La segunda muerte de Lucio Dupuy

Lucio pasaba hambre. Cuando era invitado por un compañerito de la escuela, sorprendía su ingesta desmedida de comida. El hambre le trajo problemas gástricos porque vomitaba tras el atracón. Y ese atracón le valía una nueva paliza.

Las audiencias del juicio extractadas por distintos medios y reunidas en esta nota permitieron asomarnos a ese descenso a los infiernos del niño de la eterna sonrisa. Permitieron enlazar las cuentas de ese rosario de sufrimientos que terminaron con su vida, recorrer los eslabones que encadenaron a Lucio Dupuy a la muerte más cruel que puede sufrir un inocente. En el aséptico escenario de una audiencia judicial, el médico Juan Carlos Toulouse declaró que había realizado la autopsia al cuerpo del nene en la madrugada del sábado 27 de noviembre de 2021, pocas horas después del asesinato. El facultativo concluyó que el deceso del infante se produjo por una “hemorragia interna” resultante de las agresiones padecidas. “Presentaba un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 u 8 días”. La víctima sufrió un politraumatismo por golpes que le provocó la muerte.

Por las evidencias halladas post mortem, el niño “presentaba politraumatismos por golpes y quemaduras de vieja y reciente data”. Toulouse consignó en esa primera autopsia la existencia de “quemaduras de cigarrillos” en el órgano sexual del infante y aseguró, que mediante el acceso carnal vía anal, las acusadas le “mutilaron sus genitales antes de morir”. Confirmando cierto tipo de prácticas, se hallaron rastros de ADN de las acusadas en los juguetes eróticos dejados en la escena del crimen. En el informe de la autopsia, Toulouse consignó que Lucio tenía un traumatismo en la cabeza que le provocó un edema cerebral, moretones de puñetazos en la cara, hemorragias internas y estallido de órganos. “En 27 años de profesión y en 32 casos de niños golpeados nunca vi algo así en mis años de forense”, confesó ante la prensa.

En el debate oral también se inspeccionó la historia clínica de Lucio, que reveló que, en un lapso de tres meses, el niño fue llevado cinco veces a centros médicos con fuertes lesiones: el 15 de diciembre de 2020 fue asistido por “traumatismos de miembro superior” en el Hospital Evita. Tres días después, le diagnosticaron “fractura a nivel de la muñeca y de la mano” en el Hospital Molas. El 22 de enero de 2021 constataron “traumatismo de miembro superior” en la posta del barrio Río Atuel mientras que el 1º de febrero, nuevamente en el Hospital Evita, diagnosticaron que el niño sufría un “traumatismo en el cuerpo”. Y el 23 de marzo, en el mismo centro médico, le diagnosticaron “mallet finger”, vulgarmente conocido como “dedo en martillo”, una deformidad que se genera tras una fractura ósea. Pese a este periplo hospitalario, en ninguno de los casos los profesionales de la salud alertaron a la policía por las claras situaciones de evidente maltrato infantil.

Pero, además, se detalló que Lucio tenía “un hematoma en la cadera que le sube hacia el cuerpo”. En un segundo informe, realizado con restos histopatológicos del cuerpo (órganos, fluidos y vísceras), el patólogo confirmó que Lucio fue víctima de abuso sexual. El propio abuelo paterno de la víctima, Ramón Dupuy, asintió a la conclusión emitida por el forense y dijo que el nene tenía mordeduras en el glande, pues “le cortaron sus genitales a mordiscones”, “lo castraron”.

La historia de Lucio suscitó toda clase de polémicas. Una se dio en el marco de la crítica que el forense Toulouse hizo al fiscal general Maximiliano Paulucci, a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Delitos contra la Administración Pública, cuando sostuvo: “En mi informe propuse qué se debía hacer para conocer eso, pero no me respondieron ni se hizo nada. La Procuración estaba más preocupada en otras cosas”. A modo de espuria defensa, la Procuración pampeana le inició un sumario en su contra por supuestas filtraciones de la causa. “Matando al cartero”, como se suele decir, el médico forense Toulouse fue sumariado porque, según el Ministerio Público, brindó información sensible en torno al infanticidio de Lucio.

Esta historia de enconos con una única víctima nos interpela: ¿no observaron este sufrimiento los médicos que lo atendieron? ¿No repararon sus maestras su cuerpecito mancillado? ¿Por qué no lo escucharon cuando el niño solía quejarse en el colegio de que le dolía la espalda? Lucio tenía la suela de una zapatilla marcada en la espalda. Gracias a una pericia escopométrica, se determinó que el calzado le pertenecía a Abigail Páez, novia de la madre y madrastra del menor.

“Abigail Páez lo pisó con tanta fuerza en su espaldita que, probablemente, le reventó el corazón junto a distintos órganos”, señalaron los expertos. Tras ese acto letal e irreversible, Páez salió de su casa, ubicada en Allan Kardec 2385, con Lucio en brazos a las 21.26 horas. Así lo muestra la cámara de seguridad de una vecina. Se dirigió a la posta sanitaria del barrio Río Atuel: estaba cerrada. La mujer acudió, entonces, a policías apostados en la sede de la Unidad Regional de la capital pampeana, frente a la salita. Sumando otro eslabón a la cadena asesina, los efectivos se negaron a trasladarlo.

