Los viejos amigos de la Corte Suprema

Si se dice que la Corte Suprema y su presidente Horacio Rosatti pasaron a ser los enemigos públicos de cabecera de Cristina Kirchner, detestación empedernida, metódica, pertinaz que ya conocen -entre otros- el Grupo Clarín, el campo y Macri, alguien puede pensar que irrumpieron nuevos actores en escena. Que de manera inesperada brotaron unos jueces apátridas, que vaya uno a saber de dónde salieron.

Pero resulta que casi todos son viejos conocidos. Por no decir antiguos compinches. Pasó mucha agua bajo el puente y en estos asuntos el kirchnerismo es muy constante: sus enemigos siempre rotan, aunque los primitivos queden girando en segunda fila. No solo eso. Los enemigos de hoy, ayer nomás eran amigos. Tal vez valga la pena repasar el presente a la luz del pasado. Aquí, diez recuerdos ilustrados.

1) Si bien fue puesto en la Corte por Macri, Horacio Rosatti es un peronista clásico a quien Néstor Kirchner tuvo de ministro de Justicia. En su Santa Fe natal fue funcionario de Jorge Obeid. En 1995 llegó a intendente. Carlos Reutemann lo llevó al gobierno de la provincia. Precisamente en aquella ciudad, Santa Fe, el actual presidente de la Corte había sido compañero de bancada justicialista de los Kirchner en la Convención Constituyente de 1994. Quiere decir que este político y académico participó codo a codo con el joven matrimonio santacruceño de la reforma constitucional que creó el Consejo de la Magistratura por el que ahora se produce la confrontación neutrónica. En 2003 Kirchner lo nombró procurador del Tesoro de la Nación. Cuando cayó Gustavo Béliz, Rosatti ascendió a ministro de Justicia. El jefe de Gabinete era Alberto Fernández. En síntesis: no hay en la actual Corte alguien con mayor historia kirchnerista que el enemigo Rosatti.

2) El cordobés Juan Carlos Maqueda también tiene una gran trayectoria peronista, pero como está en la Corte desde 2002 no llegó a saberse si bajo el kirchnerismo hubiera aceptado un cargo. Ya en los setenta fue funcionario municipal en Córdoba capital. Delasotista, en la nueva democracia sería diputado provincial, diputado nacional, ministro provincial, senador nacional y hasta presidente provisional del Senado, cima que lo colocó como vicepresidente de hecho del presidente Duhalde (el peronismo seleccionó a Maqueda para suceder en 2002 a Ramón Puerta cuando éste se negó a presidir la asamblea legislativa que ungió presidente a Duhalde). A fin del mismo año Duhalde lo nombró en la Corte cuando renunció el juez Gustavo Bossert.

3) Ricardo Lorenzetti llegó a la Corte con perfil académico, sin adscripción partidaria ni antecedentes en el Poder Judicial, pero se probó políticamente hábil, al punto que se mantuvo once años como presidente del tribunal y lo hizo con un novedoso altísimo perfil. En esa categoría, aunque diferente estilo, le surgió un competidor, Rosatti, quien no sólo es de la misma provincia sino que tiene casi su misma edad y hasta habían compartido la autoría de un libro (hay que recordar que a la jura de Lorenzetti, en 2004, asistió representando a Néstor Kirchner el entonces ministro de Justicia: ¡Rosatti!). Por momentos Lorenzetti pareció cercano al kirchnerismo (por ejemplo, votó a favor de la constitucionalidad de la ley de medios) y por momentos, lejano (en 2013 se pronunció por la inconstitucionalidad de la nueva reforma pretendida por Cristina Kirchner para el Consejo de la Magistratura). Hay observadores tribunalicios que dicen que Lorenzetti, más que partidario de una corriente política tradicional, es “lorenzettista”.

4) Carlos Rosenkrantz, quien al ser elegido por Macri era rector de la Universidad de San Andrés, es el único miembro de la Corte vinculado a un sector político que no es el peronismo, pero no ocupó nunca un cargo ejecutivo ni en la Justicia antes de llegar la Corte. Fue asesor de Alfonsín, llevado al círculo presidencial por Carlos Nino en el marco del Consejo para la Consolidación de la Democracia, laboratorio de la reforma constitucional. El radicalismo, como se sabe, le canjeó a Menem la reelección consecutiva por una serie de reformas institucionales que supuestamente iban a mejorar la república, como el Consejo de la Magistratura. La reelección de Menem anduvo bárbaro (es decir, Menem consiguió quedarse diez años y medio), pero no se puede decir lo mismo del Consejo de la Magistratura, creado para despolitizar la designación de los jueces y administrar con justicia (con perdón de la redundancia) los premios y castigos de la Justicia, por el momento un ostensible fracaso.

