Los jueces deben dar la batalla

La Argentina es uno de los países que más se redujeron en las últimas décadas. Nuestro PBI per cápita, que era casi el de Estados Unidos, se pulverizó. El PBI total, antes superior al de Brasil, se hundió. Y caímos en nivel educativo, en seguridad y prácticamente en todo. Lo peor es que podemos seguir cayendo, si no cambiamos.

Esta autodestrucción tiene como principales responsables a quienes nos han gobernado, incluido el Poder Judicial. Porque no hay producción ni desarrollo sin normas claras interpretadas con sentido común por jueces independientes, lúcidos y firmes.

En el imaginario colectivo, el sistema judicial se dedica sólo a resolver conflictos entre particulares o con el gobierno. Pero los jueces tienen otra función clave: además de resolver peleas legales, complementan y perfeccionan las leyes dictadas por el Congreso y las legislaturas provinciales, así como las reglamentaciones y decisiones del Poder Ejecutivo y de los gobernadores.

¿Cómo? Primero, decidiendo si son constitucionales. Así se refuerza la vigencia de la Constitución, que no siempre es respetada por las leyes y otras normas de menor jerarquía. Los jueces pueden decidir cuáles son válidas y de esa forma, caso por caso, el edificio jurídico de un país se va construyendo de manera segura.

Segundo, y también fundamental, la Justicia debe hacer bien otra cosa: al interpretar las normas que nos rigen a todos, pule sus defectos y las hace mejores, más razonables y equilibradas.

No debemos olvidar que las leyes, decretos, reglamentaciones y actos concretos de los poderes Legislativo y Ejecutivo son, en definitiva, actos de hombres y mujeres que a veces se equivocan, actúan de manera incongruente, incomprensible o absurda e incluso pueden ser ilegales.

De esos defectos se deben ocupar los jueces, conformando lo que los abogados llamamos "la jurisprudencia", con la que todas esas reglas -leyes, decretos, etc.- se van mejorando, haciéndose más equilibradas, potenciando sus virtudes y disminuyendo sus defectos.

Por eso, es imprescindible restablecer la independencia de criterio de cada juez y del Poder Judicial como conjunto, para que recupere la aptitud y la actitud de poner límite a las normas inconstitucionales, o absurdas, o ilegales, o corruptas, que perjudican a personas, empresas y sectores en beneficio de unos pocos o a veces sin beneficiar a nadie.

La recuperación de la Argentina no sólo requiere un cambio político profundo. Si cambiamos en las próximas elecciones, los tres poderes del Estado deberán trabajar mucho, muy rápido y muy bien para restaurar un país que en su faz productiva está devastado, hasta en el sector agropecuario, al que no le bastó ser el más eficiente del mundo, frente a un gobierno que se dedicó primero a confiscarle su renta y después a destruirlo.

No habrá producción ni desarrollo con tantas leyes inconstitucionales o absurdas que deben ser cambiadas: las que fomentan la corrupción e impunidad; las que concretan un sistema impositivo confiscatorio; las que impiden la libertad de producir, exportar e importar; las que someten hasta nuestras decisiones más nimias a la aprobación de algún funcionario oficial; las que multiplicaron entes oficiales que, para justificarse, generan trámites que traban la actividad de quienes producen; las que fomentan el abolicionismo penal; las que retrasan aún más la educación? Los ejemplos son muchos, lamentablemente.

Los legisladores tendrán mucho para derogar y rehacer. El Poder Ejecutivo y los gobernadores deberán cambiar las reglas de gobierno que nos redujeron al estado actual. Y los jueces tienen que ser independientes. Con coraje, firmeza y afirmados en la Constitución, deberán asumir el rol que tienen como uno de los tres poderes del Estado.

Basta de excusas y de miedos.

Abogado, fue consejero de la Magistratura