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Los derechos humanos kirchneristas
Además de una renovación de entidades, como propuso el periodista Leuco, es preciso modificar las interpretaciones sesgadas de nuestra historia trágica
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LA NACION
El reconocido y prestigioso periodista Alfredo Leuco hizo público días atrás un pedido de conformación de nuevas entidades de derechos humanos para los nuevos tiempos de la Argentina. En su fundamentación alegó que la adhesión de algunas de las actuales organizaciones al kirchnerismo ha terminado disecándolas y alineándolas con los aplaudidores de los últimos 12 años, impidiéndoles cumplir con sus verdaderos objetivos.
La propuesta de Leuco es avanzar hacia un proceso de renovación para que surjan entidades integradas por personas honradas y con prestigio social que adhieran a la defensa de los derechos humanos y que no tengan relación con facciones teñidas por la corrupción.
La preocupación del periodista es entendible. La adhesión de ciertas entidades de derechos humanos al kirchnerismo no sólo las desvió del propósito prioritario de su objetivo, sino que también contaminó, al menos a una de ellas, en graves hechos de corrupción. El caso notorio fue el de las Madres de Plaza de Mayo, cuya línea, liderada por Hebe de Bonafini, entró en proyectos de construcción de viviendas que se financiaron con dineros públicos y que concluyeron en una estafa y siguió con un desfalco en un instituto universitario que terminó siendo pagado por todos los argentinos a través de una absurda estatización.
El fácil dinero oficial fluyó para generar gastos y enriquecimientos inexplicables, en algunos casos, mientras que en otros, el aporte de las arcas públicas podría explicar la voluntaria ceguera frente a irregularidades cometidas desde el gobierno nacional.
La cooptación kirchnerista no fue casual. Por el lado del matrimonio gobernante, respondió a una estrategia de construcción de poder. Por el lado de las entidades, fue una respuesta a quienes les dieron satisfacción a su aspiración de ver encarcelados a los acusados de ser victimarios de sus familiares o compañeros en la lucha revolucionaria. La idealización de los guerrilleros como perseguidos políticos está en la naturaleza de la relación afectiva de sus familiares y en el intento de una mejor presentación de su violencia revolucionaria frente a la sociedad y el mundo.
Fue tan fuerte ese impulso ideológico y afectivo, así como la aspiración de vengar a sus seres queridos, que algunas entidades de derechos humanos pasaron por alto la corrupción kirchnerista.
Ha predominado una versión histórica de los años setenta que es incompleta y asimétrica. Esta visión no sólo fue impulsada por estas entidades y por el gobierno kirchnerista, sino que también tuvo eco en espacios políticos, intelectuales y periodísticos tanto locales como del exterior. En general, se han condenado los crímenes de la represión excluyendo toda consideración de los previos crímenes del terrorismo revolucionario que los antecedió en el marco histórico. Las víctimas de este terrorismo no son todavía reconocidas, mientras que algunos de quienes usaron sus armas y su violencia contra civiles inocentes y también contra gobiernos constitucionales han sido homenajeados, indemnizados o hasta premiados con cargos oficiales.
El discurso de Barack Obama frente al Monumento a la Memoria pudo haber caído justamente en esta visión parcial de la historia, mientras que el del presidente Mauricio Macri, aunque partió de una condena a la fecha del 24 de marzo, se refirió a la inaceptabilidad de la violencia política en general, dato que debe interpretarse como un avance en el sentido de arribar a un mayor equilibrio.
Precisamente, una lectura más integral y abarcativa de lo ocurrido en los trágicos años setenta sería el paso que le puede faltar al pedido formulado por Leuco de conformar nuevas entidades de derechos humanos. Las víctimas de los grupos armados no pueden quedar en el olvido. Los crímenes del terrorismo deben ser también condenados, al tiempo que debe quedar claro para las nuevas generaciones de argentinos que el objetivo de esas organizaciones era instaurar, con apoyo desde Cuba, un régimen totalitario y no luchar por la democracia contra una dictadura militar. De hecho, sus mayores ataques y atentados se produjeron precisamente durante la gestión del gobierno peronista, elegido democráticamente en 1973.
El respeto por los derechos humanos exige también no confundir justicia con venganza, como puede estar ocurriendo con algunos procesados sin condena por presuntos delitos de lesa humanidad a quienes se les niega la prisión domiciliaria pese a ser septuagenarios u octogenarios.
La parábola seguida por las entidades de derechos humanos y su aterrizaje en el kirchnerismo debería dejar una lección sobre la parcialidad de su cometido en los últimos años. Para alcanzar la ansiada pacificación, la verdadera defensa de los derechos humanos no puede ser exclusiva de algunos ni estar sujeta al predominio de determinadas concepciones ideológicas o a interpretaciones sesgadas de los hechos históricos.
LA NACION
