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La violencia escolar sí existe y negarlo deja aún más solas a las escuelas
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En los días posteriores al hecho que sacudió a Santa Fe, y mientras se multiplicaban amenazas en escuelas del país, comenzó a circular con insistencia una afirmación promovida por algunos académicos: “la violencia escolar no existe, es violencia social”. Aunque puede parecer una denuncia valiente, sus efectos son profundamente dañinos. Se trata de un reduccionismo que ignora que el contexto donde ocurre la violencia no es un detalle, sino parte constitutiva del fenómeno.
La Organización Mundial de la Salud distingue entre violencia familiar, laboral, comunitaria y escolar justamente porque cada ámbito tiene dinámicas, causas y respuestas específicas. Sostener que la violencia escolar no existe porque es social equivale a negar también la violencia doméstica bajo el mismo argumento: confunde el origen con la naturaleza del problema. La escuela no es un reflejo neutro de la sociedad. Es un espacio institucional con características únicas: la asistencia es obligatoria, la convivencia es prolongada y muchas veces forzada, y es allí donde niños y adolescentes construyen su identidad. Estas condiciones intensifican las dinámicas de poder, inclusión y exclusión de un modo que no tiene equivalente en otros ámbitos. Además, la evidencia muestra que el clima escolar puede predecir comportamientos violentos independientemente del contexto social, e incluso funcionar como factor protector en entornos adversos. Negar esto implica negar también la posibilidad de intervención. Ese es el punto central que esta postura invisibiliza: la capacidad de actuar desde la escuela. Los programas de prevención eficaces existen justamente porque la escuela tiene actores y culturas institucionales que pueden transformarse. Desconocerlo no es pensamiento crítico, sino una forma sofisticada de abandono. Las consecuencias de este discurso impactan directamente en quienes más necesitan apoyo. A los docentes, ya atravesados por condiciones laborales complejas, se les dice que el problema que enfrentan no es escolar, quitándoles agencia y herramientas conceptuales construidas durante décadas. Se los deja frente a una situación que parece inmodificable, donde nada de lo que hagan tendría efecto. Esto constituye una forma de violencia simbólica hacia ellos. A las familias, por su parte, se las ubica en extremos simplificadores: o víctimas de una sociedad que las desbordó, o responsables de llevar la violencia a la escuela a través de sus hijos. En ambos casos, se dificulta la posibilidad de reflexión y de trabajo conjunto con la institución educativa.
A nivel social, la consecuencia es aún más grave: si todo es violencia social, la responsabilidad se diluye y la inacción queda justificada. El modelo ecológico de la OMS propone lo contrario: reconoce distintos niveles -individual, relacional, comunitario y social- cada uno con variables e intervenciones propias. Reducir todo a “violencia social” no es aplicar este modelo, sino desarticularlo. En América Latina, y particularmente en países como la Argentina, México, Colombia y Chile, la situación actual exige rigor conceptual, políticas educativas específicas y formación docente que fortalezca la autoridad pedagógica. También exige responsabilidad en el uso de la palabra pública, especialmente frente al sufrimiento de niños y adolescentes que hoy asisten a la escuela con miedo. La violencia escolar existe. Tiene dinámicas propias, actores identificables y estrategias de abordaje validadas por la investigación. Negarla no protege a los estudiantes, no apoya a los docentes ni orienta a las familias. Solo contribuye a desresponsabilizar a quienes deben intervenir.
Castro Santander, escritor, investigador, docente *Psicopedagogo Institucional, MP. 151 (Universidad Católica Argentina). Observatorio de la Convivencia Escolar. Centro de Investigaciones Cuyo – Conicet. Irazusta, psicóloga clínica, Directora Ejecutiva de Equipo ABA.
Ambos especialistas en convivencia escolar y prevención de la violencia en instituciones educativas.
