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La mala gestión genera inseguridad
La pésima gestión y la mala toma de decisiones del área de seguridad durante la presidencia de Alberto Fernández generaron mayor inseguridad en el país en los últimos dos años. Si bien existen múltiples causas que explican el aumento del delito, tengo la certeza de que la desidia e inacción operativa y los falsos enfoques ideológicos alejados de la realidad terminaron impactando sobre todo el andamiaje institucional y su capacidad de dar respuesta frente al avance criminal.
El Gobierno ha tomado una serie de medidas que contribuyen de manera significativa al crecimiento del delito violento en casi todas las grandes y medianas urbes del país. La tasa de homicidios intencionales, que había bajado un 22,7% durante la anterior gestión, volvió a aumentar en 2020 a pesar del encierro que tuvo la población y este 2021 muestra una tendencia ascendente aun superior. El primer error ha sido sacarles el foco y la prioridad a la pelea contra el narcotráfico y al avance de las bandas narcos en el país. La gestión Frederic disolvió la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que concentraba el seguimiento de la política en todos los ámbitos donde se desarrolla esta actividad criminal. Dejaron de atacar la problemática narco con sistematicidad y foco, generando resultados negativos que están a la vista de todos los ciudadanos.
La política de Fernández en materia de seguridad se ha desentendido de la actividad de narcomenudeo que se concentra en territorios con baja presencia del Estado. Esta se torna muy violenta en el intento de las bandas de dominar el territorio y por ello no es extraño observar los aumentos significativos de los homicidios narco en zonas calientes como Rosario y algunos lugares del conurbano bonaerense. También se desatendieron programas integrales, como Barrios Seguros. Dicho programa había comenzado en lugares muy violentos, tomados por las bandas narco y, con la acción conjunta de una serie de políticas sociales, de infraestructura y la presencia de fuerzas federales, se había logrado pacificar barrios con altas tasas de homicidios, como en el barrio Carlos Gardel, en Morón, y Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe. Tampoco se observa una política proactiva en el seguimiento de los que lavan el dinero ilegal obtenido de esta actividad, iniciativa que es crucial para destruir estas organizaciones en el corazón del negocio criminal.
Las equivocadas decisiones operativas llevaron al retiro de fuerzas federales del territorio en muchas provincias y el muy mal trabajo de coordinación del Ministerio de Seguridad nacional con los gobiernos provinciales. El caso más evidente de esa pobre coordinación fue la pelea constante entre la ministra nacional Sabina Frederic y su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Esa pelea, que llegó a términos personales, resultó en la no presencia y coordinación de más de seis mil gendarmes que posicionó el gobierno anterior en el territorio, con el retiro absoluto de lugares críticos como Mar del Plata y el consecuente aumento de todos los delitos, en especial los más violentos. También en Santa Fe ocurrió algo similar y en Rosario, donde en los últimos años se había logrado apresar a los principales cabecillas de bandas como Los Monos, haciendo retroceder después de muchos años las tasas de homicidios (en el período 2015-2019 la tasa disminuyó un 29,8%), la situación con la actual gestión volvió a descontrolarse nuevamente (la tasa de homicidios en 2020 aumentó un 25,5% respecto de 2019). Se han enviado tarde y mal unos 500 gendarmes a la zona, que es menos de un sexto del refuerzo que enviara oportunamente el gobierno anterior.
El caso más reciente de falta de cooperación federal es el de Río Negro, donde la gobernadora Arabela Carreras ha pedido ayuda de fuerzas federales ante acciones sumamente violentas del reaparecido grupo RAM, de supuestos mapuches que reivindican el control de vastos sectores de la Patagonia y niegan al Estado argentino, su Constitución y sus leyes. Ante una serie de intrusiones y quemas violentas, que la gobernadora denominó actos terroristas, el gobierno nacional no solo se negó a enviar fuerzas federales a ayudar a apaciguar la situación, sino que se retiró como querellante en aquellas intrusiones ilegales que afectan terrenos federales, como es el caso de Parques Nacionales en Villa Mascardi.
La falsa ideologización de la política pública generó una serie de decisiones equivocadas, por ejemplo el apoyo a la liberación de presos en el contexto de Covid. A partir de una implementación caótica e injusta, en muchos casos se liberó miles de presos antes de que cumplieran las instancias y mínimos procesales. Se revirtió una política de cuatro años buscando prófugos culpables de homicidios, violadores, secuestradores, narcotraficantes, etc. que había logrado recapturar a más de 11 .000 delincuentes. Estas decisiones arbitrarias terminaron generando en muchos casos un reciclaje de delincuentes peligrosos, que son una ínfima minoría en la sociedad, pero que fueron liberados en las calles antes de que cumplieran su condena, volviendo a victimizar a aquellos que los sufrieron y frustrando a las fuerzas de seguridad que ven cómo muchos de los violentos que ellos detuvieron vuelven al barrio, impunes, a continuar su raid delictiva.
Otra reversión, a partir de una supuesta mirada “progresista”, han sido los cambios en disposiciones normativas del personal policial respecto del uso de las armas, su actuación en determinadas circunstancias operativas o el uso de la pistola Taser. Estas decisiones generan problemas operativos reales que se dan en la calle al momento en el cual el funcionario debe tomar decisiones en la que están en juego su vida y la de otras personas, incluidos terceros inocentes, generando inacción y retraimiento de los policías. Se han perdido el espíritu y la lógica de una buena política que también se desarrollaba hacia las fuerzas en lo salarial y en el acceso al crédito del personal, programa al que denominamos en su momento “Cuidar a los que nos cuidan” y que fue vital para que el policía se sintiera valorado por su trabajo y el rol social que desempeña. El prejuicio ideológico derrumbó todos estos logros e imposibilita generar una política de Estado.
El último elemento que muestra con absoluta claridad la inacción y falta de prioridades del Gobierno en materia de seguridad se observa en la ejecución presupuestaria. Frente al aumento significativo de la inflación este año, las partidas de seguridad recibieron un refuerzo del 11% respecto del crédito inicial, muy por debajo de la inflación acumulada en lo que va del año. Pero además fue desproporcionadamente baja respecto de los refuerzos de otras partidas como Trabajo (476,5%), Turismo y Comercio (139%) y Comunicaciones (52%). Estos números muestran con pasmosa claridad que la seguridad de los argentinos no es una prioridad del Gobierno. La profunda crisis económica y social más los efectos de un encierro prolongado producto de la pandemia tienen su impacto en el aumento de la inseguridad, pero las malas políticas públicas y decisiones del Gobierno en materia de seguridad agravan aún más la situación y están generando la espiralización del aumento en la criminalidad que padecemos todos los argentinos.ß
Exsecretario de Seguridad Interior (2015-2019)
Por Eugenio Burzaco
