La Justicia, emplazada a reformarse

El Poder Judicial debe modernizarse y, dado el fracaso del Consejo de la Magistratura, son los jueces quienes deberían impulsar los cambios
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17 de abril de 2017  

Hace más de 50 años, Arthur T. Vanderbilt, presidente de la Corte Suprema de Nueva Jersey, y anteriormente, de la Asociación Norteamericana de Abogados, se dirigió al poder judicial de su país para reclamarle una profunda reforma. Logró en buena medida su objetivo, concientizando a la opinión pública y obteniendo del propio poder judicial el compromiso de iniciar su reforma.

Días pasados, compartieron un panel el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el primer presidente del Foro de Estudios para la Administración de Justicia (Fores), Horacio M. Lynch. El título del panel fue el que encabeza esta columna, en memoria de la alocución de Vanderbilt a la justicia estadounidense.

Desde hace tiempo, nuestro Poder Judicial atraviesa un fuerte desprestigio por su inacción en el pasado, su falta de coraje frente a los abusos y excesos del poder, y su excesiva subordinación y consiguiente pérdida de independencia. Después de años de silencio y morosidad en los juicios, asistimos a un saludable activismo que pierde parte de su encanto cuando se lo compara con los años pasados. Hoy, menos permeables a las influencias, los tribunales son bombardeados con denuncias, muchas de ellas utilizadas como herramientas políticas, más que como modos de averiguar la verdad.

La gestión del actual ministro del área, muy en sintonía con muchas de las propuestas que Fores puso a disposición de todos los gobiernos, encara temas largamente demorados, como el pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces, el horario judicial de seis horas, los 45 días de feria judicial, las críticas a la llamada "puerta giratoria" para los delincuentes, la ley de flagrancia, los testigos protegidos y la aplicación de la ley del arrepentido, elementos en aplicación o en estudio que permiten encarar la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el lavado de dinero. La incautación de los bienes mal habidos y su utilización para el bien común son bienvenidos.

Poco a poco, se va tomando conciencia de que el tiempo de la costura de expedientes llega a su fin, los progresos tecnológicos avanzan, se inaugura la notificación electrónica y la compulsa de los expedientes a distancia. También se termina con "sorteos" sospechosos y avanza la guerra al papel, meta de toda modernización de la administración.

Falta mucho aún, como los juzgados de menor cuantía, la justicia barrial y el acceso a la justicia, temas que cuentan con estudios serios y son una necesidad evidente para descomprimir y acercar la justicia a la gente.

La Corte Suprema tiene que dejar de ser un tribunal de tercera instancia, como lo es, para ocuparse sólo de asuntos de altísimo interés nacional. Para ello, hay que devolverles el prestigio a las cámaras de apelaciones, segunda y suficiente instancia para la mayoría de los casos. Y, por cierto, es preciso elevar el nivel de abogados y jueces, mejorando la educación legal y la ética profesional, que ha sufrido el mismo deterioro de la educación argentina.

El Consejo de la Magistratura ha fracasado en su misión; la reforma Kirchner, que modificó la composición profesional y politizó el organismo, terminó con las buenas intenciones que abrigaban algunos de sus impulsores. Se necesita un cambio con urgencia, igual que en el Ministerio Público Fiscal, que no ha escapado al deterioro y ha caído en una politización escandalosa.

Pero no todas son críticas, sino que hay luces de esperanza: se advierte, por lo pronto, una real conciencia del problema, pues se ha comprendido que no hay república posible sin un Poder Judicial eficaz e independiente. Ésta debe ser una cruzada nacional y una política de Estado, y los primeros que deben advertir la necesidad del cambio son los propios jueces. De allí que se los esté convocando a reformarse, a limpiar sus cuadros, a transparentar su gestión y centrarla en su misión específica y, por qué no, a abandonar algunos de sus privilegios. Pero también es precisa cierta racionalidad: no puede haber un recurso de amparo para poner o sacar un árbol o por si el niño repite de grado.

La ciudadanía toda, la clase política y los demás poderes del Estado tienen que hacer suya esta reforma profunda. Leyes, resoluciones, acordadas, congresos y acciones deben alinearse en esta campaña nacional. El país la necesita.

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