Las dificultades de Máximo Kirchner para sanitizar a La Cámpora

Las normas que regulan al poder son una dificultad para el kirchnerismo. Es lo que determina su espíritu reformista. Adecuar la ley para que acepte los casos en que actuó evadiéndola. Ese es el nudo del conflicto que mantiene con el Poder Judicial bajo el polémico concepto del lawfare. La idea de una persecución a quienes en apariencias luchan contra un sistema injusto sin detenerse en esas minucias. Podría faltar poco para que Ginés González García adhiera a esa causa. El fiscal Guillermo Marijuan lo investiga por la entrega selectiva de dosis del plan de vacunación.

El caso del exministro de Salud de la Nación le suma un trastorno inesperado a la renovación de autoridades del Partido Justicialista. Colabora en propagar una sospecha generalizada: los responsables de hacer respetar las reglas son los más interesados en exceptuarse de ellas. La renuncia de Ginés es una extensa reivindicación de su gestión. También de “la inmensa mayoría del pueblo” por respaldar sus políticas, lo que agradeció. Algo que no hizo con Alberto Fernández por haberlo designado en el cargo. Un desconocimiento a su autoridad que llega en un momento delicado. El mismo viernes del escándalo quedó oficializada la lista de unidad para conducir al PJ que lo tiene como candidato a presidente. En una semana la Junta Electoral estará habilitada a ponerlo en funciones, aún si Alejandra “Lali” Minicelli la impugna en representación de la que impulsan Alberto Rodríguez Saá, Milagro Sala y Gabriel Mariotto que la Junta Electoral no aceptó por un supuesto déficit de avales.

La esposa de Julio De Vido es la apoderada de esa “lista por el indulto” como se la rotula en el oficialismo. La conjetura es que el gobernador de San Luis la habría presentado como parte de una campaña para que Fernández indulte al exministro de Planificación y a la líder de la organización Tupac Amaru. Es probable que la ceremonia de asunción de Fernández se aplace. No será el único cambio respecto del acuerdo que Cristina Fernández de Kirchner pactó con el Presidente.

El más importante es que Máximo Kirchner no asumirá la conducción del peronismo bonaerense antes que Fernández lo haga en el PJ nacional. El obstáculo para que sea designado en marzo es que sus autoridades tienen mandato hasta diciembre: el inconveniente que obligó a modificar el plan original. Ahora la intención es que desde el PJ nacional se presione a los intendentes del conurbano que resisten a su hijo. La intención de la vicepresidenta es dejar a ellos y a Fernández en una situación embarazosa. La de negociar una salida que destrabe la situación.

Los intendentes especularon con que el Presidente podía ser quien colabore para detener el avance de Cristina en la provincia de Buenos Aires. Parece una ilusión terminada. Fernández y sus cinco vicepresidentes son los únicos que aparecen con cargos definidos en la lista de unidad. Serían los encargados de elegir a quienes ocuparían la veintena de secretarías que conforman el consejo directivo. Esa negociación proyectará sus resultados sobre otra: la de las candidaturas electorales. Lo que ocurra con Gustavo Menéndez será una referencia. El intendente de Merlo está en el puesto 43 de la lista de consejeros. El punto de partida es determinante para la meta que se aspira alcanzar. Menéndez preside el PJ bonaerense. Fernández debería tentarlo con una propuesta atractiva para que renuncie a ese cargo. El kirchnerismo no parece muy dispuesto a colaborar. Ubicó a Axel Kicillof de vicepresidente segundo. Una forma de marcarle límites a la pretensión de los intendentes. El de Merlo aspira a ser secretario general, pero también a legislador. Tiene pendiente de resolución una condena que le impediría ocupar cargos públicos de por vida si se confirma. La designación de Kicillof no sorprendió tanto a los jefes comunales como al propio gobernador. O es, al menos, lo que se desprende de la sigilosa consulta que efectuó la semana pasada Carlos Bianco. El jefe del Gabinete quiso interiorizarse sobre cómo salvar un detalle que hasta hace poco habría carecido de relieve: Kicillof no está afiliado al PJ.

Es probable que, por el apuro en resolver esa omisión, el jefe del Gabinete no haya escatimado en la búsqueda de asesoramiento. Uno de los requeridos fue Fernando Gray, El intendente de Esteban Echeverría es vicepresidente del PJ bonaerense y el más reacio a que Máximo lo conduzca. Gray está reforzando su alianza con la CGT para sostener esa posición. Reunió a los representantes de los trabajadores municipales de todo el conurbano. Una respuesta a las críticas de La Cámpora. La falta de adhesión que recoge entre los intendentes.

Sería injusto reprocharle a Kicillof no haber tomado recaudos. Lo hizo en 2016. Junto a Bianco, tramitó su incorporación al PJ porteño. Bianco quedó afiliado. Su jefe no. Un vacío difícil de subsanar y que Eduardo Duhalde cubriría con una impugnación legal contra Kicillof. Otra extravagancia que despertará comentarios en la dirigencia del Uruguay. Duhalde y su esposa vienen de obtener la ciudadanía de ese país. Un homenaje del excaudillo a sus abuelos. La medida cautelar contra el gobernador ratificaría su irrenunciable vocación de vivir en la Argentina como aseguró.

Cristina ya decidió que Mariano Recalde suceda a Víctor Santa María en el PJ Capital. La fallida afiliación de Kicillof tuvo lugar en su gestión. Máximo tuvo más suerte. Consiguió aparecer en el Registro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos como suscrito a uno de la provincia de Buenos Aires. Algo que no ocurría hace unos meses cuando figuraba ligado a uno de la de Santa Cruz. ¿Un prodigio del ministerio del Interior?

Probablemente habladurías fundadas en los antecedentes de Patricia García Blanco. Antes de ser secretaria de Asuntos Políticos perteneció al grupo de apoderados legales del PJ. Una cantera a la que se le atribuye un expertise indispensable para resolver ese tipo de situaciones confusas. Pero además del caso de Menéndez, a Fernández le tocará arbitrar en un diferendo sensible. Juan Zabaleta y Fernando Espinoza pretenden presidir la Federación Argentina de Municipios (FAM),

El intendente de Hurlingham es el más allegado al presidente. El de La Matanza fue propuesto al cargo por Máximo el 23 de diciembre en Lomas de Zamora. Espinoza se reunió con Fernández una semana después y está convencido de contar con su aval. Zabaleta pertenece al sector del oficialismo que mantiene diálogo con Juntos por el Cambio. Si el candidato es Espinoza, se confirmaría que esa alternativa no es la más importante para el gobierno.

La oposición enfrenta sus propios dilemas. El de la confusión entre sus problemas y los de la ciudadanía es el más relevante. Algunos dirigentes cercanos a Horacio Rodríguez Larreta esperan que aparezca sin premuras una faceta por ahora desconocida en el jefe de Gobierno porteño. La de un líder capaz de conducir a todos. Una definición que incluye a Patricia Bullrich pero también a María Eugenia Vidal. La misión de veedora de la OEA que la exgobernadora cumplirá en El Salvador dilatará su decisión sobre si será candidata y dónde.

Un estado de indefinición que también afecta al proyecto más ambicioso de Máximo Kirchner. Someter a La Cámpora a un proceso de sanitización capaz de convertirla en la sucesión natural de los intendentes del conurbano en el peronismo bonaerense. Es la clave de la entronización de Fernández en el PJ. Resolver las dificultades que se lo impiden.