La “lista sábana” de los jueces en la trasnoche de la Legislatura
La cobertura de cargos judiciales en la provincia está cada vez más alejada de los estándares de transparencia
8 minutos de lectura'
LA NACIONLuciano Román
En votaciones de madrugada, a mano alzada, sin debate ni preguntas, el Senado bonaerense aprueba la designación de más de doscientos jueces, defensores y fiscales en trámites exprés en los que se combina ligereza con opacidad.
Un buen día nos escandalizamos con casos como el de Julieta Makintach, la jueza que intentó convertir el juicio por la muerte de Maradona en un rentable show personal, pero hay muchos otros magistrados que, con menos publicidad y estridencia, fallan con arbitrariedad, canjean sentencias por favores, cajonean expedientes o resuelven con ideologismo e indolencia en dramáticos casos en los que se juegan los destinos de familias, empresas e individuos. Para entender cómo llegamos a eso hay que viajar con una lupa hacia aquellas oscuras madrugadas de la Legislatura bonaerense, donde se le pone un sello a un proceso de designación de magistrados que, como mínimo, despierta dudas e interrogantes.
Todo se mezcla en esa avalancha de designaciones a la que se llega tras un largo y sinuoso proceso que se inicia en el Consejo de la Magistratura. Seguramente, entre los pliegos aprobados hay muchos que corresponden a funcionarios idóneos, con trayectorias impecables y sólida formación jurídica. Quedarán, sin embargo, injustamente afectados por una suerte de “estigma original”: son nombrados a través de un procedimiento vidrioso, alejado de la transparencia y la asepsia institucional que merecería algo tan delicado y crucial como la designación de jueces. Al designar magistrados “al por mayor”, se minimizan las posibilidades de control mientras se maximizan, en cambio, las chances de “contrabandear” amigos, parientes y militantes entre pliegos de gente proba. Se termina imponiendo, para el nombramiento de jueces, la misma cultura de la lista sábana: muchos se benefician de la posibilidad de ir escondidos en una montaña de pliegos en la que resulta muy difícil determinar quién es quién.
El problema se cristaliza en el Senado, pero nace mucho antes. Hay que ir al Consejo de la Magistratura para detectar el lugar en el que se siembran las semillas de una Justicia politizada, intelectualmente degradada, surgida de un “toma y daca” entre facciones partidarias y caciques territoriales. El Consejo, que debería ser un organismo estrictamente técnico de evaluación y selección de candidatos, se ha convertido en una instancia de negociación política para la conformación de ternas.
Concebido en la reforma constitucional del 94 con la saludable intención de seleccionar los candidatos a jueces a través de exámenes, entrevistas y evaluación de antecedentes, hoy el Consejo es casi un apéndice de los partidos, con un fuerte peso de la representación política y una reglamentación que, a través de retoques en la “letra chica”, ofrece amplios márgenes de discrecionalidad para integrar las ternas salteándose el orden de mérito. El nombramiento de magistrados tiene, como se sabe, tres instancias: el Consejo selecciona, el Ejecutivo propone y el Senado aprueba. La política no se ha conformado con las potestades de proponer y aprobar. Ha colonizado entonces el primer eslabón del proceso, resistiéndose a la limitación y la garantía que podría representar una instancia de selección de postulantes absolutamente independiente, técnica y de estricta valoración jurídica.
La dominación política del Consejo no solo proviene de los representantes del Ejecutivo y del Poder Legislativo. Como los colegios de abogados han sido cooptados, en muchos casos, por facciones partidarias, sus representantes también suelen responder a jefaturas o liderazgos políticos, más que a la independencia y la ecuanimidad profesional. Parece una paradoja, pero la seriedad del proceso se ha quedado sin abogados que la representen y la defiendan.
Una combinación de factores, entre ellos la parálisis que impuso la pandemia, hizo que se acumulara en la provincia una enorme cantidad de vacantes judiciales: de los 2600 cargos que tiene el Poder Judicial, casi un 25% estaban sin titular a mediados del año pasado. En números fríos, faltaban 644 jueces, fiscales, defensores, camaristas e integrantes de tribunales superiores en todos y cada uno de los 19 departamentos judiciales. La propia Corte bonaerense hoy funciona solo con tres de sus siete miembros. Todo eso resiente, por supuesto, el servicio de justicia: retrasa los procesos, sobrecarga a los tribunales y debilita la calidad de la respuesta al ciudadano. Muchas veces se sacan resoluciones sin mirar lo que se firma. En lugar de buscar un procedimiento excepcional para cubrir ese récord de vacantes sin sacrificar la seriedad y la transparencia del proceso, se optó por negociar y aprobar pliegos “en bloque”, sin garantizar ninguna instancia de debate público y condicionando, incluso, la posibilidad de revisión y de análisis en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado.
