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Los desafíos del Consejo Económico y Social
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su discurso de asunción el 10 de diciembre anunció que próximamente enviará al Congreso un proyecto de ley para crear el Consejo Económico y Social para el Desarrollo, "que será el órgano permanente para diseñar, consensuar y consagrar un conjunto de políticas de Estado para la próxima década".
Fernández anunció que sus miembros se elegirán con acuerdo del Congreso, durarán en sus cargos un período superior al mandato presidencial y aspira que en ese ámbito se debatan cuestiones técnicas.
Desde la crisis de 2001 se ha puesto en debate varias veces la creación de este órgano, e incluso en el Congreso se presentaron más de quince proyectos de creación del Consejo Económico y Social (CES) entre los que se encuentra el del actual juez de la Corte Suprema Carlos Maqueda y el del expresidente Raúl Alfonsín.
Pero en la realidad lejos está de ser este órgano un invento argentino. Terminada la guerra en 1945 se firmó la Carta de las Naciones Unidas en la cual entre sus varios objetivos estaba la creación del Consejo Económico y Social integrado por 54 miembros de las Naciones Unidas cuyo fin "es iniciar estudios e informes con respecto a asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario".
Actualmente el CES funciona en Chile, Holanda, México, y Francia -entre otros- en donde además de la función económica y social se sumó la ambiental, ya que la protección del ambiente constituye parte integrante de los procesos de desarrollo y no debe considerarse en forma aislada.
En línea con esto, el art 41 de nuestra Constitución incorpora el concepto de desarrollo sustentable como aquel que permite satisfacer "las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras", tratando de lograr así de manera equilibrada el desarrollo económico, social y la protección del ambiente.
Ahora bien, a nivel local mediante el Decreto 2098/46 firmado por el expresidente Juan Domingo Perón se creó el Consejo Económico Social como organismo consultivo y posteriormente, casi 50 años después, la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional en 1993 habilitaba a la Constituyente a tratar la "creación de un Consejo Económico y Social con carácter consultivo", el cual por falta de acuerdo no quedó plasmado en el texto final de la Constitución.
Afortunadamente, fueron varias las provincias en las que sus Constituciones receptaron finalmente la creación de este órgano. Los ejemplos son los de Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras, en la cual su presidente era hasta asumir en diciembre pasado como vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini.
Desde el último devenir de la democracia lo más parecido al CES fue "Diálogo Argentino" establecido en 2002 durante el gobierno del expresidente Eduardo Duhalde que tuvo como fin en un momento de crisis institucional generar consensos en una sociedad convulsionada y enojada con la clase política.
La crisis económica devenida en crisis social que atraviesa la Argentina hace varios años necesita de la participación de diferentes sectores relevantes de la sociedad, en busca de la construcción de consensos económicos y sociales transversales a los partidos políticos, generando políticas de estado a largo plazo, sumando la variable ambiental y logrando la independencia de los vaivenes políticos que suele vivir el país.
Hay mucha expectativa puesta en la creación de este órgano multisectorial, al punto que figuraría en el temario de extraordinarias de enero y hasta el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, esta semana manifestó que espera que los acuerdos que se hagan en el CES desindexen la economía y tengamos tasas más normales de inflación.
El desafío será que no quede en un órgano más y que realmente sirva para proponer iniciativas que promuevan el desarrollo socioeconómico de nuestro querido país. El tema está planteado, ahora queda ejecutarlo.
Director de El Monitor de la Justicia
