¿La pena siempre debe ser la prisión?
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LA NACION
En marzo de este año, el Ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Germán Garavano, declaró la situación de emergencia carcelaria por el término de 3 años. El principal fundamento fue una sobrepoblación superior al 12% en el Servicio Penitenciario Federal.
La resolución creó una Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria para analizar la situación actual y facilitar la coordinación entre los diferentes órganos del estado nacional. La idea es que sus integrantes elaboren propuestas de políticas públicas para: resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario Federal; mejorar las condiciones de privación de la libertad; y promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, especialmente para grupos vulnerables.
En el plano legislativo, durante estos cuatro años fueron sancionadas diversas normas en materia penal, procesal penal y de investigación criminal fundamentales para combatir el delito en nuestro país. Logramos la sanción de un procedimiento específico para los casos de flagrancia; la incorporación de la figura del imputado arrepentido; así como la regulación de las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y la prórroga de jurisdicción, herramientas fundamentales para que las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial puedan aplicar a la investigación, prevención y lucha contra los delitos complejos.
Sin embargo, no debemos olvidar que las condiciones del sistema penitenciario tienen relación directa con la inseguridad. Hoy en día, el 43% de las personas privadas de su libertad son ex convictos. Si comparamos las posibilidades de reincidencia en personas que cometieron el mismo delito vemos que quien cumplió su condena en prisión, una vez liberado, tiene el doble de probabilidad de reincidencia que quien recibió monitoreo electrónico.
Las causas vinculadas a delitos contra la seguridad urbana son las que tienen mayor tendencia a encarcelamiento, mientras que las causas más complejas en términos de investigación no suelen tener una condena definitiva que involucre la prisión. Además, el 47% de los ingresantes tienen entre 18 y 29 años y el 91% de ellos tuvo algún tipo de relación con la droga desde el consumo o la distribución.
Hoy no contamos con políticas que apoyen el proceso de reingreso a la sociedad principalmente porque el sistema nunca fue pensado de una manera integral. No se brinda a los internos educación y formación laboral para que salgan de la cárcel con capacidades y posibilidades que les permitan dejar de delinquir. También faltan programas de política sanitaria y tratamiento de adicciones.
La ejecución de una pena siempre debería cumplir con su finalidad: lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, la gravedad de sus actos y la sanción impuesta, procurar una adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. Pero lo que debemos discutir hoy es, ¿siempre la pena debe ser la prisión? ¿cuál es el costo y cuáles son los resultados?
En el marco del Día Internacional de Nelson Mandela-la Asamblea General de la ONU decidió ampliar su alcance para que también se utilice a fin de promover condiciones de encarcelamiento dignas- convoqué este jueves 18 a una jornada en la Cámara de Diputados, en la que escucharemos a diversos especialistas en el sistema penitenciario disertar sobre la situación actual de las cárceles en Argentina. Desde el Poder Legislativo tenemos que empezar a analizar la situación actual, evaluar los impactos de los cambios legislativos y ser innovadores y creativos para pensar nuevas alternativas. Ningún delito puede quedar impune, pero esto no significa que la única posibilidad es la cárcel.
Sabemos que es muy difícil implementar eficazmente programas de rehabilitación en países con poblaciones tan numerosas y complejas como la nuestra. Esto nos debería llevar a pensar cambios estructurales y de fondo. Busquemos ir hacia una justicia restaurativa con más foco en las víctimas y menos en un castigo vacío. Aprovechemos las nuevas tecnologías para reducir las prisiones preventivas a aquellas realmente indispensables.Pensemos cómo lograr que quienes sí cumplen una condena en la cárcel, no vuelvan a delinquir y retribuyan a la sociedad por el daño ocasionado.
En abril del año pasado, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, visitó Argentina. Entre otras recomendaciones, apeló a las autoridades en todos los niveles y poderes, a mejorar las condiciones físicas de detención, a aplicar medidas de detención alternativas y a tomar todas las demás acciones necesarias para asegurar que todas las personas privadas de su libertad sean tratadas con la dignidad que se merecen todos los miembros de la familia humana, y de acuerdo con las normas internacionales con las que nuestro Estado se comprometió.
Es una deuda de nuestra democracia que las cárceles logren cumplir con el mandato constitucional de ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Porque, como dijo Nelson Mandela, "nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por como trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por como trata a los que tienen poco o nada."
La autora es diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI
Marcela Campagnoli
LA NACION