Cuando la montaña de pliegos llegó a la Legislatura, “todo estaba cocinado”, dicen los propios senadores. Aluden, algunos con cinismo y otros con resignación, a la rosca política que funciona en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué se hizo? Aplicar el método de la opacidad que la Legislatura bonaerense ha convertido en especialidad de la casa. Aprobó más de doscientos pliegos en menos de un mes. Fue en sesiones en las que se limitó, incluso, la cobertura de la prensa, impidiendo el acceso de los periodistas al recinto. No hubo una sola idea a favor de la transparencia. Se podría haber habilitado y promocionado una página web con los postulantes para cada departamento judicial y sus antecedentes. Se podría haber promovido algún tipo de audiencia pública para habilitar una instancia de debate; se podrían haber enviado las nóminas de postulantes a los colegios de abogados y de magistrados para que tuvieran la posibilidad de formular alguna impugnación. Amparados en supuestos formalismos, cualquier alternativa de ese tipo es fulminada en el acto.
Una vez que los pliegos ya estaban votados se supo, por ejemplo, que en medio de esa avalancha se aprobó la designación, como juez laboral de Morón, de un abogado cuyo antecedente más notorio es su ferviente militancia kirchnerista. Se trata de Carlos Ariel Díaz, un dirigente de la agrupación Kolina, que lidera Alicia Kirchner, alineado con uno de los barones del conurbano, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. También se ascendió a camarista en La Matanza a Sebastián Carreira Ochoa, el hijo de la fiscal general de ese departamento judicial. Y se aprobó, impulsada por el massismo, la postulación como juez de Cámara de Diego Efraín Martínez, un magistrado de Tigre a quien Elisa Carrió impugnó en su momento por vínculos con el fiscal Claudio Scapolán, destituido por presunto encubrimiento de organizaciones narco. ¿Cuántos militantes y ahijados políticos fueron escondidos en esa suerte de “lista sábana” que habilitó, de madrugada, el ingreso de más de 200 jueces, defensores y fiscales?
Algunos casos parecen consagrar una fase superior de aquella máxima del Martín Fierro: ya no se trata de “hacerse amigo del juez”, lo que en definitiva supondría un esfuerzo, sino de “poner de juez a un amigo”. A veces da resultado. ¿Es lo que explica que Martín Insaurralde, a dos años del yategate, todavía navegue por un confortable limbo judicial en el que todo se dilata y se diluye? La respuesta tal vez deba rastrearse en alguna otra madrugada del Senado bonaerense.
A veces tiende a creerse que el problema de la Legislatura del célebre Chocolate es que casi no sesiona (lo hace, con suerte, una vez cada tres meses), pero tal vez habría que agradecerle que no lo haga. En la misma sesión en la que el Senado aprobó pliegos a libro cerrado, votó las reelecciones indefinidas de los legisladores, y lo hizo pisoteando el reglamento, sin cumplir con la doble votación que se exige en caso de empate.
Todo este marco de opacidad afecta a los buenos jueces, que terminan designados en un proceso que despierta suspicacias. Deberían ser los primeros en exigir más transparencia y mayor higiene institucional. Esos métodos suelen tener secuelas difíciles de dimensionar: lo que nace en la oscuridad tiende a vivir en la oscuridad. Esa cultura del escondite que enarbola la Legislatura irradia a toda la esfera institucional de la provincia, donde pasar por debajo del radar y acoplarse a “la lógica de la política” se convierte en un objetivo e incluso en un talento. Casos como el de Makintach o el de Insaurralde se evalúan como una anomalía. No por lo que hicieron, sino porque los descubrieron. No ser descubiertos es el lema en una institucionalidad de baja intensidad, alejada de cualquier estándar de transparencia, que se ha enquistado en todos los estamentos del poder bonaerense.
En la designación de magistrados tal vez esté la punta del ovillo. Si llegaran a través de un mecanismo más transparente, más confiable y más riguroso, la institucionalidad tendría quien la defienda. Los buenos jueces, que son muchos, tal vez tengan algo que decir. No merecen quedar manchados por un procedimiento en el que todo termina teñido de oscuridad y sospechas.
Por Luciano Román
Tipo de trabajo:
opinión
