre qué es lo que ocurre con la renuncia de Manuel Tessio sea un recurso más eficaz a ese efecto. A menos que no pueda hacerlo. ¿Existiría alguien que oficie de nexo entre Milei e Insaurralde?
La provincia de Buenos Aires y en particular el conurbano, es el espacio geográfico donde la fortaleza de Cristina se refleja en la representación del kirchnerismo en la Legislatura. Una posición favorecida por la fragmentación de toda la oposición, incluida La Libertad Avanza, que impide morigerar la deficitaria prestación del servicio de Justicia prohijado por el peronismo desde la década del 80.
Aún así, el 3 y 4 de julio se realizarán las audiencias por el jury contra Lucía Emilce Casabayó, titular del juzgado de Garantías N°6 de Morón, acusada de intimidación y amenazas a empleados y funcionarios judiciales. Casabayó interpuso un curioso recurso, fundado en un informe médico que le realizaron en 2020. La jueza pidió que una pericia siquiátrica evalúe si está en condiciones de ejercer esa función y, si lo fuera, ser cambiada de destino.
Si no es resuelto en un plazo de cinco años, el jury prescribe. El de Casabayó quedaría sin efecto el 15 de julio, a menos que surja un veredicto en las audiencias de los días 3 y 4. Serviría para demostrar que bajar la inflación no es lo único que importa para dar certezas de seguridad jurídica a los inversores.