5) Macri escribió en su libro Primer tiempo que se arrepintió de haberlo nombrado a Rosatti en la Corte porque “terminó fallando sistemáticamente en contra de las reformas y la modernización” que impulsaba el gobierno de Cambiemos, “favoreciendo así el statu quo populista”. Pero el mismo Rosatti es quien ahora aporta el cemento a uno de los diques de contención más contundentes que se le hayan puesto a Cristina Kirchner al impedirle el control del Consejo de la Magistratura, tarea -la de frenar las desmesuras de su antecesora- en la que Macri como presidente no se lució.

6) Después de que el año pasado renunció Elena Highton, la única mujer que quedaba, la Corte de cuatro (que deberían ser cinco) está, si es por simpatías partidarias, tres a uno (tres por el peronismo, uno por el radicalismo); por territorio, dos a dos (la mitad son santafecinos, y de la otra mitad, uno es porteño y otro cordobés) y por antigüedad, también dos a dos (dos nuevos, con poco más de cinco años, y dos viejos, Maqueda desde 2002 y Lorenzetti desde 2004). Uno de los nuevos, el enemigo de la hora, es quien ahora más poder tiene, porque se reparte entre dos presidencias, la del Consejo de la Magistratura y la de una Corte que no es cualquier Corte sino la que viene de destruirle a Cristina Kirchner una de sus preciadas criaturas, la ley que concibió e impuso con su proverbial abnegación en tiempos en que con su esposo estaban en el apogeo del poder concentrado.

7) El Consejo está poniendo en marcha lo que bien podría llamarse el modelo Rosatti, que debe mostrar su eficacia antes de que llegue noviembre, cuando se eligen consejeros. En este semestre alargado se verá si el Congreso consigue o no hacer una nueva ley del Consejo en reemplazo de la ley cristinista anulada.

8) La movida judicial puso a la vicepresidenta al borde de un ataque de nervios y llevó al kirchnerismo a descerrajar un muestrario no demasiado original de epítetos (probados antes con otros blancos) sobre el ex compañero Rosatti. La peor blasfemia fue el crecimiento súbito de este juez, vilipendiado con un argumento de orden ético, debido a que el trío que lo encumbró se constituyó con su propio voto. La ética, como se sabe, es fundamental para los kirchneristas, lo que no significa que detrás esté la preocupación por la solidificación, con sesgo anti K, de aquel trío, el que forman Rosetti, Maqueda y Rosencratz, es decir, todos menos Lorenzetti. Otra parte de la ira se enfocó en el plazo de 120 días que la Corte le dio en diciembre al Congreso para que hiciera una nueva ley. Prisa desoída no porque nuestros legisladores no puedan apurarse cuando quieren (han llegado a hornear leyes en horas, llevadas de una cámara a la otra calientes, a las corridas) sino porque el 14 de noviembre el electorado mandó encoger las bancadas oficialistas: solo con la primera minoría en el Senado ya no alcanza para legislar a gusto.

9) Si es por tiempos, la Corte se probó extremista. Al Congreso le dio cuatro meses para hacer una nueva ley pero para derogar la anterior se tomó ¡dieciseis años! Se ve que querían estar bien seguros de que fuera inconstitucional. Con un patrullaje de la constitucionalidad tan meticuloso se puede dormir tranquilo. Véase que si este año el Congreso logra una nueva ley, ya en 2038 se va a poder saber si está en condiciones constitucionales de uso.

10) Lástima que en 2006, cuando se debatía la ley de Cristina Kirchner, la Corte no advirtió los argumentos parlamentarios contra el desequilibrio que el achicamiento del Consejo, de 20 a 13 miembros, conllevaba, argumentos no muy distintos de los que en diciembre de 2021 haría suyos la sentencia de la Corte. En aquel momento no solo la oposición dijo hasta el cansancio que la ley era inconstitucional, también lo hicieron varias especialistas internacionales y organizaciones judiciales locales a las que el kirchnerismo, por supuesto, acusó de connivencia con la dictadura.

Por lo demás, ha quedado claro que los talles de las instituciones son una preocupación permanente de Cristina Kirchner. No sólo ella rebajó los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 y ahora, según la ley trunca aprobada por el Senado trató de que sean 17. En 2006 fulminó la Corte de 9 miembros y la llevó a 5, pero ahora los quiere subir, como había hecho Menem, para licuar a los que están.

No hay verdades. Hay momentos.