Los dilemas éticos urgentes que plantea la pandemia

Así como un virus nacido en una ciudad china obligó a médicos e infectólogos de todo el mundo a enfrentar casi a ciegas los peligros de una pandemia inédita, hubo investigadores de otras disciplinas que abordaron desafíos menos visibles pero igual de urgentes. A medida que el Covid-19 empezó a barrer fronteras, los gobiernos debieron encontrar respuestas tanto para las cuestiones sanitarias como para los dilemas políticos, sociales, económicos y éticos que impuso el coronavirus. ¿El aislamiento obligatorio atenta contra las libertades individuales? ¿Qué debe hacer el Estado si el sistema de salud colapsa? ¿Quiénes deberían recibir primero la vacuna en la que trabajan los laboratorios? Estas preguntas, entre otras, recayeron en los expertos en bioética, que trabajan en los protocolos que requieren los gobernantes para desplegar las políticas sanitarias de acuerdo a sus principios.

La bioética emergió como una rama imprescindible de estudio a mediados del siglo pasado, cuando los avances de la tecnología sobre la medicina y la biología empezaron a despertar interrogantes de todo tipo. Desde entonces, filósofos, abogados, sociólogos, médicos e investigadores de otras disciplinas debaten en todo el planeta en qué terreno deben trazarse las fronteras de la acción humana para que sea considerada ética, preservando tanto al hombre como el medio ambiente.

El coronavirus generó nuevos desafíos. La velocidad de su contagio, así como su letalidad, llevó a los gobiernos a tomar decisiones que caminaban en la delgada línea entre la vida y la muerte. Muchos adoptaron el aislamiento forzoso como principal estrategia de combate al virus. Otros apelaron a la responsabilidad individual. Países como Estados Unidos, Brasil y Suecia adoptaron políticas más laxas. La Argentina se ubicó entre los más extremos, con una de las cuarentenas más largas del mundo y el consiguiente impacto en su economía. Parte de la sociedad y de la dirigencia reprocharon esta decisión del presidente Alberto Fernández. Surgieron así los anticuarentena. Pero ese debate, entre muchos otros, resonó también puertas adentro del Gobierno.

En el ámbito del Ministerio de Salud, se constituyó una comisión de expertos argentinos en bioética. Se reunieron virtualmente media docena de veces y ya han presentados cuatro documentos. Allí buscaron identificar los puntos de conflicto que podía generar la estrategia oficial contra el Covid-19. Y describieron pautas que no son obligatorias, ya que la responsabilidad final de su aplicación recae en el Poder Ejecutivo. Entre los principales conflictos bioéticos a tener en cuenta por el Gobierno, el comité señaló la tensión entre las políticas públicas y los derechos individuales, el límite entre la infodemia y el derecho a la información, el uso de datos personales sensibles ante el derecho a la privacidad, la frontera entre el reconocimiento de grupos vulnerables y la discriminación, los acuerdos y el acceso a la vacuna contra el Covid (acuerdos y prioridades de acceso). Y, por supuesto, la asignación de recursos limitados en cuidados críticos, es decir, de respiradores y camas de terapia intensiva en caso de colapso del sistema sanitario.

El bien común, primero

La pandemia obligó a privilegiar el bien común frente a las libertades individuales. Apareció el distanciamiento social y el confinamiento dentro de los hogares. Pero, con la extensión de la cuarentena, en la Argentina muchos comenzaron a flexibilizar el "quedate en casa" y salieron a trabajar para asegurarse el sustento. ¿Cómo reprimir la violación de una norma comunitaria cuando está en juego un derecho tan elemental como la supervivencia?

"La limitación de los derechos individuales debe ser justificada públicamente con transparencia y contar con el consenso social", dice Diana Cohen Agrest, doctora en Filosofía con máster en Bioética, integrante del Comité de Bioética local. Las políticas restrictivas, agrega, "deben regirse por principios prudenciales, ponderadas según los requisitos de necesidad, legalidad, proporcionalidad y temporalidad".

En lo que respecta a la comunicación pública, la pandemia planteó el desafío de informar sin transmitir miedo ni saturar. El Estado debe dar a conocer los riesgos, pero sin generar alarma. Mario Riorda, especialista en comunicación pública, plantea además que los mensajes oficiales deben promover conductas solidarias. "Fue un error la cartelería en vía pública que decía ‘Seguí cuidándote’. Debió decir ‘Sigamos cuidándonos’", ejemplifica.

