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Las bases económicas de la defensa nacional
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Para LA NACIONEugenio Marí
Según las estimaciones del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), en 2023 la Argentina tuvo el gasto militar como proporción del PBI más bajo en su historia, apenas 0,47%. En la comparación internacional, sobre una muestra de 150 países, se ubicó en el puesto 9º entre los que menos invirtieron en sus Fuerzas Armadas. No estamos hablando de un hecho aislado. Desde 1989 que la Argentina invierte menos del 2% del PBI en defensa; y desde 2004 que esta proporción cayó a menos del 1%. Estas cifras reflejan, de manera muy sintética, la herencia que recibió la actual administración en materia de defensa nacional.
La necesidad de contar con un instrumento militar eficaz es algo que prácticamente ningún país en el mundo pone en discusión. Todas las naciones que se han desarrollado en paz, han mantenido su territorio, y han vivido bajo sus propias reglas de manera perdurable, también han desarrollado medios adecuados para defender estos intereses. Lamentablemente para la Argentina, este equilibrio entre medios y fines se ha roto completamente. Y si bien una parte está explicada por la ignorancia y el desdén de la dirigencia, otra lo está por el ruinoso derrotero económico que ha seguido el país.
De la misma forma que existe una interrelación directa entre el poder político y el militar, no podemos perder de vista la que hay entre el poder militar y el económico. Una economía que no genera riqueza para su sociedad tampoco estará en condiciones de proveer las bases para financiar los medios para la defensa nacional.
El estancamiento y las crisis han generado un efecto de pinza sobre el financiamiento de las Fuerzas Armadas. Por un lado, en los últimos 15 años la cantidad de recursos por habitante (el ingreso per cápita) ha seguido una tendencia bajista casi sin interrupción. Incluso si cada argentino hubiese seguido aportando la misma proporción de sus ingresos al instrumento militar, el presupuesto de las Fuerzas Armadas habría caído un 25% en términos reales. Por otro, los recursos del Estado se han desviado para atender urgencias propias de un país en crisis, como la asistencia social.
Ambas cuestiones nos dicen que, incluso si hubiese habido una dirigencia política neutra frente a las Fuerzas Armadas, el presupuesto militar habría caído significativamente. Es que, con la pobreza creciendo y la economía funcionando cada vez peor, el costo político de destinar un peso adicional a la defensa ha aumentado, mientras que el de retirarlo ha bajado.
El ciclo económico argentino además se ha caracterizado por una elevada volatilidad. Años de expansión del PBI se intercalan con otros de profunda caída. Movimientos que son reflejados también por la disponibilidad de financiamiento para el Estado. Lógicamente, los recursos destinados a la defensa han tenido una volatilidad similar (o superior, ya que ha sido exacerbada por el ciclo político).
Como resultado, los proyectos que cuentan financiamiento un año dejan de tenerlo al siguiente. Y lo que era prioritario en un período fiscal, pasa a ser accesorio al siguiente. Es así como han surgido proyectos “zombi”; iniciativas que por la inestabilidad en el financiamiento avanzan tan lentamente o a escalas tan bajas que deben ser readecuadas permanentemente, sin llegar nunca a buen puerto, como es el caso de la modernización del Tanque Argentino Mediano (TAM) o los sistemas antiaéreos. Los proyectos de producción nacional, en su enorme mayoría, no han pasado de la etapa de prototipo. Mientras que las adquisiciones de material extranjero, salvo contadas excepciones, han quedado supeditadas a pequeñas partidas o material de segunda mano.
Bajo una economía inestable y decadente, los esfuerzos por establecer reglas que estabilicen el flujo de fondos para la defensa han sido estériles. Podemos recordar el compromiso de aumento en la inversión de defensa establecido por la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas de 1998; que luego fue suspendido en diciembre del año 2000 (Ley Nº 25.401). O la Ley Nº 27.565, que creó el Fondo Nacional para la Defensa en 2020, pero que no impidió que, en un contexto de emergencia económica, el Ejecutivo reasignara las partidas presupuestarias en detrimento de las Fuerzas Armadas.
Siendo esta la historia, el cambio de rumbo que ha impreso el nuevo gobierno es evidente y se ha agitado el avispero con algunas compras de sistemas de armas. Sin embargo, para verdaderamente torcer la tendencia de nuestra defensa nacional, debemos también cambiar la de nuestra economía. Una economía que no funciona no puede sostener una defensa eficaz.
Uno de los principales desafíos de los hombres de Estado es lograr un sano equilibrio entre los intereses nacionales y el desarrollo de medios que les sean acordes. En un mundo ordenado y pacífico, estas falencias pueden pasar desapercibidas. Pero a medida que la conflictividad internacional crece, se va tornando evidente la posición de vulnerabilidad y debilidad de nuestro país. Esto es lo que deberemos cambiar para estar listos en el mundo que viene.
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Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Mg. en Estudios Estratégicos, Escuela de Guerra Naval.
Por Eugenio Marí
