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Los desafíos de la Argentina frente a las exigencias ambientales del G20
Según lo acordado por los países que integran el G20, entre los que se incluye la Argentina, en 2030 las emisiones globales de carbono (CO2) deben estar un 45% por debajo de los niveles de 2010 y alcanzar el cero neto para 2050. El “Reporte de Transparencia Climática”, elaborado por Climate Transparency, asegura que el objetivo de esta medida es mantener el incremento en la temperatura media mundial por debajo de los 2°C con respecto a los niveles preindustriales (medias entre 1850 y 1900) y redoblar esfuerzos para limitar a 1.5°C, ya que esto reduciría significativamente los riesgos e impactos del cambio climático.
Ahora bien, ¿en qué situación se encuentra nuestro país con respecto a esta adaptación? La plataforma científica Climate Action Tracker (CAT) afirma que, tanto la Argentina como México, China e India, entre otros países, están clasificados como “altamente insuficientes” o “críticamente insuficientes”, lo que de persistir podría generar tensiones dentro del foro internacional.
A su vez, el informe de Climate Transparency asegura que la Argentina tendrá unas 359 Toneladas Métricas de Dióxido de Carbono Equivalente (MtCO2e) para 2030, lo cuál es un aumento del 35% sobre los niveles de 1990. Para mantenerse por debajo del límite de temperatura de 1,5˚C, las emisiones de la Argentina en 2030 necesitan estar en alrededor de 210 MtCO2e o 9% por debajo de los niveles de 1990.
Estos números no deben verse sólo desde el costo político de no estar cumpliendo con los parámetros ambientales propuestos por el G20. Las consecuencias en el impacto ambiental de la Argentina pueden percibirse con facilidad. El país ha estado sufriendo eventos climáticos extremos en los últimos años.
Las inundaciones y las sequías son los impactos más críticos, especialmente en el sector agrícola, representando pérdidas del 1% del PBI en 2018. Estos eventos climáticos extremos están asociados con efectos sobre la producción económica, con 302 mil millones de horas de capacidad de mano de obra potencial perdidas en 2019. El informe también refleja que tan solo en 2019 hubo 26 muertes relacionadas a los cambios climáticos.
A pesar de esto, la Argentina todavía está a tiempo de corregir su camino y redireccionarse a una economía baja en carbono y eventualmente alcanzar un cero neto de emisiones de CO2 para el 2050. Por lo pronto, el Gabinete Nacional de Cambio Climático (Ley 27520) presentó en diciembre de 2020 un segundo plan de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés), más ambicioso que el primero, para contrarrestar las emisiones de carbono.
Sin embargo, con la planificación no alcanza y las políticas ambientales deben pasar a la acción. Definitivamente el mundo está dispuesto a ofrecer muchas oportunidades para impulsar la transición hacia energías renovables. Una prueba concreta es que el 2021 batió un nuevo récord global en términos de emisión de deuda sostenible y alcanzó los USD 1.6 billones (Bloomberg New Energy Finance).
La ventaja es que la Argentina cuenta con varios factores que pueden facilitar este proceso. Apostar directamente a fuentes de energía renovables como la eólica, solar e hidráulica, donde el país cuenta con recursos de clase mundial y priorizando al gas natural en la transición, colaborarían en este camino hacia la descarbonización.
Por otro lado, es fundamental garantizar la protección de los ecosistemas naturales en la Argentina, principalmente bosques y humedales, ya que pueden proporcionar excelentes oportunidades para mitigar y adaptar al cambio climático. Ambos ecosistemas fueron protagonistas constantes de noticias durante el 2021, debido a los incendios y construcciones urbanas desmedidas.
Para esto, es necesario impulsar los negocios atravesados por el triple impacto (ambiental, social y económico) y sanos esquemas de gobernanza corporativa. De esta manera proliferarán las empresas que -valiéndose de la ola de financiamiento sostenible encabezadas por los organismos multilaterales y fondos privados- recibirán créditos para desarrollarse de manera responsable con el ambiente.
Los efectos no son solo “verdes”. Repasemos: las organizaciones accederán a créditos para crecer, y esto les promueve herramientas para saldar otras deudas estructurales que tenemos como país, por ejemplo, la tasa de desempleo y los salarios deteriorados. A su vez, esto inyecta dinero en la economía local que contará con más recursos para generar externalidades positivas.
Cabe aclarar que la Argentina no es el único miembro del G20 que no se encuentra en el camino correcto para llegar al 2030 con los parámetros propuestos por la organización. Los integrantes de este grupo necesitan introducir con urgencia políticas, acciones y objetivos nacionales y los países desarrollados deben acelerar las contribuciones de financiamiento climático para apoyar el accionar de los países en desarrollo. En este último punto se define una de las claves de la geopolítica del cambio climático y no existe posibilidad de desarrollo sin el financiamiento adecuado.
Más allá de esto, con las políticas ambientales y productivas correctas, la Argentina puede encabezar esta adaptación a nivel regional. Es necesario pasar de la planificación a la acción en el corto plazo. Todavía estamos a tiempo y tenemos con qué hacerlo.
Licenciado en Ciencias Políticas (UCA) y posgrado en Bonos Verdes y Finanzas Sostenibles (Ucema)
Por Iván Buffone