Otro dilema ético que se abrió a partir de las herramientas de prevención que diseñó el Estado giró en torno a la privacidad de los datos relacionados con la salud de las personas. Si bien los individuos dejaron de ser anónimos en el ciberespacio, aplicaciones como Cuidar, convertida por el Gobierno en una suerte de DNI sanitario, concentraron información médica de las personas que pedían habilitación para circular, pero también recopilaba la geolocalización de los ciudadanos.

Florencia Luna, directora del programa de bioética de Flacso y también integrante del comité de especialistas que asesora al ministro Ginés González García, afirma que la pandemia "exacerbó" la circulación pública de información privada. "Esto plantea serios problemas éticos –advierte–. Es necesario que haya un análisis muy cuidadoso de quién tiene esa información, para qué la tiene y hasta cuándo la tiene".

No se debe habilitar "un estado de vigilancia permanente", como dice la española María Casado, directora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. "Hay que estar atentos a que las medidas de control que se tomen en estas circunstancias excepcionales se reviertan cuando la situación termine. Pero, una vez que las medidas represivas y de control se instalan, es difícil conseguir que se dé marcha atrás", advierte.

La pandemia también puso en foco a distintos grupos vulnerables. Adultos mayores, mujeres víctimas de la violencia de género conviviendo con su victimario o niños y adolescentes que por varios meses no pudieron salir de sus casas necesitan atención privilegiada por parte del Estado. Y esto debe ser así sin que represente una discriminación del resto de los argentinos.

Hay otras vulnerabilidades en juego. "En un primer momento, las diferencias de clase no fueron contempladas en la elaboración de los protocolos. Faltó escucha. Gran parte de las medidas de salud pública fueron pensadas para una clase media que se podía quedar en su departamento, con agua potable, que tiene la plata para comprarse alcohol en gel y que puede hacer home office. Estas cosas se pensaron para sociedades que tienen otros recursos", señala Luna.

Un debate urgente es determinar qué hacer en caso de que no haya camas de terapia intensiva y respiradores para todos los que lo necesiten. El jueves había más de 1600 internados en unidades de terapia intensiva en todo el país, más del 80% en el AMBA; una ocupación que promedia el 58% del total disponible a nivel nacional, y el 68% en el AMBA.

En Italia, en medio de la crisis, se estableció un criterio etario para la asignación de respiradores. Saturadas las unidades de terapia intensiva, los adultos mayores fallecieron en los geriátricos sin poder despedirse de sus familiares. Lo mismo ocurrió en España. Bajo el criterio de no asignar recursos escasos al primero que llega, sino al que más se va a beneficiar de ellos, se eligió en muchos casos en base a la edad y la expectativa de vida.

Para no repetir estas historias, el comité argentino redactó un documento, "Ética en la asignación de recursos limitados en cuidados críticos por situación de pandemia".

En caso de saturación

Para el caso de saturación del sistema, expone el criterio de mayor bien o maximización de los beneficios, que establece que hay que asignar bienes u oportunidades escasos a quienes más pueden beneficiarse por recibirlas. Sin embargo, el documento indica que ningún paciente será pospuesto en la atención por razones que no sean estrictamente médicas, esto es edad, género, condición social, religión, etnia o cualquier otra característica relativa a su condición o lugar en la sociedad.

Los pacientes que no sean admitidos en una unidad de cuidados intensivos por falta de recursos recibirán la atención médica disponible en el nivel subsiguiente de complejidad. Y, en una eventual situación extrema, si hubiese un gran número de personas con similares probabilidades de beneficiarse por el ingreso a cuidados intensivos frente a la posibilidad de un único recurso, prevalecería el criterio de "primer llegado, primer ingresado".

Las únicas personas que podrán tomar la decisión del acceso a los cuidados críticos serán las que integran el equipo de salud, y debe haber de parte de ellos un reconocimiento de estos principios éticos.

Otra recomendación del documento es que la decisión de no ingresar a una persona en unidades de cuidados intensivos o de retirarla en un contexto excepcional de alta demanda debe ser resuelta con consulta a uno o dos profesionales médicos que no estén a cargo de la atención del paciente, para que no haya "apego" a la hora de repartir recursos escasos.

Cuando la nueva normalidad haya llegado, la bioética podrá abordar lo hecho y facilitar las autocríticas. Será el momento de pensar políticas de una manera más integral para que la historia no se repita. Pero siempre en manos de los políticos que sepamos conseguir. "El experto aconseja según su conocimiento, argumenta, puede convencer, pero las decisiones la han de tomar los representantes políticos, porque son los que han sido elegidos por los ciudadanos –señala María Casado–. Así funciona la democracia. Si decidieran los expertos sería una tecnocracia, pero en democracia el experto informa y el político elegido decide."