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Las aduanas interiores
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La industria y el comercio están expresando con tono cada vez más airado su preocupación y enojo por la presión fiscal o seudofiscal que sigue creciendo con desmesura y desorden en casi todas las jurisdicciones provinciales y municipales. La característica principal de esa escalada constante de creación y aumento de gravámenes es que, en conjunto, configuran una agresión sistemática a preceptos constitucionales básicos y al sistema fiscal federal consecuentemente establecido.
Las gabelas que provincias y municipios están imponiendo a la simple circulación de bienes por sus territorios no sólo constituyen verdaderas trabas a la libertad de comercio, sino que violan cotidianamente uno de los principios económicos fundamentales de la Constitución: la prohibición expresa de establecer aduanas interiores.
En ciertos casos, esa violación es completamente flagrante. La provincia de Mendoza, por ejemplo, mantiene vigente desde hace cinco años una tasa que grava directa y textualmente la libre circulación por las rutas interiores de su jurisdicción. Al mismo tiempo deben rechazarse las presuntas tasas bromatológicas que un número cada vez más considerable de intendencias bonaerenses aplican sobre el tránsito de la producción vitivinícola y de millares de productos del más variado origen y categoría.
Es que, como estas columnas vienen señalando desde hace años, el caso de las tasas de abasto de las municipalidades bonaerenses es el que más ha crecido en gravedad durante los últimos tiempos. Las quejas de la industria de la alimentación y de las organizaciones del comercio bonaerense, fundadas en un caudal de información incontrastable, señalan con claridad que la voracidad fiscal de dichos municipios desconoce no sólo los preceptos constitucionales ya descriptos, sino que ignora ostensiblemente la legislación sanitaria federal y los avales y autorizaciones extendidos por organismos nacionales a millares de productos dirigidos a alimentar a la población sin distinción alguna de jurisdicciones.
En algunos casos, la voracidad fiscal de esas comunas intenta gravar el ingreso en sus jurisdicciones de materias primas indispensables para la elaboración industrial de alimentos y bebidas, lo que conspira manifiestamente contra los costos manufactureros e introduce dificultades para el aprovisionamiento a plantas elaboradoras radicadas en sus propios distritos.
Como si eso no fuera suficiente, el apetito municipal avanza sobre la publicidad de millares de productos de compañías industriales y servicios, lo que genera reclamos en muchos casos millonarios no sólo a los establecimientos que exhiben los avisos y marcas correspondientes, sino también a las empresas productoras.
Semejantes descontroles sólo están destinados a concluir en el encarecimiento paulatino de un conjunto vastísimo de productos y servicios. Y ese encarecimiento, a su vez, se irá trasladando indefectiblemente a toda la economía y a los consumidores en general, con la consiguiente merma del poder adquisitivo de todos los ingresos, pero de los menores salarios en especial.
Tanto las autoridades nacionales como las administraciones provinciales que asisten casi impasiblemente a ese proceso de superposición, múltiple imposición y descontrol fiscal o seudofiscal deben comprender la importancia de actuar sobre ese problema en vez de alentar, por ejemplo, los apremios de legalidad y certeza siempre dudosa que inventa constantemente el señor Santiago Montoya, titular de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires.
El orden, los límites y la previsibilidad del sistema fiscal y de su costo real y razonable son prenda de civilización, tal como lo comprendieron casi un siglo y medio atrás los autores de la Constitución nacional al establecer los principios de no confiscación, debido proceso, libertad de tránsito y prohibición de establecer aduanas interiores, una condición indispensable para la unidad y convivencia política y económica de la Nación.
