Los fiscales y la corrupción

El anuncio del Poder Ejecutivo Nacional a través del vocero presidencial de que ordenó impulsar la creación de una fiscalía anticorrupción, sumado al encuentro del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con el procurador general sustituto de la Nación, Eduardo Casal, levantó una ola de protesta, como el comunicado que emitieron los procuradores generales de provincia de todo el país que se agrupan en el Consejo de Procuradores, Fiscales y Defensores.

Parece que lo central de la noticia está en que no se tenía a ciencia cierta un conocimiento preciso de la cantidad de organismos de investigación específica. No cansaré al lector con una enumeración de la cantidad de unidades o fiscalías federales, pero basta señalar el rol que hasta hoy desempeñó la Secretaría para la Investigación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos, o la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, creada hace más de sesenta años.

Hay que decir también que el enojo se debe a una falta de estadísticas en la materia. ¿Acaso alguien sabe cuántas causas se inician en el país y cuántas llegan a sentencia de condena? La primera acción que puede impulsar Cúneo Libarona desde su ministerio es que alguna de las oficinas a su disposición aglutine la información que seguramente se aportará desde las provincias. No hay diagnóstico posible en el marco de ninguna decisión de política criminal si no se cuenta con una estadística confiable.

Pero parece atinado aprovechar este reclamo del presidente Milei para plantear algunas propuestas proactivas que irán en la dirección de la intención presidencial. La primera y más urgente es extender el sistema acusatorio a todo el Sistema de Administración de Justicia Penal Federal. Esta decisión terminará con el código actual, que creó compartimientos estancos. Un fiscal de cámara no se entera del caso que le llega en apelación hasta que el sistema Lex 100 o Coirón no lo habilita desde la primera instancia. Es ridículo suponer que un fiscal general pueda leer 20.000 hojas en tres o cinco días por el solo hecho de que el sistema informático no se lo permite hacer antes, todo en el marco de la unidad que tiene el Ministerio Público Fiscal.

Hay dos propuestas que requieren de una ley: la del querellante y la ley de competencia federal para los casos de corrupción. La primera es simple. Hay que habilitar a todos: los que ejercen la primera magistratura en cualquier nivel, sea por modo directo o por poder delegado, y por qué no los legisladores nacionales provinciales y municipales. Que puedan intervenir como querellantes en las causas que denuncien este tipo de hechos. No solo deberían hacerlo por la representación ciudadana con la cual fueron investidos por sus electores, sino además porque les permitirá no quedarse en la mera denuncia y apelar o interponer todo tipo de recursos hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Claro que lo anterior exige un complemento como se utilizó en el pasado con la ley de narcotráfico. Debe establecerse por una norma federal especial –que no solo tipifique el tipo penal, sino también la norma procesal específica para investigar estos delitos– que todos los delitos que impliquen la afectación de fondos remitidos por la Nación en cualquier concepto desde su inicio –y casi diría desde la impresión del billete– y hasta la última rendición de cuentas del último municipio o comuna rural sean de competencia federal. Aun cuando son bienes jurídicos diferentes, la globalización y la circulación de los fondos en tal sentido tienen el mismo fundamento que el negocio de las drogas.

Cuando el Presidente estuvo hace un tiempo en Tucumán invitado por el think tank Federalismo y Libertad tuve la oportunidad de proponerle extender la precisión de sus conceptos económicos apoyados en la estadística a otros ámbitos. En el Sistema de Administración de Justicia Penal resulta fundamental para cualquier propuesta política.

Fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero

Por Antonio Gustavo Gómez

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