Otra polémica suscitada fue la que se generó a partir del reproche que le hizo la exabogada de los Dupuy, Adriana Mascaró, a la familia de la víctima, cuando le recriminó al abuelo del niño: “Si vos realmente pensabas que tu nieto corría peligro, ¿por qué no llevaste esas pruebas a la comisaría? (…) Tampoco jamás me hiciste una denuncia en el Colegio de Abogados por mi actuación”, reclamó la abogada y agregó: “Si hubiese tenido esa prueba, nunca hubiera firmado ese convenio”. Reclamos vacíos que desconocen la torpeza incipiente de la víctima en las aguas de los tribunales adonde súbitamente es arrojada, un universo extraño de procesos judiciales donde los formalismos y las jerarquías silencian cualquier conato de sentido común. Aunque parezca mentira, en nuestro país en muchas ocasiones son las víctimas las que deben “defenderse” de la Justicia y no los victimarios. Una vez entendido ese juego perverso, antes de que concluyera el careo, el abuelo del niño pidió la palabra y expresó: “Acá parece que nosotros fuésemos los culpables de la muerte de Lucio. Nosotros no somos asesinos. Lucio pasó cuatro años felices con nosotros”.

El análisis de esta muerte tan trágica y absurda nos remite al interrogante: ¿cuáles fueron los eslabones de la cadena asesina que precedieron al instante fatal? La respuesta podría enfocarse en la suma de acciones u omisiones por parte de la asesora de menores interviniente, Elisa Alejandra Catán, y la magistrada Ana Clara Pérez Ballester, aquella jueza que durante la pandemia, con el visto bueno de Catán, les otorgó la tenencia de Lucio a su madre y a su pareja. Pérez Ballester no escuchó a Lucio. Ni tuvo en cuenta que el niño había sido abandonado por su madre durante 18 meses ni que esta había amenazado a sus tíos que habían cuidado de él durante ese tiempo ni que extorsionó a sus abuelos cuando estos querían verlo. Ni citó ni recabó información de su padre y de su madre. Ni le dio intervención a la Dirección General de la Niñez. Se limitó a archivar la causa sin control alguno de la tenencia otorgada.

Las funcionarias fueron acusadas de “incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo” e “incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo”. Los integrantes del tribunal de enjuiciamiento –el presidente del Superior Tribunal de Justicia Fabricio Luis Losi, la diputada provincial María Valderrama Calvo y las abogadas de la matrícula Silvina María Garro y María Natalia Gaccio–, eximieron por mayoría de toda culpa y cargo tanto a la magistrada como a la asesora. Usina de Justicia presentó la semana pasada un amicus curiae por el caso de enjuiciamiento a dichas funcionarias.

La única persona que votó a favor de la destitución de las mismas fue la legisladora María Silvia Larreta, quien, refiriéndose puntualmente a Catán, indicó que “el hecho de que los dictámenes de la Asesoría no resultaran vinculantes para la jueza no la eximió a la asesora de su obligación de haber advertido las circunstancias del caso y haber requerido las medidas correspondientes”. Indicó que la asesora “no ejerció el contralor al que la ley la obliga en la tutela, ya que consintió el archivo de la causa mientras ella estaba vigente”. También la inculpó de no solicitar en ambos expedientes la comparecencia del padre y no comunicar a la autoridad administrativa. Como de no escuchar a Lucio ni requerir la intervención de un equipo interdisciplinario; y, en la tutela, de consentir su archivo mientras el régimen a favor de la tía estaba vigente.

¿Por qué relatar una historia de las torturas sufridas por un niño indefenso? ¿Por qué interrumpir las conductas evitativas ante una historia que tanto sufrimiento nos genera? ¿Por qué reabrir las dolorosas llagas que en nosotros despiertan esas imágenes con solo evocarlas?

Porque la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores Elisa Catán no solo tuvieron un papel decisivo en la serie de hechos que terminaron con la muerte de Lucio: escudadas en el pomposo y falaz “conforme a derecho”, sentaron un precedente para que ellas y tantos otros continúen “sentenciando a muerte” a los niños judicializados cuyas vidas penden de su arbitrio.

El interrogante es: ¿quién juzgará a los que juzgan? ¿Acaso la revictimización ejercida por las funcionarias y quienes las juzgaron quedará impune?

Por cierto, en esta cadena de indiferencia letal, el “no te metás” involucró otros eslabones: los maestros, los médicos y hasta los policías que se negaron a trasladar al niño agonizante. Todos ellos fueron protagonistas o actores secundarios, pero cómplices, de esta tragedia. Debemos preguntarnos, sin embargo, en qué medida protegemos a los más indefensos toda vez que si se absuelve a los más responsables, carece de sentido demandar a quienes participaron como cómplices de menor jerarquía.

Pero, fundamentalmente, debemos preguntarnos sobre la legitimidad del instituto del juicio político a los jueces que, salvo que afecte a la corporación misma, está destinado al fracaso. Los juicios a Axel López, Sal Lari o Carlos Flores, entre tantos otros, muestran que más que juicios tan necesarios como saludables son una fantochada donde los pares pretenden juzgar a pares y, en ese simulacro, consolidan el poder del Poder contra la ciudadanía. Cimentando un resentimiento de décadas contra los privilegiados que osan juzgarse a sí mismos. O bien, en un acto “heroico” de corporativismo, intentan salvar a los camaradas para coadyuvar a que permanezcan en sus cargos.

Vuela alto, Lucio. Carita sonriente de sol pese a tanto dolor, a tanto sufrimiento. Pese a tu incomprensión de tu breve y triste vida. Pese al Poder que te vuelve a matar. No lo perdones. No lo perdones por la vida que te perdiste de vivir. Por todas las vidas que, en el futuro, se perderán de vivir por quienes no merecen tu perdón.

Dra. en Filosofía (UBA), presidenta de la asociación civil Usina de Justicia

Por Diana Cohen Agrest

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