1
Leyes hay, el problema es que no se cumplen
La aplicación de las normas y su cumplimiento constituyen un desafíono solo para toda la sociedad, sino también para los propios jueces
1 minuto de lectura'
LA NACION
Con más de nueve mil parches que se acumularon desde su versión original, que se remonta a 1921, el Código Penal está en vías de modificación. Ya ha concluido el anteproyecto de reforma redactado por una comisión que preside el camarista de Casación Mariano Borinsky y que, entre otras iniciativas, limita el beneficio de la libertad condicional y ciertos márgenes de interpretación de los jueces, al tiempo que agrava las penas de numerosos delitos.
Lo primero que salta a la vista del ciudadano, aunque sea lego, es que por más perfectibles que resulten las leyes y por más que se las adecue a los tiempos que corren para abarcar las nuevas modalidades delictivas, uno de los principales problemas que afronta la Argentina en esa materia está en su aplicación. Y también, en los claroscuros que presenta el actual panorama judicial, tal como pudo apreciarse en la reciente jornada "Experiencias exitosas y resultados en la implementación de calidad", organizada por el Ministerio de Justicia y que reunió a más de 40 jueces federales y provinciales.
Allí, por ejemplo, pudo escucharse al juez federal Ariel Lijo sostener, con total desparpajo: "No hace falta que nos auditen, nos auditamos solos", falsedad que también suena a fanfarronada pero que afortunadamente contrastó con la actitud de su colega Marcelo Martínez Di Giorgi, quien pidió disculpas a los jueces por ser la causa principal de la mala percepción sobre el trabajo judicial. Entre los aspectos positivos que se mencionaron en la jornada figuraron los avances en la implementación de las normas ISO en los juzgados.
En lo que hace a las leyes, hay muchas que deben mejorarse, pero con eso no basta. El psiquiatra Abraham Maslow popularizó la llamada ley del instrumento, según la cual todos exageramos la utilidad de la herramienta que sabemos manejar. Suele ejemplificarse esa ley con la expresión "si usted tiene un martillo, todos los problemas le parecerán clavos". Las cuestiones que tienen que ver con la Justicia están, como es lógico, lideradas por juristas, que tienden naturalmente a creer que el delito disminuirá cuando se cambie el Código Penal y que los juicios civiles serán más rápidos porque una comisión de expertos en Derecho Procesal mejore las normas. Si así fuera, por ejemplo, para que circulásemos por ciudades seguras y ordenadas bastaría con traducir la ordenanza de tránsito de algún lugar del mundo que fuera ejemplar en ese aspecto y sancionarla aquí. Como es evidente, no se trataría de ninguna solución.
Quizás el problema de fondo radique, precisamente, en que nuestra sociedad se caracteriza por su desprecio a las normas de todo tipo. Hay disposiciones de la Constitución que han sido ignoradas, como el establecimiento del juicio por jurados, e instituciones que también crea la Constitución que no han sido creadas, como el Tribunal de Defensa de la Competencia, o que carecen de titular, como la Defensoría del Pueblo. Se violan las reglas de tránsito y los códigos edilicios; no se cumplen las leyes sobre discapacidad, ni la de talles, ni la de bosques; tampoco la de protección de los glaciares y la de basura cero en la ciudad de Buenos Aires. Transgresiones más graves desembocan en la adulteración de medicamentos y alimentos, y así hasta llegar al pago de sobornos.
El sociólogo francés Emile Durkheim empleó el término "anomia" para describir esa conducta social. Ya en 1997, Carlota Jackisch, de la Fundación Konrad Adenauer, afirmaba en LA NACION que no es la ausencia de normas lo que explica el carácter anómico de la Argentina, "sino el desprecio a la normatividad por parte de segmentos considerables de la sociedad". Agregaba que una Justicia dependiente del poder político no ayuda a disminuir el caudal de anomia de una sociedad. Sobre este tema es un clásico acudir al libro Un país al margen de la ley del recordado filósofo del derecho Carlos S. Nino, aunque en su inventario de violaciones no incluyó al peor pecado que el Estado comete desde hace 75 años al envilecer el valor de la moneda. Buceando en las causas de la anomia, en 1979, Horacio M. Lynch y Enrique V. Del Carril la atribuían en buena parte al mal uso que el propio Estado hace de la ley.
Por desgracia, ese panorama se ha agravado porque existen jueces que se destacan por el nulo o poco apego a las leyes. También existen los jueces que sinceramente creen que el delincuente siempre es una víctima de una sociedad que lo ha oprimido y descreen de la eficacia de las penas. Son los llamados, de manera simplificada, "garantistas" cuando en muchos casos debieran ser denominados abolicionistas. Lo malo no es que tengan una ideología sino que pretendan que los hechos se acomoden a sus presupuestos ideológicos, y no al revés, y solo se concentren en el delincuente. Se trata de atender también a quienes pueden resultar futuras víctimas de alguien irresponsablemente liberado después de haber recibido una pena en un proceso con todas las garantías.
Esta actitud aflora en algunos casos cuya difusión mediática ha conmovido a la ciudadanía con sobrada razón. También, por supuesto, hay entre los magistrados casos de simple holgazanería o inconsciencia pero que rayan en lo criminal cuando no atienden los informes de los servicios penitenciarios que desaconsejan las excarcelaciones o las salidas transitorias de condenados peligrosos. Cada vez son más frecuentes las trágicas consecuencias que tienen estas conductas y de las cuales los jueces deberían ser personalmente responsables.
La reforma al Código Penal contemplará algunas de estas situaciones para evitar que se repitan. Pero lo que hay que reformar con tanta o mayor urgencia es la visión que muchos jueces tienen en la que se invierten el orden y los delincuentes pasan a ser víctimas y no victimarios.
LA NACION
