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Los archivos históricos
Por Marcelo Bazán Lazcano Para LA NACION
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El problema de la preservación documental y de la organización de las instituciones dedicadas a conservar en ellas, debidamente ordenadas, las series que configuran los archivos provenientes de la actividad administrativa, jurisdiccional y legislativa de los "poderes elementales del gobierno federal" o de los llamados "órganos extrapoderes", como el defensor del pueblo, la Auditoría General de la Nación y el ministerio público, o bien de los "autónomos", como las universidades nacionales, suscita tantas cuestiones que resulta imposible tratarlas a todas.
Por consiguiente, lo único que pretendo hacer es plantear con claridad algunos de los problemas elementales de la archivología, como constitutivos de la rama de esta disciplina que tiende a considerar cuestiones prácticas más bien que teóricas de los archivos históricos.
En 1972, publiqué en la revista del Archivo General de la Nación un trabajo con el título El descarte . En él hice un primer intento por aplicar ciertas técnicas de la archivología moderna al análisis de los conceptos y del discurso archivístico.
En ese trabajo di por supuesto que mis afirmaciones relacionadas con la necesidad de dotar al Archivo General de la Nación de un edificio adecuado para preservar sus fondos tendrían algún eco. Este supuesto estaba justificado por la sencilla razón de que el edificio no admitía más peso. Sin embargo, las autoridades permanecieron insensibles ante la gravedad del caso, y el patrimonio documental del repositorio sufrió las consecuencias del deterioro de sus techos y paredes, no hace muchos años.
Los pensamientos que contenía aquel trabajo, como otro que publiqué, años después, en la revista de Historia de América, eran el fruto, en parte, de los problemas derivados de la falta de espacio y, en parte, de los esfuerzos por desarrollar las ideas relativas al ordenamiento y a la valoración documental más amplia.
Me gustaría, por cierto, decir aquí algo acerca de estos conceptos. Pero me limitaré a cuestiones menos profundas, aunque más relevantes.
En mi trabajo de 1972 también di por supuesto que en el futuro cambiarían las cosas en el Archivo General de la Nación, porque se llamaría a concurso para que fueran cubiertos los cargos -no solamente directivos- de la institución. Pero nada de esto ha ocurrido, no sólo en este repositorio, sino en muchos otros, de igual o parecido carácter, como, por ejemplo, el Archivo General del Poder Judicial de la Nación.
Mi insatisfacción y mis dudas referidas a las cuestiones relativas a la necesidad de preservar adecuadamente la documentación en estos archivos fueron planteadas en otros artículos y en cartas de lectores aparecidas en el país y en el extranjero. Pero nunca estas demandas fueron escuchadas por las autoridades políticas de turno.
Ahora bien: el estado de cosas actual es aún más serio que el planteado en aquel estudio juvenil, escrito cuando yo era jefe de redacción de la revista del Archivo General de la Nación y cuando el director de esta institución era el notable historiador Guillermo Gallardo. Ahora las cosas son más graves y han llegado, finalmente, a socavar en su totalidad el sistema de preservación elemental del patrimonio histórico del Estado.
Porque si el Archivo General de la Nación, que ya no publica la revista que le dio prestigio en el mundo entero, destruye o consiente la destrucción de enormes masas de documentos de valor histórico, otro tanto sucede con el Archivo General del Poder Judicial de la Nación, institución ésta donde el problema se agrava, debido a la falta de todo cuidado en la guarda de los expedientes preservados por razones de carácter legal, ya no tan sólo histórico.
Estas y otras consideraciones similares respecto de otros archivos públicos ponen de manifiesto una indiferencia tal por nuestro pasado que demuestra la negación misma de nuestros orígenes y explica la pérdida del rumbo nacional y no solamente la falta de "políticas de Estado" en la Argentina.
Todavía mantengo la opinión expresada en mis trabajos originales de que el nombramiento por concurso de los archiveros habrá de producir resultados significativos. No hay duda, sin embargo, de que ello no garantizará per se la idoneidad específica de los designados mediante este método. Pero no puede dudarse de que a través de él habrá de obtenerse, al menos, un personal que reúna las condiciones mínimas de aptitud para desempeñar sus funciones.
El objeto principal de una renovación como la sugerida es la ejecución de una labor que tiene tres aspectos fundamentales. El primero guarda relación con el ordenamiento de la documentación histórica; el segundo, con la valoración de la documentación administrativa y la jurisdiccional, y el tercero se vincula con la elaboración de catálogos descriptivos e inventarios analíticos de la documentación librada a la consulta cultural.
Pero el primer paso hacia la reconstrucción de una política adecuada en la materia será la erección de un edificio apropiado para el Archivo General de la Nación, con vistas a albergar en él la documentación destinada al uso historiográfico, que se pierde o destruye en las entidades originarias, sean éstas o no definibles como archivos históricos. Según se ha visto, esto se lleva a cabo mediante la asignación de las partidas presupuestarias necesarias a tal fin y no requiere otra casa que amor a la Patria, que es el amor por los antepasados y por la tierra en la que ellos han forjado una Nación que existe, en rigor, en nuestro caso, desde la fundación de Santiago del Estero, el 25 de junio de 1553.
