La obsesión estatista disloca el debate político y entorpece la gestión
A pesar de los fracasos sistemáticos del Estado argentino para brindar los bienes públicos esenciales (seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura física y cuidado del medio ambiente), agravados como consecuencia de que su tamaño adquirió en los últimos tres lustros dimensiones descomunales, tanto en el FDT como en buena parte de la política nacional continúa predominando una fe ciega en su potencial como herramienta de transformación económica y social. El Presidente lo repite casi a diario, con un mantra maniqueo que contradice (como es habitual) lo que sostenía en el pasado: “Nosotros apostamos por el Estado, ellos por el mercado”. Impugna de este modo las concepciones socialdemócratas que dice haber abrazado en su última reencarnación, que sostienen un equilibrio y que, al menos desde la década de 1980, en muchos casos (como el del PSOE, su frecuente espejo) se han sesgado hacia posturas abiertamente capitalistas. De paso, alimenta el nuevo fantasma libertario que atormenta a los defensores del antiguo régimen, con CFK a la cabeza.
Es difícil encontrar en las últimas décadas ejemplos de algo hecho realmente bien por el Estado argentino. La pandemia de Covid-19, en particular, dejó visible el desastre en materia de salud pública, a pesar del extraordinario esfuerzo del personal médico y auxiliar, acostumbrado a realizar sus tareas en entornos inadecuados, con escasez de recursos y salarios muy bajos. Por eso es tan llamativo el video del 11 de diciembre de 2019 que circula por las redes sociales: muestra una mezcla de desahogo y frenesí por parte de los empleados del Ministerio de Salud cuando reciben como a un héroe al –entonces– recientemente designado Ginés González García. A los saltos, siguiendo la melodía de la canción “It’s a Heartache” (Es una angustia, popularizada a fines de los 70 por la cantante galesa Bonnie Tyler y luego por Rod Stewart), cantan: “Ministerio, Salud es ministerio”. Como si festejaran un Mundial. Expresan satisfacción por la reconquista alcanzada y graban el inolvidable momento en sus modernos celulares. Cómplice, al ahora segregado Ginés se lo ve sonriente, orgulloso, aplaudiendo al ritmo de la multitud, replicando el movimiento de brazos de Perón, los dedos en V. Esas imágenes sintetizan la concepción estatista y de fervor burocrático que impera en gran parte de la cultura política argentina, según la cual la relevancia de una política pública depende de si tiene rango ministerial.
Descender a secretaría es sinónimo de escarnio o, por lo menos, desinterés. Convertirse en subsecretaría o, mucho peor aún, en una simple dirección implica prácticamente un destierro. Esto no tiene que ver con el presupuesto asignado ni con el prestigio o los antecedentes del funcionario a cargo. Como ocurrió durante la administración de Cambiemos, un nuevo dibujo del organigrama ministerial no implica cambio de nombres ni un ahorro significativo de recursos. A lo sumo, puede servir para emitir una señal de austeridad, que en todo caso depende de decisiones más álgidas desde el punto de vista político (en rubros como salarios, jubilaciones y obra pública, típicas víctimas de los ajustes mal concebidos). Se trata de una cuestión de jerarquía, prestigio e influencia: lo importante es estar a un llamado telefónico del Presidente sin pasar por el inconveniente intermedio de convencer a un ministro –cuyas prioridades pueden ser otras– para que medie con el titular del Poder Ejecutivo, ese “dios sol” sin cuyo apoyo la política pública pareciera desvanecerse. La obsesión burocrática y estatista es, en parte, un subproducto del hiperpresidencialismo.
Su origen es más lejano y complejo y se entrelaza con las viejas tradiciones administrativas coloniales (caracterizadas por ser lentas, opacas e ineficientes, antes y después de las reformas borbónicas), con la influencia napoleónica y las ideas y mentalidades que dieron origen y sustento a la Organización Nacional, incluyendo a Alberdi y a los integrantes de la generación del 80: esa experiencia argentina tuvo al Estado como instrumento pivotal. Este país se creó de arriba hacia abajo y la combinación de inmigración, escuela pública y servicio militar obligatorio constituyó el mecanismo mediante el cual, con una economía abierta, vibrante y en plena expansión, se formateó una sociedad que comenzó a confiar en sí misma pero que nunca terminó de ganar autonomía del Estado para empoderarse y protagonizar esfuerzos en materia de desarrollo.
Más allá de la amplia y diversa tradición estatista, el intervencionismo extremo y la desconfianza en el mercado derivan más directamente de la cultura populista, que es en rigor previa al peronismo, pero que desde la revolución de 1943 y sobre todo desde 1946 adquirió características extremas y en muchos casos autoritarias. Pragmático y versátil, el peronismo se reinventó muchas veces hasta la gran crisis de 2001, incluyendo la etapa menemista que, como indica el reciente nombramiento de Claudia Bello, sigue poniendo de manifiesto las fabulosas contorsiones ideológicas de sus protagonistas, entre ellos, la propia CFK, su difunto marido y el Presidente. Quien, en efecto, esta semana ratificó su adhesión al estatismo extremo al criticar el potencial ajuste que debería hacerse ante un eventual acuerdo con el Fondo: no solo puso el énfasis en los padecimientos del pueblo, sino que recordó que con en el último acuerdo de 2018 pasaron de ministerios a secretarías las áreas de Salud, Trabajo y Ciencia y Tecnología, “tres baluartes centrales para el desarrollo de un Estado y de una sociedad”.
Sin embargo, la transformación de la legislación laboral que llevó a cabo Perón fue cuando era “apenas” un mero secretario de Trabajo y Previsión: no tenía rango ministerial, pero sí liderazgo, decisión política y una coalición de actores sociales que lo apoyaban. La construcción de grandes represas hidroeléctricas y la central de Atucha se implementaron bajo diferentes gobiernos civiles y militares desde una Secretaría de Energía. Y la gran transformación tecnológica de los agronegocios se profundizó durante la época de Cavallo, con Felipe Solá como cabeza de la secretaría del sector. No existen evidencias de que un ministerio sea necesario para llevar adelante una política pública innovadora y eficiente.
Abundan las pruebas en contrario: áreas que involucionaron o se convirtieron en un verdadero desastre a pesar ser tener ministerio, como Educación o Defensa (cuyos presupuestos son exiguos e impiden a las Fuerzas Armada, a pesar de su profesionalización, cumplir con la misión que les asigna la Constitución). Seguridad tiene rango de ministerio en la Nación y en todas las provincias y hasta funcionarios ad hoc en la mayoría de los municipios. Sin embargo, sigue siendo el segundo entre los principales problemas del país para la mayoría de la sociedad, según un sondeo reciente de D’Alessio-IROL/Berensztein.
Los países parlamentarios utilizan los ministerios para distribuir poder entre los integrantes de sus coaliciones (casi ningún partido puede gobernar solo). Algo parecido ocurre ahora con los “presidencialismos de coalición”, pero el número de ministros varía según el caso (por ejemplo, hay 24 en Chile y solo 14 en Uruguay). Venezuela, de lejos junto con Haití los casos más patéticos de Estados fallidos en la región, tiene 33 ministerios, incluido el de Ecosocialismo (sic). Llamativamente, en épocas de Néstor Kirchner había apenas 10 ministerios, justo la mitad de los que hay en la actualidad. Su por entonces jefe de Gabinete nunca consideró, al menos en público, que la estructura burocrática que él mismo dirigía era ineficiente en términos de desarrollo del Estado y de la sociedad.
Tipo de trabajo:
opinión
