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Los “diablos” también están en las redes
Podría pensarse que la idea del Gobierno de controlar el contenido de las redes es una cortina destinada a distraer la atención de la gente para ocultar las graves consecuencias derivadas de su propia incompetencia en casi todas las áreas de gestión. Sin embargo, aunque ello sea probable, si tenemos en cuenta que está en los genes del kirchnerismo la idea de controlar todo aquello que funciona en forma independiente de su propia voluntad (jueces, fiscales y periodistas), es fundado considerar que el difuso proyecto esbozado por Beliz podría ser algo más que una simple maniobra de distracción, y que presentado con la ostentosa finalidad de “mejorar la calidad de la democracia”, constituiría un instrumento de regulación y control sobre el universo virtual de opiniones que constituyen hoy en día las redes sociales.
Es cierto que intentar controlar el contenido de las redes es como pretender cruzar el mar caminando, o como tapar el sol con un dedo, pero no solo este gobierno ya lo ha intentado en un par de oportunidades, sino que además, cuando algo está impregnado en la filosofía y en el espíritu de un elenco gobernante, por ridículos que parezcan sus postulados, para ellos son actos de justicia y heroísmo destinados a enfrentar a los “diablos” que en sus fantasías generan todos los males, como la inflación, la inseguridad, el periodismo y ahora parece ser que las redes, aunque ellos sean los únicos responsables de aquellos males.
Frente a tanta insensatez, no es inconducente ingresar en el corazón de la Constitución Nacional, a la que el kirchnerismo desconoce o premeditadamente ignora. En ella no solamente la libertad de expresión está reconocida en forma expresa, sino que además también prohíbe del mismo modo la censura previa. Eso significa que si bien los derechos son susceptibles de ser regulados o reglamentados, el de la libertad de expresión no. Es un derecho absoluto cuyo ejercicio solo genera responsabilidades ulteriores a él. Es decir, quien se expresa debe asumir las consecuencias penales o civiles por los daños que mediante la expresión eventualmente cause a terceros. Pero eso es otra cosa. Lo que no se debe es condicionar la libertad de expresión antes de ejercerla. Pues si por este lado va el supuesto intento del Gobierno, desde ya dejo expuesta su absoluta inconstitucionalidad.
El derecho de expresarse es uno de los derechos subjetivos más relevantes para el sostenimiento del sistema republicano y de la democracia, y, por lo tanto, afectarlo o condicionarlo es una forma de debilitar a esos regímenes políticos y de restarles sustento y calidad.
Las redes sociales son un canal universal de expresión, muchas veces agresivo, caótico e intempestivo, pero en todo caso es el único modo que la gente tiene de expresar sus sensaciones y opiniones sobre un gobierno por fuera de los actos electorales que en nuestro país se presentan cada dos años. Son, pues, las redes, y la prensa cuando se trata de la expresión por esa vía, las que controlan a los gobiernos, no al revés. Sostener lo contrario es propio de gobiernos autocráticos.
Decía Voltaire: “No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo”. Cuando ese “derecho de decirlo” es afectado por terceros, se trata de un acto de intolerancia; cuando lo es por los gobernantes, es un acto de autoritarismo constitucionalmente inadmisible.ß
Abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional UBA
