Los empresarios pueden ponerle frenos al narco

Alberto Föhrig
Alberto Föhrig PARA LA NACION
Si las empresas evitan participar de operaciones sospechosas que ingresan dinero ilícito en la economía formal, le cortan el camino al crimen organizado y ayudan a impedir que se infiltre en la vida política e institucional
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26 de agosto de 2015  

Tradicionalmente, como tantos otros actores de la sociedad civil, los empresarios han considerado que los problemas de criminalidad organizada, en general, y del narcotráfico, en particular, deben ser resueltos exclusivamente por el Estado. Las iniciativas de hombres de negocios contra el negocio de la droga, cuando han existido, se limitaron a estrategias defensivas: aislamiento y seguridad privada.

Algunas experiencias de ciudades colombianas (Bogotá y Medellín) y mexicanas (Monterrey) muestran que luego de una primera etapa de estrategias defensivas e individuales, los empresarios decidieron ser parte de la solución y, para ello, reaccionaron en forma colectiva. En esos casos, lamentablemente, lo hicieron demasiado tarde, cuando sus instituciones habían sido capturadas por el narco con consecuencias sociales, políticas y de violencia gravísimas que sólo podrán ser subsanadas en décadas.

En la Argentina los empresarios, al igual que otros actores sociales con poder, están a tiempo de abandonar las estrategias defensivas e individuales para avanzar hacia otras preventivas y colectivas que eviten al país padecimientos mayores de los que ya tiene en esta materia.

¿Por qué el empresariado debería llevar adelante estrategias contra el crecimiento del narcotráfico?

En primer lugar, porque sus respuestas pueden evitar el aumento de la presencia narco. Un ejemplo simple: la ley de lavado de dinero requiere a una cantidad de actores privados, entre ellos, los escribanos y las inmobiliarias, reportar operaciones sospechosas de ingresar dinero ilícito en la economía formal. Si los sujetos obligados omiten preguntar el origen del dinero del comprador, es posible que en el corto plazo obtengan un beneficio económico individual. Sin embargo, en el largo plazo, generarán que en su actividad aumente la presencia y el poder del narco. El resultado, después de muchas decisiones individuales similares, es que ese sector va a estar tomado o colonizado por dinero sucio.

El dilema del dinero sucio es simple. Hay quienes todavía creen que el dinero estimula la economía con independencia de su origen. Sin embargo, está probado que el dinero sucio no sólo compra legitimidad en los sectores humildes, sino, sobre todo, en el mundo de los negocios ("¿Cómo no le voy a vender?, si no vendo yo, lo hace otro"; "a mí me sirven transacciones como ésta, salvé el año"). La criminalidad organizada obtiene así la tolerancia y, en algunos casos, la complicidad de sectores empresariales. De esta manera, también aumenta su capacidad de extorsión sobre quienes hicieron negocios con ellos.

Con cada transacción de lavado de dinero no reportada al Estado, la criminalidad organizada gana algo más de poder en el país. En el mediano plazo, se van generando condiciones para lo que Juan Gabriel Tokatlian llama la "pax mafiosa". Se hacen negocios y acuerdos implícitos con los narcos, mientras ellos garantizan grandes cantidades de dinero y no violencia. El detalle es que esta paz sólo se logra mientras se cumplan las reglas y condiciones que imponen los actores mafiosos. Paulatinamente, estas reglas sustituyen las del Estado democrático.

La segunda razón por la que los empresarios deben involucrarse es para proteger sus negocios. El narcotráfico no sólo intenta desplazar al Estado del monopolio de la violencia legítima, sino que también captura a los mercados lícitos en los cuales logra introducir sus ganancias. El crimen organizado aplica entonces sus modalidades delictivas –corrupción, violencia– en otros sectores de la economía. La minería en México, la actividad forestal en Perú, la construcción en muchos países de América latina son algunos de los sectores donde se verifica el paulatino reemplazo de empresas legítimas por las asociadas a la criminalidad organizada.

La tercera razón para verse involucrado es que los empresarios y sus familias suelen ser las primeras víctimas de la expansión del narco hacia otras modalidades delictivas, como la extorsión, el secuestro y los ajustes de cuentas. El crecimiento de homicidios de empresarios ligados al narco en la Argentina ha sido exponencial en los últimos dos años.

Cambiar una estrategia defensiva por una preventiva implica acciones en cuatro planos.

1. Acciones colectivas empresariales contra la criminalidad organizada. Para salir del dilema del prisionero ("si no lo hago yo, otro lo hará"), es imprescindible generar acuerdos empresariales sectoriales o regionales que sellen compromisos contra determinadas prácticas como, por ejemplo, hacer negocios con narcos. Estos acuerdos se sustentan en valores compartidos e intereses de mercado tendientes a la no expansión de la criminalidad organizada. Obviamente, hay sectores en los cuales es más fácil que en otros, pero la acción coordinada en sectores sensibles a la acción de la criminalidad organizada compuestos por pocos actores privados es prioritaria.

2. Producción de información. En muchos países, los empresarios, a través de las cámaras sectoriales, financian la producción de información sobre seguridad pública o bien apoyan actividades de incidencia en las comunidades donde operan, usualmente canalizadas a través de ONG, universidades o iglesias. Estas prácticas son aún incipientes en la Argentina. La información necesaria para actuar contra el narcotráfico es centralmente producida por el Estado. Sin embargo, un sistema de información confiable requiere que, junto con la información estatal, se produzca información desde la academia y la sociedad civil. De esta manera, se validan y cruzan resultados.

3. Financiamiento de la política. Si los empresarios financian en negro a la política generan las condiciones para que el narcotráfico también lo haga. Un sistema íntegramente bancarizado y transparente de financiamiento de la política disminuye las probabilidades del desembarco narco en el financiamiento de candidatos y partidos. El desafío es simple. ¿Cómo financiar a políticos honestos sin hacerlos cómplices de recibir aportes de manera no transparente?

4. Inversión en sectores intensivos en el uso de mano de obra. La inversión en proyectos intensivos en el uso de mano de obra, que brinden trabajo de calidad a jóvenes con bajos niveles de capacitación, quita un incentivo fundamental al reclutamiento de jóvenes por parte de bandas de narcotráfico. Un plan público-privado coordinado de fomento del empleo en estos sectores como la construcción, la metalmecánica y las industrias frigorífica, textil y la del calzado, puede resultar vital para el futuro del país.

Un país con altos niveles de consumo de drogas tiene un problema sanitario. Un país donde la criminalidad organizada vinculada a las drogas desarrolla actividades económicas tiene un problema de subsistencia de su sistema político y económico. Hoy la Argentina puede evitar el segundo escenario apelando a que sus empresarios formen parte de una estrategia integrada de lucha contra el narcotráfico.

Doctor en Ciencia Política, Universidad de Oxford; profesor e investigador, Universidad de San Andrés

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